El estado misionero no elimina ingresos brutos a las exportaciones tal como se anunció ayer después de una reunión de la llamada Mesa Forestal con el presidente de la República, sencillamente porque nunca gravó las exportaciones. Hay un equívoco en la información que trasciende lo semántico y oculta la ideología. La ley para ratificar el Pacto Fiscal sería debatida después del 10 de diciembre.

Posadas (Miércoles, 22 de noviembre) El estado misionero no elimina ingresos brutos a las exportaciones tal como se anunció ayer después de una reunión de la llamada Mesa Forestal con el presidente de la República, sencillamente porque nunca gravó las exportaciones. Se informó que “Misiones eliminará los Ingresos Brutos a las exportaciones de madera en el 2018.”
Y la reducción del gravamen será progresiva para la pasta celulósica”. Dicho así es impreciso. Y no es una cuestión meramente semántica sino que tiene un trasfondo de política económica y concepción del rol que debe cumplir el Estado en la sociedad moderna.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en mayo de 2009 rechazó el pedido de inconstitucionalidad sobre una resolución de la DGR que, las papeleras instaladas en Misiones interpretaban, gravaba las exportaciones. La Corte en ese fallo y en otros cuatro fallos inéditos devuelve a las provincias las potestades originarias. Además en los fallos sostiene que la producción de un bien es un acto indivisible, independientemente del destino final de su comercialización en góndola argentina o una góndola extranjera. Es decir que el hecho imponible del tributo constituye el ejercicio habitual de una actividad local y su base imponible es sobre el cien por ciento. Es decir que la imposición de ingresos brutos nunca se aplicó al comercio internacional en sí mismo, sino sobre la actividad desarrollada en el ámbito de la provincia.
¿Qué se anunció ayer entonces en la Mesa Forestal ya que no se puede eliminar lo que no existe?
Hay dos posibilidades técnicas. La primera restringir la base imponible sobre las ventas internas sin computar las exportaciones, o establecer un mecanismo de reintegros tal como existe con el IVA.
El anuncio que cobró hoy dimensión titular en los medios, se refiere a una interpretación ideologizada en defensa del Capital que aquí y en cualquier lugar del mundo siempre se queja de los impuestos con la figura de “presión fiscal”. Es la misma lectura más que sesgada, manipulada, sobre el fallo de la Corte contra Santa Fe y Córdoba resolviendo la inconstitucionalidad de establecer alícuotas diferenciadas en los IIBB entre contribuyentes con asiento en las respectivas provincias e detrimento de otras extraterritoriales. Aquí se vendió como un fallo contra esa figura propagandística que denominan “aduana interna” que forma parte de la resistencia de los que más tienen en pagar impuestos. Los controles fiscales en las rutas y el pago a cuenta no son de la misma naturaleza. Tan es así que el modelo de Misiones, tan criticado fue replicado en otras provincias, como las gobernadas por la UCR en Corrientes y Jujuy, además de otras como Chaco.
También hay que diferenciar entre “eliminación” de un impuesto a bajar la alícuota de ese impuesto. Puede llegar a cero, pero no eliminarse. Desde que gobierna la Renovación en la provincia, la producción primaria tiene un gravamen de valor cero. No lo grava, pero la existencia del impuesto permanece y es decisión de la política económica fijar la alícuota.
De todos modos, en el Pacto Fiscal, firmado por los gobernadores con el Presidente en la Casa Rosada, se asume el compromiso de ir disminuyendo las alícuotas de los ingresos brutos sobre la producción. Y otra vez, bajar las alícuotas no es eliminar.
Hoy el rubro de la madera tiene una carga del 3,5% y la pasta celulósica entre 6% y 7%. Son recursos que ingresan al Tesoro Provincial. Su magnitud se puede calcular en base a datos del IPEC. La pasta celulósica entre enero y agosto de este año exportó por 90.580.438,67 dólares. Es el producto que más vende Misiones. En el período representó un 32,4% del total de exportaciones. Respecto al mismo período de 2016, mostró un incremento en monto y volumen físico del 17,4% y 33,6% respectivamente. Es decir que la existencia de la carga tributaria provincial no puede computarse como dato central para la competitividad.
En tanto, el Instituto incluye a la madera en el rubro otros de manufactura de origen industrial, que entre enero y agosto de este año exportó por 4.057.752 de dólares, lo que representa un incremento del 30,9% con respecto a los 2.693.819,17 dólares del mismo período del año anterior.

Adelantos de la letra chica

El Pacto Fiscal firmado el jueves 16 tuvo distintas interpretaciones y para muchos remiten a los pactos que impuso Cavallo en los 90 cuando las provincias enajenaron atribuciones constitucionales. La sola presencia de Hugo Passalacqua en la conferencia de prensa después del acto que calificó de histórico traduce la diferente naturaleza de los acuerdos. El Gobernador valoró fundamentalmente la “atmósfera de diálogo y consenso”, que consideró “supera al propio acuerdo”. Y adelantó que “queda mucho por recorrer sobre otros acuerdos más bilaterales porque ahora se abre un camino de consensos para trabajar por años, apostando siempre al diálogo”.
De todos modos, el Pacto demanda todavía la sanción de una ley provincial. De acuerdo con informaciones de la Cámara e Representantes, el proyecto que girará el Ejecutivo tendría estado parlamentario recién para ser debatido después del 10 de diciembre, lo que adelanta que habrá extraordinarias en la semana siguiente.
Aunque no se divulgó todavía la letra fina, de acuerdo con deslizamientos extraoficiales., se puede adelantar que en lo referente a los impuestos provinciales, se asumió el compromiso de disminuirlos por el equivalente al 1,5 por ciento del PBI en cinco años. Para Ingresos Brutos, se establece un cronograma de reducciones hacia 2022 según la actividad. Por ejemplo, las mineras tendrán un 1,5 el año próximo, 0,75 en 2019 y a partir de 2020 quedarán exentas. En cambio, la telefonía celular podrá tributar hasta un 7 por ciento el año que viene y bajará a un 5 por ciento en 2022. El acuerdo prevé desgravar inmediatamente los ingresos a las actividades productivas que exportan bienes, como los rubros de celulosa y madera. El sur logró exceptuar las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios. En tanto, el impuesto de sellos se reducirá a 0,75 por ciento en 2019, a 0,5 en 2020, a 0,25 en 2021 y se eliminará en 2022.

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