Fernando Esteche –dirigente, exQuebracho- asegura que deuda externa y lawfare son dos herramientas que van juntas para dominar y someter. De paso por Posadas, habló de su confianza en Alberto Fernández y de la arremetida judicial y policial en América del Sur. Para recuperar la región bolivariana “estamos muy mal desde los Gobiernos, pero en muy buenas condiciones en cuanto a los pueblos y las organizaciones”, aseguró.

Por Raúl Puentes.

Lunes 17 de febrero de 2020. El Poder Judicial argentino está colonizado y fue usado como matriz de dominación. Lawfare y deuda externa son los dos elementos de esa dominación. Son dos condicionantes estructurales pero también dos condicionantes estructurantes de la producción política, que condicionará la construcción de un proyecto verdaderamente popular. Y están colonizados porque la Justicia y la policía argentina se formaron en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica.
En un patio de tierra y bajo un frondoso árbol, Fernando Esteche habló con Misiones Plural poco antes de la charla que ofreció, el jueves pasado, en el local partidario del Frente Patria, sobre la avenida Tierra del Fuego, en Posadas.
Es parte de las visitas que realizaba por todo el país para conversar, mano a mano, con sus compañeros de la Aníbal Verón y del Frente Patria. “Se cortó porque estuve preso”, explica el dirigente social y exintegrante del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, el frente de diversas organizaciones populares conformado hace unos 30 años -hoy ya desaparecido-. En la actualidad, está abocado, dice, a una gran alianza bajo el nombre de Patria para Todos, donde cuenta con dirigentes como Amado Boudou y Julio De Vido.
En su mirada sobre lo que llama la colonización judicial, el dirigente lamenta que la Corte Suprema de Justicia argentina siga con los mismos integrantes que tuvo durante el Gobierno de Mauricio Macri, a quienes responsabilizan del lawfare. Sostiene que si todo sigue igual, “no hay proyecto popular posible” para el país ni para los dirigentes a los que –asegura- pretenden proscribir.
Respecto a la reunión del jueves pasado en Posadas, dijo que “son reuniones para compartir miradas y reflexiones sobre la política nacional y la política de la provincia y una charla abierta donde expondremos nuestra mirada de cómo está el país, desde el lanzamiento de la candidatura de Alberto Fernández y de qué podemos esperar a futuro”.

-¿Y cómo está el país?
-La candidatura de Alberto Fernández respondió a una lectura muy ajustada de Cristina Fernández de Kirchner tanto de la correlación de fuerza nacional como de la regional. El Frente de Todos construye, en ese marco, una propuesta que termina siendo exitoso aunque el Gobierno asume con dos condicionantes estructurales: la deuda externa y el lawfare. Esos condicionantes estructurales son también condicionantes estructurante de la producción política –sobre cómo irá a resolverse- y eso condicionará la construcción de un proyecto verdaderamente popular.

-Venís hablando justamente de estos condicionantes estructurales y estructurantes. ¿El Gobierno de Frente de Todos lo podrá resolver? ¿Cómo lo resuelve?
-Alberto Fernández puede llevar adelante la gestión que el pueblo le encomendó a través del voto, pero dependerá mucho de la correlación de fuerza entre el Gobierno argentino y el acreedor, que es el Fondo Monetario Internacional (FMI), en una negociación de cuanto estén dispuestos a avanzar. Si Argentina no logra una postergación y quita, una reducción de pago para los próximos años, es muy difícil pensar en una economía posible. Tenemos dos años de cepo, de fuga de riqueza; a través del pago de intereses de capital de deuda no tenemos manera de salir adelante y si el FMI no lo entiende, será difícil. Pero también hay que constituir una comisión bicameral que revise la deuda. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo el miércoles que hay responsabilidades incluso de los acreedores que dieron préstamos violando artículos (del reglamento del propio organismo internacional) más la picardía de los bonistas privados de adquirir bonos argentinos a tasas impagables, que también tienen responsabilidad. Pero hay una responsabilidad penal, civil y política del Gobierno anterior (de Mauricio Macri) que contrajo esa deuda a intereses y plazos impagables. Todo eso queda por dilucidar. Hay que ver si el FMI permite que Argentina no se ahogue y hay que plantear una quita. Si no se avienen a esto, hay que plantear que el FMI es parte de una guerra contra la Argentina.

-¿Deuda externa y lawfare van juntas, indefectiblemente, en el caso de nuestro país… de nuestros países?
-El Lowfare es una matriz de dominación que no es indisoluble de la deuda externa. Son dos manos de una misma tenaza. Se da con Dilma y Lula en Brasil; con Jorge Glas (preso desde octubre de 2017. Glas fue vicepresidente de Rafael Correa y vicepresidente de Lenin Moreno) y Rafael Correa en Ecuador; se dio en Colombia, en Paraguay, en Honduras. Y se dio en Argentina con casos emblemáticos. Hace poco señalé caso por caso, que son causas que además tienen a compañeros detenidos, que están pagando el lawfare con su cuerpo. Acá, el objetivo era la proscripción de Cristina, el condicionamiento de la producción política argentina, que hoy nos dejan presos políticos pagando por causas de este mecanismo de dominación y sometimiento. Esto lo señalé, con ejemplos y casos concretos del mal accionar de los peritos, con llamadas entre sí, con testigos extorsionados que después se convierten en arrepentidos. Los testimonios de (el falso abogado Marcelo) D’Alessio que son lo que mantienen preso a (Julio Miguel) de Vido y por mucho tiempo a Roberto Baratta. El procesamiento de (el fiscal Carlos) Stornelli en el armado de causas y que no está preso porque tiene fueros. Lo dijo Cristina en su indagatoria; lo dijo Axel Kicillof en la jura de sus ministros y lo dijo el propio presidente Alberto Fernández, que son denunciantes de esta situación. Creo que hay que tomar medidas a través del Consejo de la Magistratura o de la Corte Suprema, pero hay que tomar medidas. El lowfare se aplicó en personas concretas. Eso es Comodoro Py. Ahí están los responsables que permitieron que todo esto suceda y refrendaron cada unas de las acometidas que llevaron adelante desde los Tribunales de Comodoro Py. No hay uno más malo que otros; son distintos bandidos. (El juez federal Claudio) Bonadío no era el más malo. Son todos iguales; acá no hay santos. Esta suerte de mirada de prócer que hay sobre el juez federal Daniel Eduardo Rafecas no es tal: es quién toma la primera denuncia en el caso Ciccone (escándalo político que involucró al ex-Vicepresidente Amado Boudou y la imprenta Ciccone Calcográfica) y hoy está probado que pusieron 1,5 millones de dólares para Alejandro Vandenbroele, que es la única prueba puesta en la condena de Amado Boudou, donde actuó Rafecas con escuchas ilegales o suma liviandad. Se debería revistar la acción de cada uno de ellos, que en algunos casos pueden haber actuado así por fallas propias pero si constituye un patrón de conducta, algo hay detrás.

-Con los antecedentes de Colombia y Paraguay, ¿no fue posible prever el lowfare acá en Argentina. No lo vieron venir?
-No se puede frenar porque es una matriz que viene directamente del Departamento de Estado. Acordate que al juzgado de Bonadío le decían “la embajada”, para que te des una idea. Colombia y Paraguay son los dos experimentos de colonización judicial y policial. Sus principales cuadros, judiciales y policiales, se formaron en EEUU. El juez Sergio Moro en Brasil es un emblema del lowfare y Odebrecht es una empresa montada para corromper; fue creada para ese fin; funcionan así. Fijate que en Perú de los últimos cinco presidentes, cuatro están presos y hay uno suicidado. Odebrecht fue creada para corromper porque a partir de eso, determinan las condiciones y los procesos políticos en cada uno de estos países, de nuestra América. Hace cinco años era otro mapa y si ahora ponés alfileres con banderitas, te encontrás con un mapa donde los alfileres tienen, todos, las banderitas de EEUU.

-Avanzaron mucho…
-Avanzaron muchísimo. Hicieron el golpe en Bolivia; fracasó el proceso de paz en Colombia; fracasó el modelo chileno; perdió el Frente Amplio en Uruguay; proscribieron a Lula en Brasil. Por eso el Gobierno de Alberto Fernández, en ese mapa, constituye otro mapa, con una banderita que reivindica el modelo bolivariano y sanmartiniano, pero con estos dos condicionantes, deuda y lawfare, está solo. Estamos solos y en ese panorama es difícil presentar un proyecto de autonomía, en el marco de una región muy hostil.

-¿Cómo analizás lo de Chile? ¿Hartazgo o fracaso? ¿Es posible que se replique en Argentina, de manera parecida?
-No con esa forma. Lo de Chile vuela por el aire el modelo neoliberal de la riqueza concentrada y la pobreza desparramada. Pero expone la incapacidad de la democracia liberal de resolver la inequidad. Pero el verdadero fracaso no es el de la derecha de Sebastián Piñera sino de la social cristianismo y de la social democracia. Los verdaderos derrotados es el progresismo chileno que hizo gestión y no resolvió esa diferencia. Y ahora, el gran problema de Chile es la falta de un cause político, de una conducción. Esa crisis de representación, en Argentina, está resuelta con el kirchnerismo.

-¿Será posible la reconstrucción de un cono sur con el modelo que le atribuyen a San Martín y a Bolívar?
-Hoy estamos en una situación muy desfavorable para la construcción de una política bolivariana o sanmartiniana en cuanto a los Gobiernos pero estamos en muy buenas condiciones en cuanto a los pueblos y las organizaciones. Y eso es un apalancamiento importante para volver a construir un momento como el que tuvimos, aunque no tengamos a Néstor Kirchner, a Hugo Chávez y ahora tampoco a Evo Morales. Aún sin ellos, hay conciencia, hay identificación. Por eso creo que las malas condiciones en cuando a los Gobierno se puede modificar.

-Al principio de la nota hablaste de presos políticos. ¿Son presos políticos o son detenidos arbitrarios?
-Son presos políticos. Los de detenido arbitrario no deja de ser un delito pero creo que es una manera más amable de decir lo mismo y es una mueca de gestión atendiendo a que hay sectores fanáticos de la sociedad que están pendiente de cómo se dicen las cosas, pero estamos diciendo lo mismo. Es lo mismo. Hay gente presa porque son perseguidos políticos. Más allá de lo que pretenden algunos periodistas, algunos diarios, algunos medios, no tenemos diferencias respecto a que esto hay que resolverlo con los mecanismos constitucionales que tenemos a mano.

-¿Cuál es el sentido, hoy, de las organizaciones sociales? Y dónde deben estar, ¿adentro a fuera del Gobierno?
-Hay como dos grandes nucleamientos: Milagro Sala estuvo presa, le destruyeron todo lo que construyó y no tuvo acceso a políticas públicas durante el macrismo. Luis D Élía está preso, le destruyeron todo lo que construyó y no tuvo acceso a políticas públicas durante el macrismo. Yo estuve preso, me destruyeron todo lo que construí y no tuvimos acceso a las políticas públicas durante el macrismo. Pero otros sectores tuvieron mucho acceso a políticas públicas durante el macrismo, se enriquecieron. Hoy algunos son funcionarios de primera línea del Gobierno nacional. Vienen de una trayectoria y piensan la políica en otra clave. Nosotros, como D´Elía, Milagro Sala y tantos que se nuclean en los frente de organización territoriales por ahí, nominalmente no expresamos accesos a políticas públicas desde un Ministerio pero expresamos mucha más gente, a la que nadie le pide una parte de su salario para pertenecer. Son dos filosofías de construcción; nosotros apostamos a la construcción popular sin clientelismo político. Respecto a si las organizaciones deben estar adentro o afuera del Gobierno, entiendo que los movimientos sociales no son los actores importantes que pretenden los medios o las propias organizaciones sociales. Para mí la producción política argentina pasa por el movimiento obrero organizado, los sectores medios, y en tercer lugar, los movimientos sociales. Si pueden participar de la gestión, sin la picardía de trabajar para ellos, bienvenidos sean. Los movimientos sociales nacieron interpelando al Estado, no están para administrar miserias, a mi entender. No me parece mal si alguno quiere ser funcionario y el hecho de ser funcionario ayuda a los movimientos sociales. A los dos hay que atender con respuestas.

-¿Cuál es la situación judicial de Fernando Esteche?
-Estoy procesado con elevación a juicio por encubrimiento agravado por la causa AMIA, donde está procesada Cristina Kirchner y estuvo Héctor Timerman, junto a otros 20 funcionarios más de Gobierno. Estamos esperando el juicio o la revisión si es que llega un momento de sensatez. Pero el juicio será un interesante momento de reivindicación individual. Si llegamos al debate oral me permitirá reivindicarme, más allá del resultado del juicio, porque la verdad judicial nunca tiene nada que ver con la verdad histórica.