La diputada Duarte pide que la Comisión de Prevención de la Tortura informe cómo están los presos inimputables de Loreto que serán trasladados al Carrillo. Y requiere información sobre la adecuación del nuevo lugar, para garantizar el respeto a los derechos humanos y a la legislación sobre salud mental.

Posadas (miércoles 14 de junio). El proyecto de Comunicación de la diputada Myriam Duarte a través del cual solicita que la Comisión de Prevención de la tortura informe sobre la situación en que se encuentran los presos inimputables alojados en dependencias del Penal de Loreto obtuvo dictamen favorable este martes en la comisión de Asuntos Constitucionales, de los Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político de la Legislatura misionera.
En ese sentido, solicita que informe sobre cuáles son los pasos a seguir para el traslado de los detenidos al hospital Ramón Carrillo (detalles del cronograma previsto) y de qué modo garantizan la vigencia y el respeto a los derechos humanos, a la legislación vigente en cuanto a salud mental, condiciones de detención y acceso a tratamiento por parte de los pacientes, sobre todo cuáles son las previsiones en este sentido, después de los traslados.
La Comunicación también requiere que la Comisión de Prevención de la Tortura arbitre la implementación de una instancia diagnóstica completa tanto psiquiátrica como clínica para cada paciente inimputable para garantizar que el tratamiento que reciban luego del traslado sea el adecuado para cada patología, como también que el grado de libertad ambulatoria del que puedan gozar se encuentre acorde a su condición, es decir que no se los prive arbitrariamente de sus derechos esenciales.

“La situación actual es insostenible”

En los fundamentos del proyecto, la diputada Duarte explica que el pedido se hace a partir de la información que da cuenta de los traslados desde el penal de Loreto al hospital Carrilo, de Posadas, de los presos inimputables. Por un lado celebra que el Ejecutivo resuelva esta situación “que era insostenible desde lo legal, lo sanitario y sobre todo desde el respeto de los derechos humanos porque las personas inimputables no deben estar alojadas bajo un régimen penitenciario” pero también preocupada porque el hospital Carrillo “no está en condiciones de recibirlos y por lo tanto es necesario que la Comisión constate las condiciones edilicias aptas pero también, que cuente con el personal idóneo para su tratamiento”.
Duarte recordó, en ese sentido, las propias palabras del vicegobernador Oscar Herrera Ahuad sobre el pabellón de inimputables, que cerró en 2014: “Se cerró la terrible, tremenda unidad carcelaria que teníamos en el hospital de salud mental Carrillo; ustedes saben que la solución para los pacientes que tenían problemas psiquiátricos muy complejos, con alta violencia y agresividad, era llevarlos literalmente a una celda, encerrados con llave, sin nada, desnudos; la comida se les pasaba por debajo de la puerta; era tremendo, atentaba contra la dignidad humana”, expresó en su momento.
El proyecto de Duarte pide condiciones de vida dignas para los inimputables, tanto antes del traslado como después y recuerda que pide este informe a la Comisión porque esta tiene entre sus funciones informar sobre las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de su libertad.
Según la información, el traslado afectaría a unas 50 personas que no pueden tener una condena porque padecen trastornos psíquicos, por los cuales algunos de ellos no fueron conscientes de sus actos y su criminalidad, y que están “alojados en condiciones que no condicen” con distintas normas, como lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, de 2010, que plantea que el Estado debe garantizarles el pleno goce de los derechos humanos, atención sanitaria y social integral y humanizada, para asegurar la recuperación y preservación de su salud, sin considerar al padecimiento mental como un estado inmodificable.
En ese sentido, el proyecto reclama la vigencia de estas atenciones tanto en su detención actual, dentro del penal de Loreto, como en el nuevo alojamiento, ya que existen denuncias de “hacinamiento, precarización laboral y escasez de personal, con solo nueve enfermeros para atender a más de cuarenta pacientes”, con el riesgo que implica la presencia de personas que han cometido actos violentos.
Para el alojamiento en el hospital, el informe pregunta cómo garantizarán la seguridad del personal y los demás pacientes, “sin obligarlos a convivir en un régimen carcelario” que atentaría contra el sistema de puertas abiertas de este hospital. “Volver a instalar un pabellón de inimputables en el Hospital es un grave retroceso para los trabajadores, que afectará las condiciones de vida de los pacientes que se atienden en él y que extenderá la lógica carcelaria a todo el lugar. Entonces nos preguntamos cómo es que se garantizará lo establecido por la legislación referido a la atención” y, además, sobre las condiciones edilicias que garanticen la seguridad de las personas.
Duarte también expresa que no puede repetirse el caso Melo, “ampliamente conocido en el poder judicial y en el servicio penitenciario. Este caso, pone en evidencia que es el servicio penitenciario quien ha demostrado un compromiso y humanidad con la situación de un detenido, promoviendo la acción de distintos organismos del Estado, a fin de resolver la situación a todas luces injusta de la que es víctima un joven sordo, erróneamente diagnosticado como oligofrénico, y acusado de un delito grave, que lleva más de 10 años detenido y que recién al cuarto año de su detención pudo tomar conocimiento de la causa de la misma”.
Esa situación cuestiona “la forma en que elaboraron los informes médicos que han llevado quizá a otros detenidos a ser diagnosticados con padecimientos mentales que no les eran propios, o que no eran los correctos” y en tal sentido pide que el Estado se ocupe “de los delicados asuntos que entraña la cuestión de la salud mental en el ámbito penal, comprometiéndonos para ello en todas las acciones que desde este Poder colaboren en el desarrollo armónico entre cuestión penal y derechos humanos en Misiones, que viene llevando adelante ingentes esfuerzos en este sentido”, concluye.

 

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