No hay mayores problemas sobre una población de 2000 detenidos y nueve mil integrantes de las fuerzas, aunque este año presentaron diez denuncias penales, asegura el presidente de la Comisión de Prevención de la Tortura, Eduardo Scherer. Actúan -insistió- tanto ante los hechos aislados o cuando ese accionar constituye un delito.

Viernes 7 de noviembre de 2019. La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura es un organismo que funciona dentro del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un proyecto que presentó la entonces diputada Lilia “Tiki” Marchesini, hoy ministra de Derechos Humanos de Misiones, y que tiene la misión de prevenir casos de tortura o abusos en las cárceles, comisarías y hogares donde hay personas privadas de su libertad.
El presidente de la Comisión de Prevención de la Tortura, Eduardo Magno Scherer, explicó a Misiones Plural que el área a su cargo interviene tanto cuando se presentan hechos aislados como cuando esos hechos se convierten en una práctica que se repite o se replica en distintas instituciones. “Se actúa en ambos casos; cuando es aislado lo abordan pero si se repite y tiende a convertirse en una práctica, ahí actuamos incluso con denuncias”, advierte. En este caso, las denuncias no son contra el Estado sino contra las personas que permiten o que ejercen los hechos tipificados como delitos, aunque al Estado le quepa también su parte de responsabilidad.
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura ejerce sus funciones de manera independiente aunque actúa en forma coordinada y articulada como organismo local complementario del que se constituye en el ámbito nacional como Mecanismo Nacional de Prevención, en cumplimiento de los objetivos e implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobados por Ley Nacional 25.932. Está integrada por seis personas: tres provenientes de ONG con trabajos relacionados con personas privadas de su libertad; un representante del Ejecutivo, otro de la minoría parlamentaria y otro por la mayoría parlamentaria, que en este caso preside la Comisión.
“Tenemos la función principal del control y monitoreo de los lugares de detención. Hacemos vistas periódicas sistematizadas a las unidades penitenciarias de Misiones, que son ocho, y a las más de 130 comisarías”, pero trabajan -explicó Scherer- con todas las personas en situaciones de encierro o privados de su libertad, como hogares de niños y de ancianos. En los hogares juveniles también suelen encontrarse con situaciones de adicciones, que los llevan a trabajar de manera articulada con otras áreas del Estado.
Esta Comisión de Prevención de la Tortura funciona en el ámbito de la Cámara de Representantes de Misiones, con el objeto de evaluar y seguir en toda la provincia la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
¿Cómo trabajan, en ese sentido? Con entrevistas personales, privadas y reservadas, con los internos. Sin presencia de autoridades. Hacen las evaluaciones y el seguimiento de las condiciones de los privados de libertad, en cuestiones como salud, higiene, educación, alimentación y consultas para conocer si son sometidos a maltratos o actos de torturas. “Tenemos la facultad de presentarnos y evaluar la situación y solicitar la información que cuentan para evaluar y ver qué medidas tomar cuando detectamos situaciones de este tipo”, explica Eduardo Scherer.
Los integrantes de la Comisión diseñaron las metodologías de trabajo. Cuando detectan casos que pueden ser de torturas o ilícitos que figuren en el código penal, caracterizada o tipificados como apremios ilegales, hacen las denuncias ante el Juzgado de Instrucción de turno o canalizamos a través de la Procuración de Misiones -jefe de los fiscales-, para que remitan las actuaciones a la Fiscalía de Turno de la jurisdicción que corresponda. En los casos en que los malos tratos o anomalías detectadas no tengan entidad como para ser un delito -pero si es un maltrato o trato indignante- comunican la situación a las autoridades políticas de la provincia y de la institución involucrada (Ministerio de Gobierno, Servicio Provincial Penitenciario o Jefatura de Policía), para que tomen las medidas e inicien la investigaciones correspondientes para ver si existió abusos o se extralimitaron en sus funciones. Tienen, en ese sentido, protocolos de actuación particular, uno para casos de tortura y otro para hechos de fuerza mayor, como huelgas de hambre, donde también comunican a la Justicia para que intervengan.
La Comisión de Prevención de la Tortura realiza informes periódicos e informan a las autoridades y organizaciones civiles sobre la situación de las personas privadas de libertad. Llevan adelante una mesa de diálogo desde la cual diseñan estrategias para erradicar las prácticas sobre las que actúan.
“Este primer semestre detectamos situaciones que hicimos púbicas y que pudimos solucionar, como prisiones preventivas con excesivo plazo sobre las personas privadas de libertad; cuestiones relacionadas a la salud, como falta de asistencia médica ante cuadros graves y también el accionar de algunos integrantes de la Policía como la práctica de someter a personas detenidas a presiones dentro de los patrulleros con la intención de obtener información”, dijo Eduardo Scherer, para describir una situación que en Misiones se suelen conocer por denuncias a través de redes sociales o en los medios de comunicación.

Desborde

Un problema que les preocupa es el alojamiento de personas que deberían estar detenidas y al resguardo de la Nación pero están en las instituciones de la Provincia. Entiende Scherer que la particularidad de Misiones, rodeada de fronteras y con el tráfico de productos ilícitos con los países vecinos, más la política de combate al narcotráfico, “llevó a muchas detenciones y las cárceles provinciales, que por convenio con la Nación para alojar a detenidos de causas federales, están desbordadas. El accionar de la Gendarmería o la Prefectura deja detenidos en las cárceles de Misiones y esto genera un costo que debe afrontar la Provincia cuando les corresponde a la Nación y genera, además hacinamiento”, aseguró.

Detenidos por delitos ordinarios y federales

En las comisarías de Misiones hay detenidos por delitos ordinarios y por delitos de carácter federal y ellos causa inconvenientes, no sólo por la mantención sino, también, por el costo que implica los traslados y la seguridad cuando son citados por la Justicia.
Esta situación, aseguró- están en conocimiento de las autoridades nacionales como el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina, Germán Garavano, para que revea y solucione. Esta situación viene desde hace años pero se profundizó en los últimos cuatro años durante el Gobierno de Mauricio Macri, “un poco por la fuerte apuesta a la lucha contra el narcotráfico y otras situaciones de carácter federal. El Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, también lleva adelante este tipo de políticas que trae como consecuencia la detención de personas por delitos federales”.

 

-¿Esta comisión actúa solo dentro del Estado? ¿Es el Estado controlando exclusivamente al Estado?
-La principal función es la de controla el desempeño de determinadas personas que prestan servicios dentro del sistema penitenciario provincial y dentro de la policía. Pero la Ley habla de lugares de detenciones públicas y privadas, donde hay personas privadas de su libertad. Pueden ser por orden judicial, administrativas, como hogares de niños y de ancianos. Hacemos trabajos en estos hogares, donde nos encontramos con problemáticas como las adicciones o los que delinquen a temprana edad. Con la diputada Mariela Aguirre trabajamos en el programa de prevención de adicciones y se aborda la problemática de los menores con conflictos con la ley y que consumen estupefacientes. Hacemos trabajos articulado, interinstitucional con todos, para dar soluciones y evitar hechos de maltrato y tortura. Apuntamos a la resocialización de la persona privada de su libertad. Intentamos dar las herramientas con otras áreas del Estado, para darles algún oficio, herramientas o recursos para que tengan una vida digna cuando salen.

 

-¿Con qué se encuentran en los lugares de encierro?
-Encontramos situaciones variadas. Trabajamos sobre lo que denominamos situaciones sistemáticas. Cuando son hechos aislados, intervenimos. Pero cuando dejan de ser aislados y pasan a ser continuos, cuando hay poco tiempo entre uno y otro y nos da la pauta que es una práctica constante y que se replica en otras comisarías, o reparticiones, deja de ser aislado y es un hecho de carácter general. Siempre abordamos, cuando sea un caso particular y si se repite, en esos casos tomamos medidas y activamos los protocolos para que esas prácticas no se generalicen.

 

-¿Las actuaciones son solo administrativas o incluyen denuncias?
Si, denunciamos. En lo que va del año tenemos 10 denuncias penales. Las denuncias por delitos no son contra el Estado sino contra las personas que cometen los delitos, sin perjuicio de que muchas veces los responsables de los lugares de detención y aunque no tengan participación directa, también son responsables. El código penal también sanciona a las personas responsables de la institución, a quien por acción o por omisión permite estas prácticas. O quienes no arbitran medidas teniendo conocimiento de estas prácticas, y no evitan que sucedan estos hechos.

-¿Es necesaria entonces esta comisión en Misiones?
-No tenemos grandes problemas con respecto a la población carcelaria y de detenidos. Misiones tiene 1500 detenidos en unidades penitenciarios y otros 500 en las 130 comisarías de la provincia (de estas 500, unas cien son por delitos federales). Son, entonces, unas 2000 personas que no son inmanejables. Siempre digo que lo que encontramos en su gran mayoría son casos aislados: la Policía de Misiones tiene más de 9 mil personas y es lógico entender que algunas de esas personas no se manejen de forma correcta pero no por ello podemos decir que toda la fuerza de la policía es mala. Es importante detectar el caso, seguir, evaluar y estar atento para que no se replique. Si cortamos de raíz, si se toman las medidas –hay muchas herramientas- y cortamos esa práctica, evitamos que se generalice.

 

-¿Hacen públicas esas situaciones?
-Sí. La utilización de los medios, al hacer pública estas prácticas, ayudan como actores de difusión, más allá de lo que hacemos desde lo administrativo como sumarios que significan llamados de atención o despidos; más allá de lo penal donde la Justicia investiga la existencia del delito (este años fueron 10 denuncias y el año pasado fueron 23). Vamos agotando etapas. Nos llevó mucho tiempo recorrer y tener una evaluación y un diagnóstico. Fuimos desplegando estrategias de trabajo y a medida que pasa el tiempo, las profundizamos. Ahora comenzamos con una herramienta que nos da resultado: los habeas corpus colectivos y correctivos abarcan a un grupo de personas y no son hechos aislados. Lo aislado siempre aparece, pero cuando es una práctica general actuamos. Por ejemplo, en la comisaría de Iguazú, con un estado de hacinamiento muy grave. Tiene capacidad para 30 pero habían más de 60 detenidos por delitos de carácter federal y en su mayoría extranjeros que no tiene familiares, que el Estado debe proveerle la alimentación pero no está presupuestado porque no es competencia de Misiones y donde los agentes, muchas veces de sus propios recursos, los ayudan incluso con cigarrillos o yerba. Presentamos un habeas corpus en el Federal de Eldorado y ordenaron que sean trasladados. Con eso pudimos descomprimir esa comisaría que pasó otra vez a funcionar mejor.

 

-¿Cuándo un caso es considerado tortura y cuando es sólo violencia? ¿O no hay diferencias?
-La diferencia entre el maltrato y el delito está dado por la magnitud. Un maltrato es una conducta donde por ejemplo no le dan agua en forma constante o no les permiten el acceso a los baños, cuando la comida es deficiente –por la razón que sea- o cuando hay maltrato verbal y hostigamiento. Eso pone a la persona en estado de vulnerabilidad. Muchas veces buscan eso con los maltratos. No darte agua o no darte un abrigo cuando hace frio es maltrato, pero se soluciona por vía administrativa. No podemos denunciar que no les acercan una frazada. Pero cuando existen golpes, amenazas, privaciones ilegítimas de libertad, apremios, con tendencia a obtener una determinada conducta y con las características que significan delitos, ponemos en conocimiento de la Justicia. Denunciamos.

RP – Misiones Plural