La ley de las emergencias que acaba de tener media sanción en el Congreso de la Nación y se debatía esta tarde en el Senado, tiene un hilo conductor en la articulación de las dimensiones sociales y económicas. Introduce en la agenda política el inicio de una transición de políticas de libre mercado y de inserción neocolonial en el mundo, hacia un modelo de regulaciones y fortalecimiento del estado – nación como organizador del contrato social. Más allá de lo que prescribe específicamente cada articulado de la Ley, leída en forma articulada cobra sentido en la pregunta: ¿cuánta desigualdad tolera la democracia?

Viernes, 20 de diciembre de 2019. La ley de las emergencias que acaba de tener media sanción en el Congreso de la Nación y se debatía esta tarde en el Senado, tiene un hilo conductor en la articulación de las dimensiones sociales y económicas. Introduce en la agenda política el inicio de una transición de políticas de libre mercado y de inserción neocolonial en el mundo, hacia un modelo de regulaciones y fortalecimiento del estado – nación como organizador del contrato social.
Este espíritu de la ley que puede resumirse en el combate a la desigualdad, a pesar de las 19 horas de debate, en Diputados sólo pudo percibirse en lo subyacente de las exposiciones ya que los legisladores de la oposición se encerraron en una actitud negacionista. El “no hay tierra arrasada” apareció en varios discursos de los diputados de ex Cambiemos que no perdieron el hábito de manipular verdades con el manejo distorsionado de los indicadores para respaldar la afirmación de Macri de que deja las bases estructurales para el crecimiento de la Argentina. Más allá de lo que prescribe específicamente cada articulado de la Ley, leída en forma articulada cobra sentido en la pregunta: ¿cuánta desigualdad tolera la democracia?
Impone una agenda política que remite a la teoría de la transición. No es casual las referencias a Raúl Alfonsín que viene haciendo en sus discursos el presidente Alberto Fernández, como tampoco casual el rescate de las figuras del gobierno de Eduardo Duhalde. Fueron gobiernos con el mandato de reconstruir el tejido social y productivo destruido por las experiencias neoliberales de los gobiernos que los antecedieron.
Es notorio que el presidente Fernández se cuida hablar de refundaciones, pero la lectura de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aunque no define un programa de gobierno tiene una clara pretensión de modificar en 180 grados todas las políticas del macrismo, no sólo atendiendo a los sectores vulnerados, sino, como observamos, a las desigualdades generadas al interior de esos sectores, el industrial, el comercial, el productivo y el asalariado.
La desigualdad social se caracteriza por una concentración desproporcionada de los ingresos en el decil superior. Se ha visto agudizada, además, por el aumento de la pobreza, que en los últimos cuatro años ha impactado en los sectores medios de la Argentina.
De acuerdo al informe sobre la Evolución de la Distribución del Ingreso según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), del segundo trimestre del año, el 10% de las familias más ricas de la Argentina posee el 31,9% de la riqueza total del país mientras que en el otro extremo el 10% más pobre apenas accede al 1,6% de la riqueza.
Es decir que la brecha que separa a ricos de pobres es cada vez mayor. La devaluación y la disparada de la inflación en el último año llevó a un aumento de 18 a 20 veces la brecha que separa los ingresos familiares entre el decil más rico (hace un año se quedaban con el 31,2% de la riqueza, ahora con el 31,9%) y el decil más pobre (pasó del 1,7% a 1,6%).
El coeficiente de Gini subió de 0,422 a 0,434 entre los segundos trimestres de 2018 y 2019.
Cabe señalar que el coeficiente de Gini es un indicador de desigualdad en la distribución del ingreso que toma en cuenta cómo se reparte la totalidad de los ingresos de la población. Es un indicador que varía entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1, mayor es la desigualdad en la distribución del ingreso y pasa lo contrario cuando se acerca a cero (igualdad absoluta).
De acuerdo con la serie medida por el Indec el índice de Gini mantiene una tendencia al alza (mayor desigualdad) desde el segundo trimestre del año pasado, con la recesión, el menor empleo y el deterioro de los ingresos de la población trabajadora y de los jubilados.
Todos los datos hablan de una regresión en la distribución del ingreso, provocada por la caída del poder adquisitivo, pero también por la concentración de la riqueza en menos manos.
La ley atiende también el fenómeno de la disparidad salarial en la Argentina, dato objetivo que marca una tendencia que se acentuó durante el gobierno de Macri, pero que no es un hecho aislado y novedoso sino comprendido en el marco de un reconocimiento de los rasgos característicos del proceso de desarrollo histórico del país.
Es un fenómeno de concentración que se reproduce entre los asalariados de los sectores más dinámicos de la economía, que no se reduce aún en los períodos de crecimiento del PBI.
Renta diferencial
Sin abundar en datos la desigualdad social en los ingresos, no se puede negar que el fenómeno se reproduce entre los asalariados y entre los haberes de los jubilados.
Es una realidad. Hay jubilaciones de 14 mil pesos y jubilaciones de 60, 80 y más de 100 mil pesos. Sin cuestionar los derechos adquiridos, cabe preguntarse cuál es el ingreso de jubilación justa. Tiene que ver con los precios relativos de la economía. Una jubilación que alcance para sostener la vivienda, sea alquilada o propia, pagar los servicios, la salud, la alimentación, la vestimenta y el ocio, sería adecuada.
El primer ministro de Hacienda de Cambiemos, lanzó una frase contundentemente simbólica cuando se produjo el primer tarifazo de la luz y el gas: “tienen el valor de una pizza”. Desde su reducida cosmovisión no hizo más que poner sobre la superficie la condición de clase. Nada es para algunos pagar 2 mil pesos de luz cuando son lo que se gasta el domingo a la noche en el delivery de pizza.
El flamante gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene una contrafase que refuta desde una perspectiva popular la concepción elitista de Prat Gay cuando al anunciar el congelamiento de las tarifas de los servicios dijo: “Si no se puede pagar no es una tarifa sino una estafa”.
Un jubilado que tenga un haber de 60 mil pesos, por ejemplo puede pagar esa tarifa, un jubilado que gana 14 mil pesos no puede pagarla. Un ingreso de 60 mil pesos está lejos de ser un ingreso de alto nivel adquisitivo, pero alcanza para llegar a fin de mes. Alcanza porque tres millones de jubilados tienen la mínima y haber promedio es de 22 mil pesos.
¿Se puede hablar de una renta diferencial en el mismo sentido de la renta diferencial de la tierra?
Este un concepto de economía política que define el excedente de la ganancia por encima de la ganancia media obtenida en las tierras de mayor fertilidad. Es un concepto que se referencia en la relación con las ganancias socialmente necesarias. En la yerba, cuando se establece un precio mínimo para la hoja verde, la explotación que tiene mayor productividad en los yerbales, produce por ejemplo más de 20 kilos por hectárea cuando el precio sostén garantiza ganancias a las de 10 mil kilos, esa ganancia excedente es renta diferencial.
Volviendo a los ingresos de los asalariados y jubilados, la gran masa que cobra menos de la media, está sosteniendo el excedente de los que cobran más.
Tiene los mismos fundamentos de las retenciones.
Es la injusticia y la desigualdad que interpretamos atiende la ley titulada “de solidaridad social y reactivación productiva”, que declara la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.