Por orden de la Justicia más de 50 familias de Posadas serían expulsadas del predio que ocupan desde hace más de 30 años. Las reglamentaciones vigentes impiden el desalojo de familias amparadas por la Ley de Regularización Dominial de Barrios Populares del RENABAP.

Jueves 7 de noviembre de 2019. Pese a que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar expedido por la Anses y están amparadas por la Ley Nacional 27453 de Regularización Dominial de Barrios Populares del RENABAP, más de 50 familias de la Chacra 190 de Posadas corren riesgo de ser expulsadas del terreno que ocupan desde hace varios años.
Además de la ley nacional a la que Misiones adhirió, las contiene la Ley Provincial XII- N°28 que indica «suspender acciones procesales que conducen a desalojo de los bienes inmuebles ubicados en terrenos incluidos en RENABAP en Misiones. Para estos casos, no es necesario realizar el empadronamiento en la presente Ley a fines de suspender las acciones. Es suficiente la presentación del Certificado de Vivienda Familiar», explica la norma.
Hace pocos días, los vecinos afectados -entre los que hay 67 niñas y niños, cuatro embarazadas y dos personas discapacitadas- recibieron la orden de desalojo para este viernes del Juzgado de Instrucción 3, firmada por Fernando Verón, que fundamenta que se trata de predio particular, cuando los vecinos aseguran que estuvo abandonado por más de 30 años, sin que nadie pague impuestos.
El año pasado una medida similar trató de desalojarlos pero los diputados del Partido Agrario y Social (Pays) presentaron un Proyecto de Comunicación que tuvo tratamiento preferencial, donde solicitaron que el Poder Ejecutivo intervenga para llegar a un acuerdo en las negociaciones entre el propietario y los ocupantes.
La Chacra 190 de Posadas está delimitada por las avenidas 115, Urquiza, Monseñor D’Andrea y Leandro N Alem. Hay viviendas de ladrillos y techos de chapas, de madera, pintadas, y otras con techos de cartón o construcciones precarias.
«En 2018 pedimos la urgente intervención del Estado provincial para la chacra 190 y pudimos frenarlo, y ahora nuevamente nos encontramos con esta advertencia del Juzgado de Instrucción 3. Por lo tanto vamos a apoyar a éstas familias y haremos resistencia con las organizaciones sociales, el Ministerio de Derechos Humanos, Diputados y la Defensoría del Pueblo», expresó el diputado Martín Sereno.
Esta decisión se destacó este miércoles en una conferencia de prensa brindada en la Defensoría en la que los legisladores Roque Gervasoni (FR) y Sereno señalaron que el juez Verón estaría cometiendo «el delito de prevaricato» aplicado a una autoridad, juez u otro servidor público por dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha medida es injusta y contraria a la ley. Algo comparable al incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Piden mesa de diálogo con Iprodha

desalojos
En las últimas horas los organismos del Estado presentaron un recurso extraordinario de amparo, atendiendo a las leyes vigentes tanto provincial como nacional que declara de interés público los terrenos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares y suspende en Misiones cualquier tipo de desalojo.
Todos los organismos insistieron en la necesidad de que la Justicia llame a una mesa de diálogo y convoque al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional en busca de una solución para estas familias, porque tal como indica la Ley provincial, el Iprodha está facultado para realizar una mediación antes de llegar a la medida extrema que significa un desalojo compulsivo.
Cuando las familias se instalaron, el predio era un baldío abandonado. En 2007 decidieron asentarse en el terreno deshabitado desde hacía más de 30 años.

Nota elaborada con datos y fotografía del área de Prensa del Pays.