“Estamos viviendo la crisis institucional más grave desde 1983” sostuvo el diputado (MC) Hugo Escalada al analizar la andanada de críticas de Carrió contra Garavano y Angelici, y las peleas públicas de dos miembros de la Corte. “Los que vinieron a salvar la República la están hundiendo en las disputas por el control de la Justicia”, sostuvo para considerar que la política está reaccionando a los abusos de Bonadío que lleva la politización de la Justicia a un extremo de ruptura del sistema.

Posadas (Jueves, 11 de octubre) “Estamos viviendo la crisis institucional y republicana más grave desde 1983” sostuvo el diputado (MC) Hugo Escalada al analizar la andanada de críticas de Carrió contra Garavano y Angelici, dos hombres del riñón del macrismo y las peleas de “conventillo” que hicieron públicas dos miembros de la Corte Suprema. “Era lógico – agregó- que ante la dispersión de la oposición y una sociedad que muestra una tolerancia sorprendente ante una devaluación del 50%, las tensiones políticas se trasladen al interior de la Alianza Cambiemos que vive los días más agitados desde su constitución en 2015”.
Desde el espacio de opinión que tiene el programa Plural que se emite por Canal 4 de Posadas, repasó las causas y consecuencias de una disputa que adquirió ribetes inesperados.
Consideró el dirigente identificado con alfonsinismo, que “es como toda interna, una lucha por los espacios de poder. Pero no se expresa en alineamientos por el control del partido a la vieja usanza comiteril. La batalla, actualizada a los nuevos tiempos, se dirime en la relación con jueces y fiscales. No es una novedad que en toda América Latina hay un deslizamiento del poder político al aparato judicial, aliado a los medios y los servicios. El escenario electoral del Brasil es un espejo. El crecimiento del fascismo explícito, es el efecto no deseado de interpelar a la sociedad con valores de la anti-política que trasladan el centro del escenario la mirada de los medios que en complicidad con los servicios de inteligencia judicializan la política. Tanta alimentación anti-PT y anti-Lula termina de desprestigiar a toda la política, es lo que derivó en el agotamiento institucional que condujo a la candidatura de extrema derecha de Bolsonaro. Si la doctrina de Seguridad Nacional necesitaba de los militares, hoy el adoctrinamiento en Washington es a jueces y fiscales”.
Definió así el contexto para dar luz a las razones de la andanada desatada por el la diputada Carrió en contra del ministro Garavano y el ultimatum al propio Macri, que en el programa fueron resumidas en el mensaje de Twitter que sostenía. “Aunque le toque al Presidente. Macri está entre la línea de @TanoAngelici y la de @elisacarrio. Y tiene que elegir. Tiene tiempo, pero elige o cae.” Tremenda marcada de cancha de Lilita a @mauriciomacri”. Destacó Escalada que Carrió lo hace sin votos propios porque tiene el respaldo del entente services, medios y jueces y es su cara en los noticieros.

Juego de imágenes

Analizó después el ex diputado un juego de dos fotos que se pusieron en el programa como significantes: La foto del operador Rodríguez Simón con el camarista Irurzun y la foto de la cumbre del PRO y la UCR en parque Norte.
“Puestas como la foto y la contrafoto explican cómo funciona la antipolítica”, subrayó Escalada para precisar:
“La primera foto es la del operador de jueces y fiscales, aliado de Carrió y Clarín, “Pepín” Rodríguez Simón con el camarista Martin Irurzun en un bar de Buenos Aires. Se presentó como un escrache o un logro periodístico, pero no puede ser casual. Mostrarse juntos a la luz del día no es nada inocente. Hay un mensaje de impunidad implícito, en la reunión y en la foto. Al menos dobló la apuesta. En Clarín, Marcelo Bonelli, había revelado que la Casa Rosada trabaja en un proyecto de ley para “encapsular el escándalo de los cuadernos” e identificó a los encargados: el Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el ministro de transporte Guillermo Dietrich y el asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón. Sostuvo que el cuarteto trabaja en la idea de que los involucrados pierdan sus derechos, a continuar al frente de sus compañías los empresarios, a postularse para cargos públicos los políticos. Pero agregó que Jaime Durán Barba y Marcos Peña Braun se oponen a cualquier restricción electoral a Cristina, porque piensan que su candidatura dividiría al peronismo”.
“Bonelli es un periodista de economía –subrayó Escalada- su atención no estaba en desnudar las operaciones ni a operadores de la Justicia sino en las consecuencias no deseadas de la bola de nieve que echó a rodar la causa de las fotocopias de los cuadernos. Fuera de todo control jurídico no pudo evitar que la causa arrastre a empresarios y empresas. Techint es una de las más perjudicadas porque cotiza en Nueva York y tiene una fábrica en los Estados Unidos, lo vinimos advirtiendo desde los primeros programa aquí en Canal 4. Cuando le tocó el turno a Paolo Rocca, logró adelantar la indagatoria, pero no sin antes perpetrar lisa y llanamente una amenaza: si lo siguen molestando baja la palanca de Vaca Muerta y se lleva sus inversiones a otro lado. La foto de Rodríguez Simón con Irurzun, es así un signo de época”.
“La segunda foto –compraró- que en realidad es la primera en la secuencia temporal, es la de la cumbre de la Alianza Cambiemos en Parque Norte. Había sido el día anterior. Carrió estuvo ausente pero respondió con la foto de su operador aliado trenzando con el juez. “Hablan pavadas” había dicho ya de la reunión en la Quinta de Olivos en ese domingo en el que se ofrecían ministerios en la cara de los ministros y volvió a ningunear “la mesa ampliada”.
Carrió opera para los que entienden que el poder pasa por otro lado. Mientras las reuniones como las de Parque Norte replican la metodología de los partidos para establecer acuerdos, sellar o afianzar alianzas, Carrió con el respaldo de Clarín y evidentemente de la Embajada, responde desde los medios y las redes sociales. Es la máxima exponente de la antipolítica hoy en la Argentina aunque no es la llegada, sino la encargada de crear las condiciones para la aparición de un Bolsonaro argentino. Patricia Bullrich querría ser, pero lejos está de poder ser. Rico se adelantó 20 años”.

Voces contra el abuso de la prisión preventiva

Al analizar las causas de la crisis y la furia de Carrió, Escalada distinguió lo aparente de lo subyacente. Se hizo referencia a la decisión de Germán Garavano de hacer pública su opinión de que “la prisión preventiva tiene que ser algo excepcional”. En declaraciones, publicadas en varios medios, agregaba que “la intención del Gobierno es que las causas judiciales sean elevadas a juicio oral rápidamente. “No creo necesariamente en meter presa a la gente sin que termine el proceso”.
Observó Escalada que “el ministro no hacía otra cosa que traducir la preocupación por las derivaciones de la causa de las fotocopias de los cuadernos y el descontrol de las actuaciones de Bonadío que en esa bola de nieve ya parecía llegar a inundar la Casa Rosada, tal como lo venimos diciendo desde que iniciamos este programa y hay que remarcarlo porque desnuda los bandos y las intenciones de los grupos en disputa al interior de la Alianza de Gobierno.
La frase de Garavano que desató la furia de Carrió y su escalada que hasta el día de hoy sigue creciendo: “nunca es bueno para un país que un expresidente este detenido o se pida detención…” para el ex diputado provincial, le da la oportunidad a Carrió de abonar su perfil mediático y dar respuesta a los que quieren ver presa a Cristina. “Pero no es el fondo –reiteró Escalda- que pasa por el control de los jueces y fiscales”.
Consideró que el mensaje en Twitter “Perdí la confianza en el Presidente”, es porque no toleró el respaldo de Mauricio Macri a Garavano. Ese mismo día lo incluyó en la comitiva que estuvo aquí en Villa Bonita, le respondió con otra foto, le rechazó la renuncia y además desplazó de la AFIP a gente de la diputada.
Pero Carrió es experta en mostrar el árbol para tapar el bosque”, sostuvo para sostener que el “fondo son los conceptos de Garavano sobre los abusos de Bonadío en disponer de la prisión preventiva ya que es un mecanismo por el cual la Justicia hace política”.
Por eso no consideró casual que simultáneamente el ex juez y coordinador del proyecto de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra a asegurar que “hubo ciertos excesos” en la aplicación de la prisión preventiva y reiteró su desacuerdo con la figura del arrepentido, como lo fundamentó el 3 de agosto de 2016 cuando en comisión el Senado trató la ley que tenía media sanción. Ya entonces sostuvo que preferiría “que no existiese la figura del arrepentido” porque “tiene muchos dilemas morales y jurídicos“.
En declaraciones a medios porteños, Gil Lavedra destacó que “es probable que haya cierto uso indebido de la prisión preventiva, es una medida extrema, no puede utilizarse como regla, hubo ciertos excesos. Además no alcanza con la declaración de un arrepentido para condenar a una persona”, y expresó que preferiría “que no existiese la figura del arrepentido” porque “tiene muchos dilemas morales y jurídicos“.
“Es interesante rescatar el debate parlamentario para la sanción de la ley mal llamada del arrepentido porque en realidad establece la figura del delator premiado. Y Garavano en la reunión de comisión del 2 agosto de 2016 ya había dejado en claro su posición nada favorable a la figura del “arrepentido”, dijo Escalada y recordó que al día siguiente, entre los juristas que fueron invitados, la mayoría puso objeciones al instituto y todos precisaron la necesidad de que la ley establezca sin ambigüedades que las delaciones o confesiones “únicamente” no constituyen pruebas suficientes para resolver una condena”.

El relativo valor de las confesiones

Para el ex diputado provincial hay una reacción de la política ante el avance del gobierno de los jueces aliados a los medios y consideró que se está desarmando el andamiaje armado por Bonadío ya que se admite el relativo valor de las confesiones en el proceso. Recordó que ya en el recinto cuando se sancionó la ley, lo destacó el senador Pedro Guastavino que fue miembro informante cuando marcó que la ley: “establece que el órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido. O sea que, a través de esta ley especial que regula la figura del arrepentido, se busca incentivar el aporte de información veraz, novedosa y relevante para la detección del delito y su castigo, mediante la reducción de la sanción que le correspondería a quien participó en su realización y decide cooperar” Aclaró que las modificaciones que se habían introducido, fue resultado de escuchar a los juristas en comisión. “Varios expositores que estas leyes no son mágicas. En ese sentido, en las reuniones de comisión se planteó muchas veces si había casos en la justicia penal argentina que hubieran sido resueltos con el aporte de los arrepentidos. La conclusión que se sacó fue que eran muy pocos. Y en esto no tiene nada que ver la legislación vigente, sino de qué manera actúa la Justicia”.
Esta observación la hizo también el senador Ernesto Martínez, del PRO. Y fue contundente: “…quiero hacer referencia a algo que entiendo trascendental, que es la sentencia que surja de esto. El órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido, porque no pueden los jueces ingresar en la idea o en la ansiedad de decir simplemente en su fallo que aquello que dijo el imputado A, B o C sea visto luego corroborado por la prueba.
“Una forma de construir fallos o sentencias, que viene desde el fondo de nuestra historia, también tiene que ver con aquello de que la prueba se plantaba cuando los jueces redactaban sus sentencias o sus condenas a partir de decir la versión del policía comisionado recogida del imputado. Seguramente el señor presidente del bloque del Partido Justicialista, que alguna vez nos recordó sus inicios en el derecho penal, se debe acordar que las sentencias se armaban así: “Lo dijo en la policía de ese modo, el policía nos lo relató y esto está corroborado y, por lo tanto, le aplico tal pena. Acá, aun cuando el delator eficaz dé su versión, ella no tiene un valor dirimente. Se pone por encima la libre convicción de los tribunales, se valorará la totalidad de la prueba y la colaboración no puede adueñarse, entonces, del resultado del proceso. Lo que diga el llamado arrepentido no será el resultado de la sentencia sino una prueba más a ponderar dentro de todo el abanico que fue colectando el tribunal”.

Filtración a los medios y el show

Se repasó también el programa de Canal 4 que “entre las exposiciones de un debate esclarecedor, el justicialista cordobés, Carlos Caserio, pareciera que se anticipó dos años al show armado por Bonadío y sus filtraciones a periodistas amigos. Alertó: “…quiero dejar en claro algo que me parece que no es menor socialmente en el mundo que vivimos hoy. En muchos casos –y esto se ha visto en la práctica– el arrepentido, o como se lo quiera llamar, produce un daño irreparable a la vida y al prestigio de las personas. Y luego puede pasar que la investigación judicial determine que ninguno de esos dichos era cierto, generando un enorme desgaste judicial y un sometimiento de las personas a un juzgamiento mediático que, luego, se determina que no tenía ninguna consistencia. Este es un hecho que también hay que valorar.
“Entonces, me parece que, en función del momento en que vivimos, de la demanda de la sociedad, de las sospechas tremendas que puede tener la gente por todas las cosas que todos los días salen a la luz, nosotros tenemos que legislar para el futuro. Debemos pensar que las leyes están bien hechas cuando perduran en el tiempo y cuando están hechas para todo el mundo. Me parece que prejuzgar el valor de las personas es darles poca oportunidad de defenderse, porque vivimos en una Argentina donde a lo mejor usted puede ser sobreseído por la justicia, pero fue condenado por la sociedad. Me da la impresión de que en ese aspecto nosotros debemos pedir a los jueces actuantes que la información que va llevando adelante la causa tenga la seriedad que corresponde. Evidentemente, si las declaraciones de cualquier arrepentido o de una persona que está en el proceso se filtran, está claro que los medios las van a comunicar. Lo estamos viendo en los últimos tiempos. Hay personas que están sospechadas de gravísimos delitos, de ser narcotraficantes, de mandar matar gente y resulta que la noticia dejó de ser esa. Ya ni siquiera hablamos de por qué esa persona fue detenida, de si mató o no. Ya hablamos de las imputaciones que esa persona hace a terceros sin saber siquiera si lo que está diciendo tiene algún fundamento.
Me parece que ese sometimiento a una valoración inadecuada está prejuzgando la realidad de los ciudadanos, sean dirigentes políticos o no, y es una cuestión injusta. Y una sociedad madura debe tenerlo en cuenta.
“Pienso que, de acá en adelante, después de la aprobación de esta ley, que creo que va a ser aprobada y que hay bastante unanimidad de criterio en este Senado, también tiene que haber una responsabilidad de la justicia de dar a los medios la información que realmente se debe brindar, preservando la identidad de un hecho para que no haya ese sometimiento de la gente a un dicho que nadie sabe si se puede comprobar. Porque de ese modo sí vamos a seguir retrocediendo en el tema judicial en el país”.

Dos conclusiones  y una lectura de fondo

Después de este breve repaso a la lógica de la ley instalada por los medios como la ley del “arrepentido”, Escalada afirmó que hay dos conclusiones y debemos hacer una lectura de fondo.
“Por un lado queda claro que jurídicamente las “confesiones” sólo sirven en la etapa de la investigación y no constituyen pruebas. Quedó claro también que el temor de los legisladores tuvo razón. En la práctica, la asociación de Bonadío con los medios tiene más ribetes políticos que jurídicos. Se escracha gente, se los condena mediáticamente, se los desprestigia y se termina arrastrando a la política y a las organizaciones populares como herramientas para expresar a las mayorías.
“Queda claro también que las tensiones al interior de la Alianza Cambiemos están expresando la disputa por la producción y el guión de la película. De un lado Garavano, Angelici que es Macri que en estos días se vio fortalecido al ganar las elecciones por el Consejo de la Magistratura. Del otro lado Carrió, Clarín y Rosenkratz. Otra vez, no es un exabrupto del presidente de la Corte hacer pública la cuestión del manejo del CIJ. Eso se resolvía fácil. Así como Carrió judicializa la política, Rosenkratz politiza la Justicia.
“Es lo que merece una lectura de fondo de la crisis institucional de magnitudes más inesperada generada por los que venían a restablecer la república
“Hay que recordar que la República es división de poderes. Establece dos poderes políticos que obedecen a la voluntad popular y un tercer poder que no está sujeto a dicha voluntad y que tiene innumerables privilegios -entre ellos la inmovilidad en el cargo- para ser independiente de los otros y poder juzgar sin condicionamientos. A cambio de ello, el Poder Judicial no puede invadir la esfera de competencia de los otros dos, es decir: no pueden crear normas que son responsabilidad del Legislativo, ni pueden gobernar que es responsabilidad del Ejecutivo.
Hoy el Poder Judicial es el más cuestionado por la sociedad. No ha cumplido con eficiencia sus propias competencias y además ha invadido la esfera de los otros poderes de manera significativa. Ha judicializado decisiones del Ejecutivo de manera arbitraria e impropia, como la del dólar futuro y ha generado precedentes peligrosos sin aprobación del Congreso como la doctrina Irurzun sobre prisiones preventivas.
“Esto lo ha convertido en un super-poder y claramente hay disputas sobre su control y manejo, cada vez más evidente. Ya se habla del “gobierno” de los jueces o de la “judicializacion de la política”. Entender esto es entender la actualidad de la puja por el manejo del Poder Judicial
Hoy la Justicia ha avanzado sobre los poderes políticos y genera opinión pública acerca de decisiones y dirigentes políticos, cuando su función claramente no es esa.
En la política, la consecuencia de una tecnología capaz de invadir la privacidad y de develarlo todo, desde los grandes escándalos hasta los manejos menores y, sobre todo, la permisividad ante los pecadillos que los políticos consideraban inherentes a su actividad, es que estos han quedado al descubierto, revelándose como imperdonables. La transparencia ha provocado que la corrupción, antes considerada imposible de detectar a los ojos de la sociedad, quede desenmascarada. De este modo, una vez desaparecido aquello de “por encima de toda sospecha”, todos los políticos se sitúan al mismo nivel y la política se convierte en una actividad abominada por la sociedad. El prestigio del Parlamento y del Poder Ejecutivo se despeña ladera abajo.
“Otra consecuencia es la progresiva judicialización de la política. La justicia ha pasado a ser una tercera instancia del juego democrático, con el riesgo de que ella misma se politice y se involucre en los conflictos y enfrentamientos políticos.
“Ese fenómeno de la judicialización de la política es un factor nuevo en el funcionamiento de los poderes y va a desembocar en la politización de la justicia, ya que los jueces se vuelven actores capaces de decidir el rumbo de la política y pasan asimismo a ser objeto de sospechas de parcialidad, ya que nadie es inmune al ambiente ni a las conclusiones que se forman en una sociedad transparente.
“En los albores de la democracia representativa, los ingleses decían que, sin la Justicia, la democracia sería imposible, puesto que funcionaba como poder moderador, asegurando el cumplimiento de las leyes. Ahora que puede convertirse en una instancia más de la pugna política, ¿qué modelo va a imponerse? Es necesario un nuevo Montesquieu.

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