Las anunciadas reformas de las Fuerzas Armadas anunciadas por Macri se limitan a cambiar la definición de enemigo externo. De ahora no es sólo otro Estado sino también el narcotráfico y el terrorismo. Las críticas remiten a las formuladas por los mismos organismos a la ley antiterrorista de CFK sobre las puertas que abren a la represión de los reclamos sociales. En pleno recortes auditados por el FMI, la implementación del Ejército patrullando las fronteras es más en proyecto que una realidad a corto plazo.

Posadas (Martes, 24 de julio) “Este proyecto -enérgicamente rechazado por organismos de Derechos Humanos, así como por organizaciones sociales, gremiales, territoriales, ambientalistas y otras- responde a un requerimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos: a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se exigió que para considerar a la Argentina como un país seguro de inversiones externas se debía aprobar un paquete de leyes que van a potenciar la criminalización de la protesta social”. La denuncia, formulada por la CTA, es del 19 de diciembre de 2011 motivada por la sanción de la Ley Antiterrorista. El tratamiento expreso de la ley fue un pedido de Cristina Fernández de Kirchner que iniciaba su segundo mandato. Si bien no alteraba el rol de las Fuerzas Armadas y se limitaba a reformar el Código Penal, los organismos de derechos humanos advertían sobre la puerta que se abría a la represión. Después de la fundamentación que hiciera el diputado Agustín Rossi, desde las organizaciones sociales se consideró que “en el discurso, Rossi nos dice que como este gobierno no ha reprimido la protesta social, esta ley no es problema porque ellos se van a portar bien. Ese es el argumento. Ahora, de lo que se olvida Rossi es que no hay ley sin jueces. Las leyes son el papel escrito más los jueces que las aplican, y en este país se sabe que los interpretadores, que son los jueces, tienen una particular tendencia a interpretar las cosas contra el pueblo”.
Estos antecedentes son válidos para poner en su justo lugar la significación política del decreto de Macri, publicado hoy en el Boletín Oficial que cambia la definición de enemigo externo, que hasta ahora está ceñida a un Estado extranjero. De ahora en adelante estará concentrada en un ataque externo, no solamente de una Nación, sino de un grupo de narcotráfico o terrorista”. Un repaso a las declaraciones de los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y sindicales encuentra muchas semejanzas con las formuladas en 2011 cuando se enciende una alerta sobre la criminalización de las protestas sociales. La puerta que dicen se abre a las Fuerzas Armadas para intervenir en conflictos internos, en realidad ya estaba abierta no sólo por la ley antiterrorista de CFK sino fundamentalmente, por la furia de patricia Bullrich que ya cuenta con la Gendarmería y la Prefectura. Y si no pregúntele a los mapuches y a la familia de Santiago Maldonado.
Si Cristina cedió a las presiones del poder financiero globalizado para sancionar una ley, no puede esperarse otra cosa de Macri. La diferencia, no está entonces en la ley, sino en la política, entre Nilda Garré y Patricia Bullrich.
Pero hay un dato que se escapa a tirios y troyanos, las Fuerzas Armadas no son instituciones vacías, están integradas por hombres y ahora también mujeres que han aprendido en carne propia las miserabilidades de la historia. No se muestran dispuestos a ser parte de represiones ni quedar como responsables del dictado de políticas que ordenen arrasar al enemigo desde el terror del Estado. Hay que prestar atención a las declaraciones del general de brigada Claudio Pasqualini, cuando el día del Ejército relativizó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en operaciones de seguridad interior, como ese día había dejado trascender el propio Macri. De frente, le dijo: “los militares no podemos, por cuestiones normativas y de reglamentación, ocuparnos de seguridad interior”, y la ley vigente aún después de los alcances del decreto de Macri que modificó el decreto de Kirchner es taxativa en ese sentido. El general incluso pone realismo a los anuncios cuando destacó que “si se cambia la normativa podríamos patrullar las fronteras, en un futuro, con equipamiento, entrenamiento y preparación”.
Conclusión: la reforma introducida por el presidente Macri a la reglamentación de la ley de Defensa Nacional, tardará un tiempo y bastante largo en modificar la realidad, más aún cuando los generales observan que no tienen equipamiento, un equipamiento que demandará los recursos que hoy el gobierno nacional está recortando donde puede.

Anuncios