Profunda reflexión del reconocido abogado del foro local Alfonso Arrechea sobre la modificación del régimen de las ART, decidida por Macri a través de un DNU. Afirma el abogado posadeño que  el decreto deroga doctrina de la Corte. Desde un abordaje político destaca el cinismo y el doble discurso de Macri y Carrió que, hicieron campaña en nombre de la república y ahora avasallan sus instituciones. Pero veamos la reflexión publicada en Facebook.

La “República” Macri-Carrio y el “decreto-fallo revocatorio”

La Carrio reclamaba defender la “República” en forma insistente y empalagosa. “Calidad Institucional” era la muletilla que se usaba para el reclamo.
El concepto de República como la concebimos hoy fue definido por Montesquieu en “El Espíritu de las Leyes”. No se vincula con la Democracia moderna, que supone el gobierno de la mayoría que eligen sus representantes por voto popular. República fue un concepto elaborado para que la monarquía tuviera un sistema más justo y estable. Consiste la República en que la cosa pública es gobernada por tres poderes independientes: el Príncipe (Ejecutivo), Legislativo y Judicial. El uno no interfiere en el otro y todos son recíprocamente controlados, se genera un juego de balances entre ellos.
En la República Argentina nos rige una Constitución, y ninguna Ley puede contrariarla.  La Corte Suprema que encabeza el Poder Judicial tiene la facultad de decir si una Ley es inconstitucional y ordenar que no se la aplique. El Poder Ejecutivo y el Legislativo, y todos los habitantes deben acatar los fallos de la Corte.
Bueno. Veamos cómo funciona la “Rapública Macri-Carrio”, según lo muestran con la reforma a la Ley de Riesgos de Trabajo.
Existía una Ley 9688 de Accidentes de Trabajo que otorgaba una indemnización tasada, y se podía optar por una acción civil indemnizatoria integral e ilimitada o por lo que se pruebe (no tasada). Hubieron dos reformas principales dentro del mismo esquema.
En el gobierno de Menem se dictó la Ley de Riesgos de Trabajo con el mismo argumento de acabar con la industria del juicio. La LRT sacaba la jurisdicción a los Jueces y se la daba a las Comisiones Médicas de AFJP luego Comisiones Médicas (CM) organismo del Poder Ejecutivo como los bomberos o “remonta y veterinaria”. El engendro fue una especie de ‘justicia administrativa’ que decidía no sólo sobre la lesión e incapacidad sino también sobre el nexo jurídico lo que es ajeno a la medicina. Estas CM tenían facultades enormes para dilatar el momento en que el pago de la indemnización sea exigible. Y el obrero tenía vedado el acceso a la Justicia hasta no agotar el trámite ante CM.
A un par de años de la vigencia de la LRT la Corte Suprema dictó el Fallo “Aquino, Isacio” que dijo que la LRT es inconstitucional en cuanto restrinja el acceso a la Justicia e impida una  indemnización integral, porque -consideró la Corte- el principio “alterum non laedere” o “no dañar a otro” está contenido en el artículo 19 de la CN y rige toda la vida de la sociedad. Ese fue el Fallo que debería ser obligatorio en el régimen republicano.
Ante esa situación que hace la “República de Macri-Carrio”? Se somete a la Corte?
No, para que? Dicta una nueva norma que vuelve a la concepción de LRT original -y agravada en perjuicio de los derechos del obrero-, concepción que la Corte dijo es inconstitucional. Mediante un Decreto pretende derogar a la doctrina de la Corte. No le gustó el fallo y hace un nuevo “Fallo mediante Decreto”. Una chanchada institucional.

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