Emsa no cortará el suministro de luz a los usuarios que reclamen y no puedan pagar hasta que se regularicen los costos informa el Defensor del Pueblo después de una reunión con el presidente del directorio. También la ministra de Derechos Humanos hace referencia a las respuestas por la inquietud de los vecinos y a la conformación de una mesa interinstitucional

Posadas (Martes, 23 de enero) A través de sus muros en Facebook, la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini y el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo informan de la conformación de una mesa interinstitucional para tratar las demandas de los vecinos por el costo del servicio que presta Electricidad de Misiones.
Dice Marchesini: “Nos reunimos en la Defensoría del Pueblo Alberto Penayo Beto Misionero con autoridades de Emsa Guillermo Aicheler y su equipo, Diputados Roque Gervasoni Carlos Gorin y Martin Sereno llevando la preocupación de los usuarios por las facturaciones y el servicio. Se revisarán los reclamos y se mejorará la toma de estado. Por otra parte el Presidente de Emsa planteará mañana en reunión de Directorio alternativas en la forma de pago para aquellas facturaciones elevadas y el No Corte hasta tanto no se encuentre alguna modificación. Constituimos también una mesa de trabajo continua para trabajar juntos está problemática.
Por su parte el Defensor del Pueblo al informar sobre la reunión con Guillermo Aicheler, destaca que “después de más de 4 horas de búsqueda de un Punto de consenso en relación a la facturación y servicio de EMSA.
* Coincidimos en la revisión de las facturas que se lleva a reclamo. En el caso que estén mal facturadas, la nueva refacturación.
A través del presidente elevar al directorio mañana la moción de:
* Mejoras en la toma de la medición.
* Financiación de las facturas que no puedan pagar.
* No al corte de los usuarios que reclamen y no puedan pagar hasta que se regularicen los costos.
* Conformación de la mesa interinstitucional”.

Capturafacebook penayo

De derechos, costos y sinceramiento

La reunión de funcionarios y representantes del pueblo en Emsa se produce en un contexto político – económico que pone sobre la superficie la contradicción intrínseca del sistema entre costos y negocios de las empresas y los derechos inalienables de las personas a tener acceso a los servicios básicos como el agua y la luz.
Las conquistas del Estado de Bienestar convirtieron en derechos más aceptados los del acceso universal a la educación y la salud. Aunque también en un modelo de lógica del mercado se resienta la calidad de estas prestaciones, el financiamiento tiene con la Ley de Presupuesto del Estado mayores garantías. Pueden caer programas especiales, como médicos comunitarios o de salud mental, desfinanciarse el suministro de medicamentos, bloquear las paritarias docentes, pero la Educación y la Salud públicas siguen constituyendo las fronteras de contacto entre el Estado y el pueblo.
Sin embargo, la prestación de los servicios de agua potable y de electricidad a los hogares siempre ha quedado ligada a la lógica del capitalismo ya que las empresas que los suministran no pueden operar desligadas de los costos de producción y distribución. Por eso, los estados de Bienestar, no sólo los “populismos” latinoamericanos no tuvieron otra que subsidiar los servicios.
En nuestro país, los subsidios económicos –tanto energéticos como los destinados a otros rubros; principalmente, el transporte– alcanzaron los 291 mil millones de pesos en 2016, lo que había implicado un avance de 53% en términos nominales con respecto a los 189 mil millones de año anterior y un salto de 3,2% del PIB a 3,6%. De esos subsidios, más de dos tercios 211 mil millones de pesos estaban destinados al sector energético, con CAMMESA y Enarsa como principales receptores. Pero pese a la fuerte suba de tarifas, lejos de caer, esos recursos se habían expandido, 67% en términos nominales, por el aumento de los costos como consecuencia de la devaluación y la suba del precio de gas en boca de pozo. Esta ecuación de suba de tarifas a los consumidores y suba de los subsidios a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, revela el gran desfasaje que existe entre los costos de producción y distribución y el precio que cobran las empresas. No es sólo una cuestión de negocios. Es el cuadro en que en 2018, se inicia una recomposición tarifaria, que afectará también al transporte.
Pero es una ecuación que no cierra desde la lógica del mercado por la sencilla razón del atraso del poder adquisitivo de los salarios. Si el sinceramiento entre costos y precio de los servicios es un axioma para el modelo de desarrollo que pretende reducir el déficit fiscal bajando cotos para promover las inversiones en el sector real de la economía, lo que está faltando es el sinceramiento de los ingresos populares.
Es la contradicción que marcan las organizaciones sociales que han constituido una multisectorial aquí en Misiones para resistir esa lógica del mercado, pero a medias ya que le falta promover el consumo.

Anuncios