El incremento de las tarifas de luz, agua y trasporte responde a la intención del gobierno nacional de corregir distorsiones en los precios relativos. Es parte esencial de su política económica. Funcionarios y diputados deberían defenderla sin embarrar el debate asociándolo a la política fiscal ni tratando de trasferir el costo político a las provincias. El contra-ataque del peronismo de Massa y federal apuntando al IVA, tuvo la misma liviandad. En momentos de confusión se desataca la firme posición de Passalacqua y otros gobernadores que abortaron la politiquería. Los parlamentos no gobiernan. El pueblo votó a Macri que es el que fija la política.

Posadas (Viernes, 4 de mayo) La eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, como luz, agua y gas, forma parte sustancial del modelo económico que instaló el gobierno nacional. Forma parte de la intención de corregir las distorsiones que existen en la economía argentina entre los precios relativos. La ciencia económica define “precios relativos” a los precios de un bien que está expresado en términos de otro bien. Es un coste de oportunidad para el consumidor cuando organiza la forma en que utilizará sus ingresos. Por ejemplo: si tiene 150 pesos podrá comprar un kilo de carne o tres gaseosas. Prat Gay intentó ilustrar el tema cuando sostuvo que el aumento del gas para una familia equivalía a una pizza.
Evidentemente algo falla en la organización del sistema económico si el valor de la luz está equiparado a una pizza.
Desde esta perspectiva, el sinceramiento de los precios relativos así como es el núcleo de las políticas del gobierno nacional, se debe reconocer como imprescindibles para transparentar las variables económicas. En consecuencia, el aumento de las tarifas como consecuencia de la eliminación de los subsidios, debería ser defendido por el gobierno nacional con toda claridad. Pero desde el Presidente hasta el más humilde de los funcionarios no se muestran dispuestos a pagar el costo político de la medida, que reiteramos consideran imprescindibles para cambiar.
Sucede que en esa relación de precios relativos, mientras las tarifas se multiplican por más del mil por ciento, los salarios, es decir los ingresos de los hogares se limitan a una corrección que se pretende sea del 15%. Un estudio de la Universidad de Avellaneda, puso en números las consecuencias de ese desfasaje. Mientras en diciembre de 2015 los hogares destinaban entre el 6 y 7 por ciento de sus ingresos a pagar las tarifas hoy destinan entre el 23 y 25 por ciento.
Pero ese es el rumbo de las políticas que votaron los argentinos y respaldaron en octubre pasado.

Hacerse cargo

Sin embargo, la política de comunicación de la Alianza Cambiemos no se hace cargo. Imputar a la política fiscal del aumento de los servicios es al menos desviar la atención del verdadero debate que pasa por el sinceramiento de los precios relativos. Es cierto que hay mucho que corregir en ese sentido. La clave es el destino de las inversiones. Mientras las Lebacs seas más rentables que invertir en la industria, el sistema no podrá entrar en una etapa de crecimiento que pueda prescindir del financiamiento externo.
La movida de la Casa Rosada tratando de transferir la responsabilidad de los incrementos a las provincias por la carga impositiva, tuvo una escalada con la contra iniciativa desde el massismo, que no gobierno ninguna provincia, en devolverle la responsabilidad reclamando la baja del IVA en las boletas de luz, agua y gas.

La sensatez de los gobernadores

Como ajenos a la gravedad de la crisis, la propuesta de Massa tuvo adhesiones en el Congreso donde toda la libido se puso en promulgar una ley que le cueste a Macri girones en su imagen por la obligación de vetar la ley.
La sensatez vino del abordaje de los gobernadores entre los que el diario Clarín menciona como uno de los artífices a Hugo Passalacqua. Imbuido de las convicciones de la renovación misionera, el gobernador Passalacqua puntualizó ante propios y extraños que “el tema tarifas es potestad exclusiva del Gobierno Nacional, por lo tanto las Provincias no deben invadir en una competencia a la que no pertenecen”. Carlos Rovira fue categórico en varias oportunidades: “los poderes legislativos no gobiernan, el pueblo vota a un Ejecutivo para gobernar”.
Lejos de cualquier especulación partidista y de los oportunismos propios de la partidocracia que en no mide riesgos y ante cualquier síntoma de crisis aprovecha para hacer más ruido,
Passalacqua rechazó de plano la idea de apretar a la Casa Rosada con la baja del IVA. En declaraciones a medios nacionales subrayó que “nosotros como espacio opositor a la Nación y, coherentes con esa línea, no avalamos la sanción de alguna ley que signifique un perjuicio al Presupuesto que ya fue sancionado oportunamente, y por otro lado un retroceso en materia de recursos fiscales para las provincias, como lo es la reducción del IVA en servicios públicos. No creemos que esa sea una solución viable”.
Eso no significa renunciar a las gestiones que viene realizando ante la Nación para compensar la suba de las tarifas.
El Cronista publicó una nota en la que estima en 40 mil millones la recaudación del IVA aplicado a los servicios. En el reparto revela que Misiones perdería entre 457 y 625 millones de pesos si la iniciativa del massismo acompañado por el peronismo federal se traduce en ley.
La posición de Passalacqua, que habló ayer con Macri, tuvo efecto cascada y anoche el gobernador de Salta cuestionó también la movida. “Bajar el IVA para sostener esto tampoco es una solución”, consideró Urtubey.
Mientras la firme decisión de Passalacqua se tradujo políticamente en el Congreso, donde el presidente del bloque renovador misionero, Jorge Franco se negó a firmar el dictamen, aquí el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, consideró que “ninguna medida es mágica, ni la de bajar el IVA porque nos perjudica a las provincias ni la de bajar ingresos provinciales porque la incidencia es mínima, no resuelve el fondo de la cuestión. Esto merece una discusión de fondo de todos los sectores”. En declaraciones a Noticias del 6 agregó que “el 89 por ciento del IVA se coparticipa “entonces, si se baja somos las provincias las que terminamos subsidiando la energía eléctrica”. “Si el Estado nacional no quiere subsidiar la energía por qué tenemos que hacerlo las provincias”, se preguntó retóricamente.

Foto: LPO

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