Se trata de unas 500 personas que se asentaron en proximidades del autódromo de Posadas y que fueron desplazadas en varias oportunidades. El Ejecutivo respondió a la solicitud de diputado Martín Sereno, que acompañó los pedidos de los vecinos. Construirán sus casas en terrenos adjudicados por sorteos.

Posadas (Miércoles 12 de octubre). En no más de 30 días, unas cien familia asentadas de manera precaria en proximidades del autódromo de Posadas serán reubicadas en predios de la ciudad, y serán beneficiadas con planes de pagos accesibles para comprar esos terrenos.
Desde el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) se comprometieron a entregar los terrenos ubicados en zonas urbanas con acceso a servicios y los beneficiarios aportarán la mano de obra para construir sus propias casas, además de gestionar también las conexiones domiciliarias de al menos la energía eléctrica y el agua potable.
Este acuerdo político surgió durante el encuentro entre el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad; el titular del Iprodha, Santiago Ros, la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, y los diputados Martín Sereno, Roberto Chas, Carlos Báez y Lucas Cácerez, junto a los directores de Planificación y Urbanismo, Manuel Meaurio; de Asuntos Jurídicos, Victoria Scheneider, y de la Unidad de Gestión Notarial, Ángel Castro, y el coordinador del Programa de Regulación y Espacios Públicos de la Municipalidad de Posadas, Jorge Atencio.
El diputado del Partido Agrario y Social (Pays), Martín Sereno, impulsó este acuerdo con el Gobierno de Misiones para llegar con una solución a esas familias de escasos recursos que acampan desde hace varias semanas en casillas y carpas precarias, sin servicios y con sumas necesidades, en un marco de extremas carencias.
Según el acuerdo, los lotes sociales que accederán los beneficiarios a través de la compra, estarán ubicados en zonas con al menos la infraestructura urbana básica con accesos a los servicios (electricidad y agua potable), transporte público, escolaridad, salud y seguridad.
El vicegobernador Herrera Ahuad es el representante de esta acción del Gobierno misionero. El acuerdo contempla que los beneficiarios accederán a terrenos de 180 metros cuadrados que serán pagados en cuotas mensuales y adjudicados por sorteo público ante escribano. El Iprodha tendrá a su cargo los proyectos de infraestructura y gestionará ante la Secretaría de Vivienda de la Nación, el financiamiento de las obras. Las familias adjudicadas construirán sus viviendas.
Además, previeron que un minucioso análisis de la composición del grupo familiar al que otorguen el beneficio, con el objeto de garantizar una justa aplicación de las adjudicaciones y evitar la intervención de personas u organizaciones que se valgan de situaciones de necesidad de terceros para beneficiarse en provecho de sus intereses especulativos, explicaron.

Reconocimiento al Gobierno
El diputado Martín Sereno rescató el acuerdo con el Gobierno que permitirá la solución para cien familias con necesidades extremas, que “deambulan buscando nada más y nada menos que un lugar para vivir. Es gente que fue excluida y expulsada, donde pocos tienen una fuente laboral ya sea en negro o de manera independiente y muy poquitos trabajan en blanco”, expresó.
Parte de estas cien familias fueron desalojadas de otros barrios y luego de los terrenos aledaños al autódromo de Posadas. “Cada vez que recibieron una intimación, acordaban dialogar con las autoridades y se retiraron sin causar disturbios, esperando que la provincia tenga voluntad de compra de algún terreno donde pudieran asentarse. No les quedó más que armar casillas y carpas en la avenida Cocomarola al sur, cerca del basural, de donde también fueron desplazados por la Municipalidad. Siempre se retiraron y se corrieron sin generar disturbios ni resistencia; siempre se mostraron dispuestos al diálogo y a algún acuerdo porque están en esa situación, sin otra salida”, explicó Sereno la semana pasada en la Comisión de la Legislatura provincial que trata los problemas de tierra de la provincia.
Sereno agradeció la gestión del vicegobernador Herrera Ahuad que acompañó al legislador a gestionar que unas 56 personas puedan permanecer en un galpón del barrio Porvenir 2 hasta que les entreguen los terrenos y agradeció, también, el trabajo del Ministerio de Derechos Humanos y de Salud Pública “-y no así de otros Ministerios a los que el tema debería preocuparles porque se trata de proteger garantizar los derechos de estas familias”-, dijo.
Explicó que unas 500 personas conforman estas cien familias donde el 40 por ciento son niños, un doce por ciento tienen capacidades diferentes y fueron excluidos “y a pesar de ello, el juez de Instrucción, César Yaya, ordenó echarlos hasta de la calle. Pedí a la Legislatura que los estamentos del Estado se hicieran responsables, que asuman su función, y que junto con el Poder Ejecutivo busquen un lugar donde pudieran resguardar a estas familias hasta que llegue la solución definitiva que necesitan”, dijo el Legislador, celebrando el principio de solución que reclamó.

Anuncios