Desde el inicio de las investigaciones, el expresidente Lula da Silva, reafirmó su inocencia y denunció que fue víctima de la mayor mentira jurídica de la historia de Brasil. Ahora, el Comité de DDHH de la ONU concluyó que el exjuez del Lava Jato, Sérgio Moro, fue parcial en su juzgamiento de las causas contra Lula. Y consideró que los derechos políticos del expresidente fueron violados en 2018 cuando se impidió su candidatura presidencial.

Jueves 28 de abril de 2022. El Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó este miércoles que el exmagistrado Sérgio Moro fue parcial durante los juicios relacionados con la operación Lava Jato contra el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión del organismo internacional es declarada tras seis años de análisis del caso en Ginebra, indicando como conclusiones que los derechos políticos del expresidente brasileño fueron violados.
La declaración del ente es considerada como una obligación legal que debe ser acatada por el Estado de esa nación suramericana, en estricto cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la nación.
De acuerdo con el Comité, el análisis de admisión del caso Lava Jato ha concluido, pero la decisión final sobre la investigación se presentará en mayo próximo, tras una reunión entre 18 peritos del organismo.
La demanda se presentó durante el año 2016 por los abogados defensores del exmandatario Lula, en la cual se precisó la irregularidad manifestada por el exjuez Moro en violación del tratado internacional.
En consonancia, el Comité de Derechos Humanos admitió la denuncia en octubre de 2016, cuando acordaron iniciar el proceso de análisis de la misma.
Cabe destacar que, para admitir una demanda, el organismo debe puntualizar si el sistema judicial del país involucrado no dispone de las garantías de independencia requeridas para atenderla.

Le impidieron participar de las elecciones
El juez condenó a Lula a nueve años de prisión por presunta participación en dos casos de corrupción. Un tribunal extendió esa pena a doce años, impidiéndole participar en los comicios presidenciales de 2018. En 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia por parcialidad del magistrado del caso. Ahora, el Comité de Derechos Humanos de la ONU aseveró que la investigación y el enjuiciamiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva violaron su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos.
El Comité presentó este jueves sus conclusiones sobre la denuncia presentada por el exmandatario sobre cómo fue llevado a juicio en la investigación de corrupción más grande de la historia de Brasil.
Los expertos del Comité reconocieron la obligación de los Estados de indagar y enjuiciar a los funcionarios públicos independientemente de su jerarquía, pero subrayaron que estas averiguaciones deben realizarse dentro del marco de la ley.
Lula da Silva fue presidente de Brasil de 2003 a 2010. En 2016 se le investigó por supuesta participación en dos casos de la “Operación Lava Jato”, una amplia indagación criminal que destapó la corrupción entre la empresa estatal de petróleo y gasolina, Petrobrás, varias empresas constructoras y políticos brasileños para obtener fondos secretos de campaña. La investigación estuvo a cargo del exjuez federal en lo Penal Sergio Moro.

Escuchas y arresto
Durante las pesquisas, Moro aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, de su familia y su abogado, divulgando el contenido de las escuchas telefónicas a los medios de comunicación antes de formular cargos formalmente.
El exmagistrado también emitió una orden judicial de detención a Lula para interrogarlo. La orden se filtró a la prensa, lo que dio lugar a fotografías de Lula que lo hicieron aparecer como si estuviera arrestado.
El Comité explicó que la orden de arresto violó la ley interna y el derecho a la libertad personal de Lula y que las escuchas telefónicas y la divulgación de sus conversaciones al público violaron su derecho a la privacidad.
“Los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado; sin embargo, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso”, dijo Arif Bulkan, integrante del Comité.

Sentencia
Luego de los abusos que condujeron al arresto del expresidente, en julio de 2017 Moro lo condenó a nueve años de prisión y en enero del año siguiente, el Tribunal Regional Federal extendió la sentencia a doce años. Con apelaciones pendientes de dictamen, Lula empezó a cumplir la pena en abril de 2018.
Ese mismo año, el Tribunal Superior Electoral rechazó la candidatura de Lula da Silva a los comicios presidenciales de octubre puesto que la legislación del país impide que cualquier persona condenada por ciertos delitos y bajo ciertas condiciones pueda postularse para un cargo público, incluso si hay recursos pendientes. El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ganó esas elecciones.
La condena de Lula fue anulada en 2021 por el Tribunal Supremo Federal, que consideró que el exjuez Moro no tenía competencia para investigar y juzgar los casos. Derogó asimismo la investigación sobre la base de que el exmagistrado no se consideraba imparcial.

Violaciones sin reparación
El Comité de Derechos Humanos señaló que si bien el Tribunal Supremo Federal anuló la condena y el encarcelamiento de Lula en 2021, “estas decisiones no fueron lo suficientemente oportunas ni efectivas para evitar o reparar las violaciones”.
Para los expertos, la conducta y otros actos públicos del exjuez Moro violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial y sus actuaciones y declaraciones públicas, al igual que las de los fiscales, violaron el derecho del exmandatario a la presunción de inocencia.
Además, el Comité consideró que estas violaciones de procedimiento hicieron que la prohibición de Lula de postularse para la presidencia fuera arbitraria y, por lo tanto, transgrediera sus derechos políticos, incluido el de postularse a un cargo.
Finalmente, el Comité instó a Brasil a garantizar que cualquier otro proceso penal contra Lula da Silva cumpla con las debidas garantías procesales y que no permita violaciones similares en el futuro.