Misiones Plural

Investigadores que ya no investigan, médicos que no pueden sanar, padres que no consiguen vacunas para sus hijos y personas adictas que intentan salir del flagelo de las drogas y no tienen acceso a centros de rehabilitación. Estas son solo algunas de las situaciones que se pueden ver a diario en Argentina, un país que supo ser una de las principales economías del mundo, con un sistema educativo y científico de avanzada, que ahora cruje ante la imposibilidad de seguir financiando su gasto público. La posibilidad de caer en un nuevo default, como ocurrió en 2001, derivó en un severo programa de ajuste que impactó de lleno en los servicios que debe garantizar el Estado nacional. Una radiografía de como la combinación endeudamiento/recorte impacta de lleno en servicios esenciales que debería garantizar el Estado a sus ciudadanos.

Por Juan Félix Gossen

Jueves 7 de noviembre de 2019. En Argentina, un país bendecido por la naturaleza, con largas extensiones de tierras fértiles y una diversidad de climas que genera envidia en otros rincones del planeta, hay algo que crece mucho más rápido que la soja, el trigo y el maíz: la deuda pública. Las consecuencias están a la vista. Lo perciben a diario millones de argentinos en sus bolsillos y en el deterioro de su calidad de vida. No por casualidad acaban de expresarse en las urnas contra la actual política económica. El presidente Mauricio Macri, que buscaba la reelección, cayó derrotado en primera vuelta frente al peronista Alberto Fernández.
Al analizar la situación económica de Argentina, no se puede soslayar el problema estructural de la deuda pública. La realidad muestra que son cada vez son más los recursos que destina el Estado al pago de compromisos que, en su mayoría, sólo sirven para hacer frente a otras deudas contraídas previamente. La denominada bicicleta financiera es un círculo vicioso y actúa como una aspiradora de recursos.
Ante esta situación, numerosos programas del Estado nacional, vinculados a servicios esenciales como la educación, la salud, la obra pública y la ciencia, terminan siendo desfinanciados. ¿De qué forma? Hay distintas metodologías tales como la aplicación de recortes directos, subejecuciones (no utilizar o usar parcialmente las partidas asignadas por Ley de Presupuesto, ver recuadro 1) u otorgar aumentos de recursos que no compensan la pérdida poder adquisitivo generada por la suba constante del costo de vida.

En el caso de la Argentina, la inflación acumulada entre enero y septiembre de 2019 llegó al 37,7%, mientras que la medición interanual trepa al 53,5%. De esta manera, el país sudamericano hoy tiene el triste privilegio de ocupar el tercer lugar en el ranking mundial de inflación, después de Venezuela y Zimbabue.
Los datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, a los que se pueden acceder on line mediante el programa Presupuesto Abierto, permiten realizar distintos análisis y obtener diferentes conclusiones. Para esta investigación se tuvieron en cuenta los números de 2735 programas, subprogramas, proyectos y actividades del Estado nacional con partidas superiores al millón de pesos. En ese sentido, a los fines de este trabajo, cada uno de los ítems analizados serán denominados con el rótulo de “unidades”.
Los resultados fueron por demás ilustrativos: 1113 (41%) unidades sufrieron recortes, mientras que 510 (19%) recibieron aumentos de presupuesto que no compensaron los niveles de inflación acumulada durante este año y otros 417 (15%) mantiene el mismo presupuesto que el asignado por el congreso nacional a fines del año pasado, cuando se aprobó la Ley de Presupuesto 2019.
En otras palabras, 3 de cada 4 programas, subprogramas, proyectos y actividades del Estado nacional sufrieron algún tipo de impacto presupuestario negativo durante este año.

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3 de cada 4 programas, subprogramas proyectos y actividades del Estado nacional registraron algún tipo de ajuste presupuestario en lo que va del año.
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Una parte de la caída de la inversión pública en distintas áreas se puede constatar nominalmente. Lo podemos observar en el gráfico 2, que compara la variación de las asignaciones presupuestarias del sector público nacional en el período 2018-2019. En ese sentido, solamente las partidas destinadas al pago de los servicios de deuda, al sistema penal y a las relaciones exteriores estuvieron por encima de la inflación interanual. El rubro más afectado fue el de vivienda y urbanismo (-12,5%), en un país que desde hace décadas se encuentra en emergencia habitacional.

Seguramente, para quienes no viven en la Argentina, podría llamarles la atención que se hable de ajuste y de desfinanciamiento cuando durante el periodo 2018-2019 los recursos presupuestarios del Estado nacional aumentaron, en promedio, más de un 50%. ¿Cómo puede ser posible esta situación en una economía que atraviesa por una fuerte recesión desde hace más de un año? La razón hay que buscarla en los elevados niveles de inflación y la fuerte devaluación del peso argentino frente al dólar.
La inflación hace que el Estado recaude más nominalmente, pero los pesos que recibe valen mucho menos respecto a la moneda que rige la economía mundial, es decir, el dólar estadounidense. Al momento de escribirse este informe, la moneda argentina vale un 63% menos que en noviembre de 2018.
Los niveles de inversión pública también se pueden visualizar midiéndolos a partir del porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), el cual también crece nominalmente en pesos pero que, producto de la inflación, se retrae en dólares. En ese sentido, tal como se puede ver en el gráfico 3, durante el periodo 2015-2018 la curva del gasto en pesos destinado a cubrir los servicios de deuda mostró un sentido marcadamente ascendente. Pasó del 1,84% al 3,79% del PBI. Ocurrió todo lo contrario respecto a la inversión pública destinada a cubrir otras funciones del Estado tales como Educación  (1,66 a 1,31), Salud (0,94 a 0,81); agua potable y alcantarillado (0,25 a 0,13) y Ciencia (0,35 a 0,26).

En 2019, 20 de cada 100 pesos del gasto del Estado nacional se destinan al pago de la deuda pública
En 2015, el Estado destinaba 8 de cada 100 pesos al pago de los servicios de la deuda.

Juan Valerdi se define como un economista políticamente incorrecto y “sincericida”. Es pelilargo y amante de las guayaberas. Su perfil transmite una imagen que sale del molde de sobriedad de muchos de los economistas que pululan por los principales medios de comunicación en la Argentina, para quienes los problemas del país se reducen al creciente déficit fiscal y a la emisión monetaria. Para ellos, la solución pasa por sacrificar la moneda nacional y avanzar hacia una dolarización como lo hizo Ecuador en los ’90. En otras palabras, corren al gobierno de Mauricio Macri por derecha a punto tal que le achacan haberse quedado corto con los recortes presupuestarios
Por el contrario, ante una consulta de este periodista, Valerdi considera que detrás de las políticas de ajuste y de endeudamiento, instrumentadas en los últimos cuatro años, existió una intención previa de querer reformar el Estado. El objetivo, según entiende, fue favorecer a determinados grupos económicos y empresarios.
El economista alertó que dos de los servicios que debería garantizar el Estado, donde más se han sentido el ajuste, han sido salud y educación. Pero luego aclaró: “No ha ocurrido lo mismo con el presupuesto de las fuerzas de seguridad interior, como gendarmería y prefectura, y con el sistema penal. No es casualidad. Se busca mantener estable el sistema represivo para actuar ante posibles desbordes sociales, aplicando la fuerza”, explica el economista.

El Estado argentino destina 4 veces más al pago de deuda externa que a educación y cultura.

“En Argentina, en los últimos tres años, los recursos se redireccionaron al pago de la deuda y de los intereses. Y se recurrió al FMI en busca de financiamiento. Se dicen que se están aplicando las recetas del FMI porque el gobierno pidió un préstamo de 50 mil millones de dólares. Pero, en algunas cuestiones, el gobierno fue mucho más salvaje en la aplicación de recortes de lo que pidió el propio FMI”, explicó Valerdi, que tiene experiencia académica y en la gestión pública. Actualmente es profesor de Macroeconomía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y fue asesor en el Banco Central de la República Argentina y del Banco Nación
El economista sostuvo que “todas las decisiones económicas son políticas. No existe la neutralidad en la economía. Cuando el poder político es débil o ignorante, lo primero que va a intentar hacer creer es que las medidas que se adoptan son decisiones exclusivas del ministro de Economía y que no tenían otra opción. Ese famoso ´no tenía otra´ es la forma más fácil que tiene un gobierno de justificarse cuando en realidad siempre existen otras soluciones o alternativas”.

“Todas las decisiones económicas son políticas. No existe la neutralidad en la economía”
Juan Valerdi, profesor de Macroeconomía (UNLP).

“El endeudamiento es una herramienta de condicionamiento. Al endeudarse tan rápidamente lo que intentó hacer el actual gobierno fue avanzar en una herramienta de reforma del Estado. Un gobierno como el de Macri, que viene de la derecha, que se hizo cargo de un país con bajo nivel de deuda y lo endeudó en más de 100 mil millones de dólares en apenas dos años, lo que necesitaba era -entre otras cosas- desmantelar los sistemas de control y de regulación del Estado”, explicó ante una consulta de este periodista.
En ese sentido, Valerdi remarca que desde el gobierno “ponen como excusa el déficit fiscal y el pago de la deuda para desguazar el sistema de control del Estado. Lo curioso es que ese mismo Estado, bajo la administración del actual presidente, le bajó impuestos a uno de los sectores concentrados. Lo primero que hizo Macri no bien asumió fue bajarle las retenciones a un sector que no tenía ningún problema de rentabilidad como era la minería”.
“Después de eso, y por cuestiones geopolíticas, el sector de ciencia, tecnología e investigación fue severamente castigado. Este es un sector fundamental que necesita cualquier país para desarrollarse. En el caso de la Argentina, el ajuste afectó desde la producción de satélites hasta el desarrollo de energía atómica. El gobierno ha entregado todo por nada, con la excusa de que hay que bajar el déficit y pagar la deuda”, sostuvo Valerdi.

El duro presente de la ciencia

Si analizamos los números informados por el Ministerio de Hacienda sobre inversión pública en ciencia y tecnología, medido en porcentajes del PBI, las cifras parecen darle la razón (ver gráfico 4) a Valerdi. El gasto pasó del 0,35% del PBI en 2015 al 0,26%, el indicador más bajo de los últimos diez años.

Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con la incidencia del CONICET, el principal organismo público que existe en Argentina dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología, dentro de la estructura presupuestaria nacional? Tal como lo muestra el gráfico 5, los recursos que se le destinaron no llegan a compensar ni la mitad de la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la inflación. El presupuesto actual es apenas un 24,7% superior al año pasado, mientras la inflación superó ampliamente el 53%.

¿Qué opinan los propios investigadores del CONICET? Paula Bergero es especialista en Física Estadística aplicada a la Biología. Ha desarrollado distintas investigaciones vinculadas al modelado matemático de la propagación de enfermedades infecciosas. Ante una consulta de este periodista, no duda al afirmar que los ajustes en ciencia y tecnología son una realidad concreta.
“Los ajustes se han aplicado por medio de diversas medidas como por ejemplo la reducción de presupuestos para el funcionamiento de los institutos donde las investigaciones se desarrollan. Esta situación genera que se resienta el mantenimiento de equipos, que se reduzcan los servicios tercerizados como la limpieza, el mantenimiento de los predios y la seguridad”, afirma Bergero, que forma parte del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA).
La especialista en física estadística es una de las científicas que ha decidido salir de los laboratorios y de las salas de ensayos para hacer visible el difícil presente de la ciencia en la Argentina. Ha participado en distintas protestas junto a otros investigadores del INIFTA, del Instituto de Física de La Plata y del Centro de Investigaciones Geológicas (CEG). “Los recortes presupuestarios condenan a reducir las jornadas de trabajo al punto de no garantizar las condiciones mínimas de funcionamiento, lo que deja a varias familias sin ingresos. Y ponen en riesgo que las puertas de los centros de investigación continúen abiertas. Situaciones similares vienen ocurriendo en el resto de las instituciones de CONICET desde 2016, colocando a la ciencia nacional en un lugar de alto riesgo, próximo a su desaparición. El desarrollo científico y la producción de nuevas y mejores tecnologías son un componente insoslayable para el futuro de nuestro país”, señalaron en uno de los comunicados difundidos durante las últimas jornadas de protesta.
“Los recortes colocan a la ciencia nacional en un lugar de alto riesgo, próximo a su desaparición”.
Proclama de investigadores Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas.

El agravamiento de la situación presupuestaria coincide con la decisión adoptada el año pasado de disolver el ministerio de Ciencia y Tecnología, que se convirtió en secretaría y se fusionó con Educación y Cultura. De esta forma, Lino Barañao, el único ministro que había conservado su cargo tras el cambio de gobierno en 2015, pasó a ser secretario. Llamativamente, no renunció. Lo mismo había hecho hace cuatro años cuando aceptó el ofrecimiento de Mauricio Macri de continuar en el cargo que ocupó durante el gobierno de Cristina Kirchner, actitud que le valió el mote de “traidor” por parte de muchos de sus excolegas de gabinete.

El frente externo

Pese a los ajustes permanentes, el frente externo de la Argentina se torna cada vez complicado. El FMI ha postergado el envío de parte del préstamo acordado, a la espera de lo que suceda con el gobierno recientemente electo, lo que ha dado lugar a que se instrumenten distintas medidas para evitar que se acentúe la fuga de capitales. Por ejemplo, al igual de lo que sucedía durante el último gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015), se adoptó un cepo cambiario que implica restricciones a la compra de dólares, en un contexto donde la devaluación del peso y la inflación ha dejado reducido el poder adquisitivo de la moneda argentina a su mínima expresión.

Recuadro 1

Subejecución presupuestaria bajo la lupa
Otra forma de analizar las políticas de ajuste dentro del Estado es poner la lupa en la ejecución de recursos. En otras palabras, ver si se ejecutan las partidas presupuestarias asignadas por la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso Nacional. En ese sentido, teniendo presente que estamos atravesando el último trimestre del año, un nivel aceptable de ejecución presupuestaria debería ser del 75% de los recursos asignados.
Los sectores más afectados son:
 Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG): no se ejecutó ni un solo pesos de los más más de 5 millones de pesos presupuestados.

 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas: sólo se ejecutó un 46,48% del presupuesto.

 Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): el organismo encargado de desarrollar políticas para evitar accidentes de tránsito sólo ejecutó el 52,46% de los recursos asignados.

 Otras áreas que presenta baja ejecución de recursos son: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (53,87%), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (55,27%); Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (56,49%); Procuración del Tesoro de la Nación (57,25%); Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (57,74%) y el Instituto Nacional del Cáncer (58,29%).

Recuadro 2

Comparación 2015-2019
Para tomar una dimensión de cómo se ha incrementado el peso del pago de la deuda dentro de la estructura del Estado nacional es necesario tener en cuenta que hace cuatro años, en 2015, hacer frente al pago de estos compromisos representaba el 8% de los recursos del Estado en 2015. Actualmente llega al 20%. En ese mismo periodo, cayó la incidencia de prácticamente todas las funciones del Estado en términos porcentuales.

Recuadro 3

Prevención de adicciones y salud pública, en estado de coma
Los programas sanitarios es otra de las áreas del Estado nacional que sintió con fuerza el desfinanciamiento y el impacto de los recortes presupuestarios: la inversión pública en Salud, en términos del porcentaje del PBI, viene disminuyendo sostenidamente desde 2016 (ver gráfico 8).
Al igual de lo que sucedió con Ciencia y Tecnología, el año pasado Salud dejó de tener un ministerio propio en el organigrama institucional del gobierno nacional. Se fusionó con Desarrollo Social y el ministro pasó a ser secretario.

Una de las consecuencias de las medidas de ajuste quedó reflejada con el faltante de vacunas, cuya entrega debe ser garantizada por el Estado Nacional. Y más teniendo en cuenta que se trata de dosis contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación. Por ese motivo, la Defensoría del Pueblo bonaerense se presentó en el Juzgado Federal 4 de La Plata con el objetivo de colaborar en una causa que se sigue contra el Estado nacional a fin de que se garantice la disponibilidad y los servicios de vacunación en forma gratuita y equitativa.
La intervención de la Defensoría se dio como respuesta a la delicada situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires y el resto del país, y tiene lugar luego de presentar distintos procedimientos administrativos que relevaron el estado de situación y pidieron explicaciones a las autoridades por esta problemática.
Los programas de atención y prevención de las adicciones, dependiente de la Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas, que reemplazó a la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar),también se vieron afectados.
“Si bien no lo van a reconocer de forma abierta, los postulados de déficit cero y las metas establecidas por el FMI impactaron en el presupuesto 2019 que el gobierno nacional asignó a la ex Sedronar. Esto se plasmó en un recorte del 0,4% los fondos del organismo responsable de las políticas de drogas en Argentina. Si a esto le sumamos que la inflación proyectada para fin de este año superará ampliamente el 50%, el atraso presupuestario de la Secretaría es realmente significativo. Nunca antes el presupuesto de la ex Sedronar se había mantenido invariable”, afirmó Esteban Wood, magister en Políticas Públicas y exjefe de gabinete de la Sedronar, ante una consulta de este periodista.
Wood, que actualmente se desempeña como responsable de la Estrategia de Prevención de Adicciones del municipio de Chascomús, hizo hincapié en una situación a la que califica como “agravante”.
“Hasta fines del 2013, la Secretaría se encargaba de la coordinación y no de la ejecución de políticas. Antes, esto implicaba pensar el presupuesto global del abordaje de las políticas de drogas tanto interministerialmente como en cada provincia. ¿Qué quiero decir con esto? Qué al transformarse en un efector, con presencia territorial, la Sedronar necesitó contar con un mayor presupuesto y dotación de personal para ejecutar sus funciones. Claramente, en 2019 esto no se cumplió”, explicó.
Wood sostuvo que, en caso de no modificarse el proyecto de Presupuesto 2020 enviado por el Ejecutivo nacional al congreso, la situación podría empeorar el año entrante, especialmente en lo que se refiere a las campañas de prevención. Eso no es todo. El exjefe de Gabinete de la Sedronar también alertó que las comunidades terapéuticas, que son las principales instituciones de asistencia a las personas que sufren adicciones en Argentina, atraviesan un histórico atraso en los pagos y un congelamiento en los montos que se abonan por subsidios asistenciales. Lo mismo sucede con el Programa Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC).
“Según análisis de comienzos de este año, hacían falta más de $200 millones más para sostenerlos, y una cifra aún mayor para actualizarlos. El presupuesto 2020 recién se estaría poniendo al día con la cifra necesaria del 2019”, explicó Wood.
“Sobre un proyecto de presupuesto 2020 de $2.168.430.008 a este organismo, el 75% corresponde a acciones de prevención/asistencia en adicciones. Pero acá existe un importante desbalance: sólo $11 millones son para prevención de los consumos problemáticos, el resto es para tratamiento. ¿No había manifestado Roberto Moro, titular del organismo, su deseo de volcar la mayor parte de los recursos hacia actividades preventivas? En 2017 se destinaron $80 millones a este concepto. Ese año, la unidad ejecutora quedó ordenada en términos de 20% (prevención) contra 80% (asistencia). Cada vez más dinero en asistencia y menos dinero en prevención”, concluyó.