Diputados exhortó al poder Judicial a revisar la causa de un joven sordo, declarado inimputable, que tiene “todos sus derechos vulnerados” según denunció la diputada Myriam Duarte. Y advierte que “la independencia de poderes de ninguna manera significa que cada uno hace lo que quiere” y que interviene desde la Legislatura porque la provincia tiene un mismo ordenamiento procesal para todos. Hugo Escalada, por su parte, entiende que la situación amerita el juicio político del Juez que no resuelve esta situación.

 

Posadas (Viernes 15 de septiembre). La Legislatura misionera aprobó este jueves el proyecto de Comunicación de la diputada Myriam Duarte que solicita al Poder Judicial que revise de manera urgente la causa de José Daniel Melo, detenido irregular, con el objeto de lograr su inmediata libertad ya que, entiende, el detenido tiene sus derechos vulnerados por distintas acciones irregulares ocasionadas desde el Estado.
La lectura de los fundamentos del proyecto sacudió la tranquilidad de la sesión de este jueves. Entre los diputados que intervinieron para acompañar el proyecto, el legislador Hugo Escalada dijo que hacía mucho tiempo que no escuchaba “una serie de violaciones de derechos tan grande de parte del poder judicial, un poder sumamente cuestionado y con un fuerte blindaje mediático” y consideró que el caso expuesto por Duarte amerita el juicio político al juez que entiende en la causa de José Daniel Melo, un joven detenido hace más de diez años, cuando era “menor de edad, iletrado, sordo e imposibilitado absolutamente de comunicarse con el mundo”.
La comunicación aprobada este jueves pide que se revisen “todas las actuaciones de las que haya formado parte en calidad de perito, la perito forense psiquiatra Norma Acosta, quien diagnosticó oligofrenia justamente en “un menor de edad, iletrado, sordo e imposibilitado absolutamente de comunicarse con el mundo”.
Duarte aseguró sentirse dolida, indignada y avergonzada por la estructura burocrática “capaz de someter a semejante sufrimiento a un ser humano que concita en sí todas las vulnerabilidades posibles” y resaltó la intervención y el seguimiento de este caso de parte del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia y de la Comisión de Lucha Contra la Tortura de Misiones que analizan expedirse a través de un comunicado conjunto.

El caso del joven José Daniel Melo

En los fundamentos del proyecto, la diputada Duarte expone con crudeza la situación que motivó la presentación del proyecto de Comunicación. El documento expresa de manera textual:
José Daniel Melo nació sin audición. Vivía en Jardín América, con su madre, padrastro y hermanita de 6 años. Salía con la madre habitualmente a vender chipas. Un día, a sus 9 años, José desaparece. Su madre lo busca insistentemente, espera que vuelva, hace denuncias, y todo lo que estuviera a su alcance para encontrar a su hijo, cosa que nunca ocurre.
Seis años más tarde, esta madre ve en la televisión a su hijo, en noticieros, y se entera de que estaba vivo, en Posadas, y preso. Esta mujer no duda un instante, teniendo en cuenta las características de su personalidad. De excelente convivencia familiar, y en el barrio, donde era sumamente querido, y nunca tuvo ningún tipo de contratiempo ni problema de ninguna clase, ella estaba segura de que su hijo era inocente.
José fue denunciado, supuestamente, por un menor de 8 años, de haberlo golpeado y violado. En ese entonces el acusado tenía 15 años, en el año 2007, como bien lo expresa el número de expediente citado.
El niño era completamente sordo, analfabeto, y no tuvo el tiempo ni la posibilidad de aprender lengua de señas cuando fue sustraído de su familia, razón por la cual no tenía manera de comunicarse con las personas a su alrededor, sólo sabía comunicarse con su madre y su hermanita, por esa comunicación maravillosa que sólo puede dar el amor.
Aún en estas condiciones, es decir, absolutamente imposibilitado de comunicarse, fue diagnosticado como oligofrénico por la perito forense que interviene en el expediente. Es menester indagar en base a qué estudios clínicos y después de cuántas entrevistas se arriba a este diagnóstico. Si se contó con algún tipo de auxiliares que facilitaran la comunicación, que para el caso no serían intérpretes de lengua de señas ya que el acusado, a quien llamaré víctima, las desconocía completamente.
Una vez diagnosticado como oligofrénico, se lo dictaminó inimputable. Estamos hablando entonces de un menor de edad, discapacitado auditivo, y además diagnosticado con un cuadro de salud mental, por el que además la madre, que apenas toma conocimiento de la situación se llega hasta posadas para hacer la presentación correspondiente ante el juez de menores, pide por él, explicando de manera contundente que estaba absolutamente segura de que su hijo era inocente y que quería llevárselo con ella… y sin embargo diez años después sigue preso.
José es detenido a sus quince años. Es mal diagnosticado como oligofrénico, y declarado inimputable, a sus 16. Sin embargo y a pesar de los ruegos de su madre, cumplió sus 18 en el “penal de menores”. Y por supuesto, fue luego trasladado a la Unidad Penal VI. Su madre siguió pidiendo por él, hasta su fallecimiento en el año 2012.
Una vez cumplida la mayoría de edad, la causa pasa a manos del juzgado de Instrucción Penal 2, donde permanece en etapa de instrucción hasta el día de hoy.
José no sabe quién es su abogado defensor, de hecho la carátula del expediente interno del SPP, en el renglón que corresponde a la información del defensor, la línea punteada se encuentra en blanco.
Es conmovedor ver la cantidad de solicitudes enviadas desde el Servicio Penitenciario, sus distintos responsables a lo largo de todos estos años, que han solicitado, en algunos casos por medio de oficios, en otros casos en papeles manuscritos, explicándole al señor juez que no hay en el servicio penitenciario profesionales como los que requiere el tratamiento del problema de José, que debería estar en otro lado, que las condiciones edilicias tampoco son adecuadas y que habitualmente deben resguardarlo de otros detenidos. Indirectamente están pidiendo insistentemente al juez que lo saquen de ahí.
He podido leer también los informes del personal del SPP de evaluación conductual que se hace periódicamente de los detenidos, para determinar sus condiciones de convivencia. Son todos impecables. Se deja muy claro que José se aísla, pasa mucho tiempo solo, y que no ha generado ni tenido nunca conflictos ni con los internos ni con el personal. ¿Puede ser que una persona oligofrénica, en el transcurso de diez años no tenga un solo episodio que lo evidencie? ¿Aún en las condiciones que implica estar injustamente en una cárcel, totalmente abandonado de la mano de los hombres que deben velar por sus derechos (y los de todos)?
Claramente se trata de un diagnóstico erróneo. Pero con o sin oligofrenia, ya no importa siquiera si fue culpable o no. Hablamos de una causa que está desde hace 10 años en etapa de instrucción. Hablamos de que el acusado en el momento de la acusación era un menor de edad, que además fue declarado inimputable. Hablamos de que nunca tuvo derecho a la debida defensa. Hablamos de denegación de justicia, de retardo de justicia. Hablamos de vulneración absoluta y total de sus derechos más básicos, como niño discapacitado en situación de extrema vulnerabilidad, que muy lejos de haber sido protegido, y tutelados sus derechos, ha sido vejado judicial y administrativamente por la incapacidad de empatizar, de ponerse en el lugar del otro, de actores del poder judicial que solamente se han ocupado de punibilizar, sancionar, castigar… pero que no han incluido dentro de la órbita de sus obligaciones la garantía de los derechos constitucionales de los hombres mujeres y niños de esta provincia.
No olvidemos que José fue sustraído de su seno familiar, que no sabemos hoy qué fue de él entre sus 9 y sus 15 años, pero sin dudas no habrá sido una vida fácil. Y cuando llega el Estado a su vida, llega solamente para garantizar que todos sus derechos sean fieramente aplastados.
José ha visto en el transcurso de estos años, entrar y salir a decenas de criminales violentos, peligrosos, algunos sin purgar condena, otros condenados y purgadas sus condenas, entran y salen mientras él no ha tenido siquiera derecho a juicio. Obviamente es comprensible su enojo y decepción con el mundo, con todos los agentes del Estado que se han acercado a él ofreciéndole ayuda, entre quienes se encuentran el Ministerio de Derechos Humanos y la Comisión de Prevención de la Tortura. Ya no espera nada de nadie.
El Servicio Penitenciario Provincial, le ofreció para la última navidad, llevarlo a Jardín América para que, en una celda, pudiera pasar la navidad con su familia. Él se negó rotundamente. Su hermanita, hoy de 16 años, que también pide por la restitución de su hermano, le ofrece llevarle un televisor, o lo que él necesite para estar mejor. Y él se niega. No quiere una celda más cómoda. Quiere su libertad. Una dignidad a todas luces ejemplo para los indignos que lo mantienen en esta situación vergonzosa y vergonzante desde hace tantos años.
En el año 2.015 se inició en el juzgado de familia 1, un expediente por incapacidad, que lleva el nro. 37401/15. Hoy el juez a cargo de la causa penal, no lo libera porque aduce necesitar la sentencia por incapacidad. Una nueva indignidad. José no es incapaz. Es sordo.
Como con todo derecho piensa él, se trata simplemente de escollos administrativos que tiene por objeto dilatar esta situación, para no reconocer que todos quienes tuvieron responsabilidades en el expediente penal, actuaron de manera incorrecta, o no actuaron.
Desde el juez de menores que recibió la causa, y siendo un niño con declaración de inimputabilidad, con una madre rogando por su hijo, lo mantuvo preso durante 3 años. ¿cuántos menores de edad permanecen 3 años presos por una violación? ¿no se considera que un niño con prácticas sexuales es claramente un niño que ha sido víctima? ¿no se ha preguntado nadie qué pudo pasar antes con ese niño, sordo y analfabeto, y solo en el mundo al momento de entrar en la picadora de carne que es el sistema penal? ¿dónde estuvieron sus defensores a lo largo de 3 años como menor, y luego 7 años más como adulto detenido por una supuesta infracción cometida a los 15 años? ¿y sin juicio? ¿sin posibilidad de defenderse?
En el transcurso de los últimos dos años, otros actores del Estado entraron en escena, tomaron el caso, comenzaron a visitarlo en el penal, y están interactuando con el juzgado y con todos quienes tienen algún rol en esta indignante situación. Le han prometido ayudarlo, y me consta que han hecho todo cuanto estuvo en sus manos para sacarlo de allí, donde no debe estar un solo día más. Integrantes del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, así como de la Comisión de Prevención de la tortura, están en permanente contacto con la causa, con su víctima y sus victimarios.
No hay ningún argumento legal ni administrativo que avale su encierro, teniendo en cuenta todo lo que el Estado, y particularmente el poder judicial misionero le debemos a este joven que no implique cambiar de manera directa de posición: uno afuera y los otros adentro. Nadie va a devolverle los años de vida dentro de estas instituciones, nadie va a devolverle jamás los años de lucha y tristeza de su madre, y el no haber podido compartir con ella sus últimos días. No hay forma ya en que alguna vez el Estado pueda pagar la condena que le cabe por haber vulnerado de manera tan atroz todos y cada uno de sus derechos. Ni siquiera podemos pedir un indulto al señor gobernador, porque José no tiene condena.
Quiero destacar, sin embargo, ante semejante tristeza y desazón, el rol dignísimo y loable que ha tenido en esta triste historia el personal del Servicio Penitenciario Provincia. Siempre muy exigente yo con el rol de las fuerzas represivas del Estado, que como digo siempre, son las personas habilitadas por el Estado a portar armar en defensa de la integridad y seguridad de sus conciudadanos, de allí la gravedad de cualquier incumplimiento o exceso en sus funciones. Sin embargo, en este caso, ninguno de quienes tomamos contacto con la causa de José Daniel Melo, estaríamos luchando a brazo partido por su libertad como lo estamos haciendo, si no fuera por la conducta excelente y sostenida en el tiempo de todos quienes han tenido responsabilidades institucionales en el penal. Han hecho lo posible por dar cuenta en sus informes de que José tenía una conducta intachable, en absoluto conflictiva, para convencer al juez de que no debía estar ahí. Ha solicitado expresamente de manera reiterada, que ese lugar no tiene las condiciones para que Melo viva allí. Y han alertado a todos los demás actores del Estado con un claro mensaje “por favor hagan algo, este chico no puede seguir acá”. Es así que quiero dejar expresamente de manifiesto mi orgullo por el accionar de estas personas y hacerles llegar mi agradecimiento y reconocimiento.
Considero, señores diputados, que todos somos plenamente conscientes de las responsabilidades y obligaciones que nos confiere el hecho de estar ocupando una banca como representantes del pueblo. Y que sabemos por lo tanto que la dignidad con que ejerzamos el cargo, tiene directa relación con los efectos de nuestro accionar en el ejercicio de nuestras funciones, para con los ciudadanos de esta bendita provincia. Sabemos también que en muchos temas podemos diferir en las perspectivas ideológicas, o en los criterios de aplicación de alguna norma, de acuerdo a diferentes miradas que tienen un trasfondo en la filosofía que impulsa nuestro pensamiento. Pero no tengo dudas de que en materia de derechos humanos, habrá coincidencia plena en la necesidad de revisar este caso, y de que José recupere su tan anhelada libertad, que es su derecho, y que es nuestro deber como representantes del pueblo.
Insisto en decir que la independencia de poderes de ninguna manera significa que cada uno hace lo que quiere. Independencia de poderes significa que no existan vinculaciones que obnubilen la mirada o la sesguen cuando se trata de analizar el accionar de cualquier funcionario público, de carácter electivo o no, de cualquiera de los poderes del Estado, para garantizar el correcto desempeño de nuestras funciones. Vivimos todos en el mismo país y bajo un mismo ordenamiento jurídico. En este caso, en una provincia con un mismo ordenamiento procesal.
Y en este año, en que esta cámara declama su mirada sobre la discapacidad por una sociedad inclusiva e integrada, no podemos permitir que nuestro año de la discapacidad, pase sin pena ni gloria, legitimando la situación de un discapacitado en semejante estado de vulneración de derechos.

 

Anuncios