Informe sobre las inversiones en obras públicas realizadas desde 1983  en Misiones descarta irregularidades. Fue elaborado por el Ejecutivo a solicitud del Parlamento que dio curso a inquietudes de las oposiciones. Hay más de 500 empresas contratadas.  El diputado Franco destacó el profundo sustento democrático en las políticas anti-concentración de la Renovación y en la decisión de destinar el 34% de los recursos del Estado a infraestructura.

Posadas (jueves, 18 de mayo) Se conoció hoy el Informe Final del análisis de la inversión en obras públicas realizadas en la provincia desde 1984 y hasta 2016, sin que aparezcan irregularidades ni en las licitaciones ni en los procesos de construcción. El informe es lapidario. Cierra cualquier especulación ya que es un antecedente concreto para desalentar judicialmente las habituales denuncias de corrupción que se realizan con la liviandad de las campañas electorales, pero que han demonizado la obra pública.
Por esta razón, quizá, antes de entrar en asuntos contables, el Informe Final, se encuadra en una presentación sobre los efectos de la obra pública en las sociedades ya que son las inversiones en infraestructura a la vez que generan trabajo directo y dan sustentabilidad a las empresas, de construcción y de insumos como el cemento, la madera y el aluminio.
El Trabajo conocido hoy consta de 72 fojas que dan respuestas a pedidos de informe presentados por diputados de las oposiciones y fue distribuido en la Comisión de Obras que preside Orlando Franco. “Es un libro”, destacó el diputado Marcelo Rodríguez para alabar el trabajo que, observó, no sólo abunda en datos cualitativos sino que tiene un marco conceptual para valorar las inversiones en infraestructura y no disimula su abordaje político.  Mientras, los diputados Hugo Escalada y Martín Sereno se lamentaban de las limitaciones a la información ya que desde la Entidad Binacional Yacyretá no dieron curso a los pedidos de información.

Los pedidos de informe

Pero yendo por partes, el Informe que fue elaborado por un equipo técnico coordinado por el doctor José Garzón Maceda es una respuesta del Poder Ejecutivo a un pedido de informes sancionado por la Cámara de Representantes el año pasado. En la Comisión de Obras,  se trataron  el año pasado varios proyectos que cobraron estado parlamentario, entre ellos del Gustavo González de la UCR que limitaba el pedido al período desde el 2003, y dos de Hugo Escalada y María Losada de Vanguardia Radical, que por un lado ampliaban el pedido de información a las obras realizadas desde 1983 y otro que se refiere específicamente en las que estuvieron involucradas las empresas del Grupo Macri. Fue a sugerencia del presidente de la Comisión, que los pedidos se unificaron en un solo dictamen que fue después aprobado por unanimidad en el recinto.
Se pidió informes en “relación de todas las obras públicas cuya ejecución haya sido encomendada a terceros, indicando modalidad de contratación, fechas de apertura de las licitaciones o concursos de precios o cualquier otra forma de selección de los oferentes y respectivas fechas de adjudicación; monto total por las que fueron adjudicadas y monto de cada una de las ofertas formuladas, como asimismo los funcionarios públicos electivos o técnicos que intervinieron en los actos administrativos correspondientes a las respectivas contrataciones”. Se pidió además, la “nómina de proveedores de bienes y servicios del Estado Provincial y contratos que hayan celebrado desde el año 1983 hasta la fecha indicando los funcionarios públicos, cualquiera sea su rango, que hayan intervenido en los correspondientes procedimientos de selección y adjudicación”.

Las Obras como sustento democrático

El diputado Franco destacó hoy varios aspectos relacionados con los pedidos de informe, el curso que se les dio y el contenido del trabajo que hizo el Poder Ejecutivo.
Como vicepresidente de la Cámara, Franco hizo hincapié en la actitud política que existe en las comisiones, por expresas disposiciones de la Presidencia, de no ocultar nada y canalizar las inquietudes de los diputados, no sólo de las oposiciones. Esa disposición institucionaliza las denuncias de los legisladores que, es cierto muchas veces confunden el resorte parlamentario de pedir informes con un acto de condena. Es una vieja práctica muy habitual en el estilo de la UCR o Carrió de denunciar y juzgar al mismo tiempo utilizando el pedido de informes como una acusación. Con el Informe Final elaborado por el Ejecutivo que demandó un trabajo monumental porque hubo que revisar expedientes desde diciembre de 1983, esa táctica “denuncista” tiene menos sustento.
Rescató también Franco cuatro ejes fundamentales del Informe que pone en evidencia la doctrina renovadora aplicada en la realización de la obra pública. Desde esta perspectiva, Franco tiene una trayectoria que autoriza su palabra, fue intendente de Posadas, presidente de Vialidad y responsable de la Unidad Ejecutora del Gobierno.  Hizo notar que de los 32 años analizados, se advierte que ya desde el primer mandato de Rovira, hace 16 años, las inversiones en obras públicas se llevaron al 34% del presupuesto general de la provincia. Mencionó no sólo rutas y viviendas, sino también escuelas, centros de salud y electrificación rural. En ese período iniciado con el Siglo se pusieron en práctica 7 mil obras y en un proceso inverso a lo que sucedió en el orden nacional y otros distritos, aquí en Misiones, no hubo concentración de capital en las adjudicaciones ya que se logró que las empresas adjudicatarias ascendieran a 525. “hay un profundo sentido democrático en la decisión de abrir el juego a las empresas misioneras no tradicionales”, sostuvo Franco al analizar con nuestros periodistas el sentido político del Informe.
Relativizó después el hecho de que Contaduría General de la Provincia no haya dado respuestas al pedido de informes. Los datos abundan entre organismos que cruzaron la información, entre los que están el Ministerio de Obras de la Nación. En la provincia El Tribunal de Cuentas, la USCEEP, la UEP, subsecretarías y direcciones generales, además de entes descentralizados y la Fiscalía de Estado.

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