La especialista en ambiente y autoridad provincial en Cambio Climático participará este viernes del panel sobre mercados de carbono del seminario por los 80 años de la Asociación Forestal Argentina. Misiones llega al encuentro con un programa jurisdiccional REDD+ validado bajo el estándar Verra, más de 10,9 millones de créditos certificados y un esquema diseñado para distribuir los eventuales beneficios económicos entre bosques, comunidades, municipios y otros actores. El desafío central pasa por convertir la conservación de la Selva Paranaense en una fuente de financiamiento estable, verificable y compatible con las reglas del mercado internacional.

Jueves 20 de agosto de 2026. La discusión sobre el futuro de la forestoindustria argentina tendrá este viernes en Posadas uno de sus capítulos centrales: la relación entre bosques, competitividad, inversiones y mercados de carbono. En ese escenario, Silvia Kloster, abogada y especialista en ambiente, autoridad provincial en materia de Cambio Climático y columnista de temas ambientales de Plural, participará del panel “Mercados de carbono” del seminario organizado por la Asociación Forestal Argentina (Afoa) por su ochenta aniversario.
El encuentro se desarrollará desde las 9 en el Salón Prosas del Centro del Conocimiento y reunirá a más de 20 especialistas, empresarios, funcionarios y referentes nacionales e internacionales del sector forestal. La agenda incluye seis paneles dedicados al escenario internacional, nuevas inversiones y agregado de valor, mercados de carbono, infraestructura portuaria, las regionales de AFoA y los desafíos políticos y productivos de la actividad.
El panel que tendrá a Kloster como protagonista adquiere una dimensión particular para Misiones. La Provincia convirtió la conservación de sus bosques nativos en una política vinculada a un instrumento financiero que busca asignar valor económico a una función ambiental: evitar la deforestación y la degradación forestal y sostener la capacidad de los ecosistemas para capturar y almacenar carbono.
El Programa Jurisdiccional JNR REDD+ de Misiones abarca todo el territorio provincial, incluido el Corredor Verde, y comprende tanto tierras públicas como privadas. El período de acreditación se extiende desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2036. Su objetivo consiste en generar créditos de carbono a partir de emisiones evitadas mediante la reducción de la deforestación y la degradación del bosque nativo y mediante prácticas de manejo sostenible.
La dimensión financiera de ese proceso comenzó a adquirir una escala concreta durante 2026. Según información oficial del Gobierno provincial, Misiones cuenta con más de 10,9 millones de créditos de carbono certificados correspondientes al período 2017-2022. El programa tomó como referencia un territorio de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas de bosques nativos y registró una reducción de la tasa anual de deforestación de 21.500 hectáreas a 5.700 hectáreas durante ese período.

El modelo misionero

En junio, además, el Gobierno provincial informó que la certificación internacional validó la absorción de más de unos 10 millones de toneladas de dióxido de carbono y presentó el proceso como un paso hacia la emisión de certificados con respaldo nacional y el ingreso de Misiones al mercado regulado de carbono.
La cifra, por sí sola, explica el interés económico del proceso. También expone el problema que aparece inmediatamente después: cuánto vale cada tonelada de carbono evitada o capturada, quién puede comercializarla, bajo qué reglas, quién controla la operación y cómo se distribuye el dinero generado.
Ahí aparece uno de los aspectos centrales del modelo misionero. El Programa JNR REDD+ incorpora un sistema de Medición, Reporte y Verificación —MRV— destinado a otorgar trazabilidad a las reducciones de emisiones. El esquema combina imágenes satelitales, inventarios, modelos y datos de campo; establece mecanismos de reporte de metodologías y niveles de incertidumbre; y contempla auditorías para verificar la confiabilidad de la información. El sistema provincial de monitoreo detecta la pérdida de bosque nativo cada 15 días mediante imágenes Landsat y Sentinel y herramientas de procesamiento geoespacial.
La lógica es determinante: en un mercado en el que una reducción de emisiones se transforma en un activo comercial, la conservación necesita demostrar que ocurrió, cuánto carbono involucra y que ese resultado no fue contabilizado dos veces.
El programa también contempla un Sistema de Información de Salvaguardas. El mecanismo incorpora los criterios establecidos por las Salvaguardas de Cancún y contempla participación efectiva, derechos de los pueblos originarios, biodiversidad, monitoreo participativo y mecanismos de resolución de conflictos.
La distribución del eventual ingreso económico constituye otro de los puntos que diferencian el modelo. El mecanismo provincial prevé un fideicomiso de administración con tres cuentas. El 30% está destinado al Fondo de Desarrollo Sustentable; otro 30% corresponde a la Cuenta Bosques y el 40% restante al funcionamiento del programa. Dentro del Fondo de Desarrollo Sustentable se contemplan recursos para pueblos originarios, municipios, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, pequeñas y medianas empresas e instituciones educativas. La Cuenta Bosques incluye pagos directos a privados y un esquema específico para pequeños propietarios de hasta 50 hectáreas.
La arquitectura financiera revela que el mercado de carbono representa para Misiones algo más amplio que una operación comercial. La provincia intenta construir un mecanismo para transformar un servicio ecosistémico en recursos destinados a sostener la conservación y, al mismo tiempo, reconocer económicamente a quienes participan de ella.
Ese punto resulta especialmente relevante para una provincia cuya economía forestal convive con una de las superficies de bosque nativo más importantes del país. La actividad productiva requiere plantaciones, industria, infraestructura, energía y logística; la conservación, en cambio, exige mantener en pie el bosque nativo y reducir las presiones que provocan su pérdida. El mercado de carbono aparece precisamente en la zona de contacto entre esas dos dimensiones.
La estrategia provincial establece además una meta climática de largo plazo. El Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático y la Estrategia Provincial REDD+ apuntan a reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación, aumentar la captura mediante restauración y manejo sostenible y avanzar hacia un escenario de carbono neutralidad de los gases de efecto invernadero en 2050. Para 2030, el documento provincial fija como objetivo alcanzar emisiones netas anuales inferiores a 2,13 millones de toneladas de CO₂ equivalente y fortalecer la adaptación de las comunidades, los sistemas productivos y los ecosistemas.
El desafío ahora se traslada del plano ambiental al financiero y político. El propio material preparado para la exposición de Kloster identifica varios obstáculos. Entre ellos aparecen la necesidad de autorización de la autoridad nacional para transformar determinados créditos en Unidades de Resultado de Mitigación Transferibles o ITMOs, los mecanismos de ajuste correspondientes, la alineación con la normativa nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales previstos por el artículo 6 del Acuerdo de París. También señala la volatilidad de los precios, los cambios en la demanda del mercado voluntario y las condiciones específicas vinculadas al esquema internacional de aviación CORSIA.
En otras palabras, tener créditos certificados constituye apenas una parte del proceso. El valor económico final depende de la calidad del activo, de la confianza que genere, de las reglas bajo las cuales pueda comercializarse y de la demanda internacional.
El debate sobre el precio del carbono adquiere así una relevancia particular. El propio documento provincial plantea como interrogante cuál sería un precio justo para el carbono y advierte sobre la diferencia de valoración entre las soluciones basadas en la naturaleza y otras formas de remoción de dióxido de carbono.
Para Misiones, esa discusión tiene una consecuencia concreta. El bosque nativo posee un valor ambiental que durante décadas quedó fuera de las cuentas económicas tradicionales. La posibilidad de generar ingresos mediante la reducción de emisiones pretende incorporar ese valor a la economía sin transformar al bosque en un simple recurso financiero.
La condición para que ese modelo resulte sostenible pasa por la transparencia. La trazabilidad de los créditos, la ausencia de doble contabilización, la verificación independiente, la participación de las comunidades, la protección de los derechos de los pueblos originarios y una distribución verificable de los beneficios forman parte del núcleo del programa. El propio esquema establece que los propietarios de bosque nativo pueden desarrollar proyectos REDD+ individuales, pero deben registrarlos para evitar una doble contabilización; quienes optan por esa vía quedan fuera del programa jurisdiccional y asumen sus propios costos y riesgos.
Ese entramado explica por qué el debate llega al seminario de AFoA en un momento particular. La agenda forestal argentina empieza a incorporar con mayor peso conceptos que hasta hace pocos años pertenecían casi exclusivamente al ámbito ambiental: créditos de carbono, mercados voluntarios y regulados, proyectos de naturaleza, trazabilidad, certificación, financiamiento climático y mecanismos de distribución de beneficios.
Afoa eligió precisamente ese cruce como uno de los ejes de su celebración por los 80 años. La entidad definió para el encuentro de Posadas una agenda que vincula inversiones, competitividad, comercio internacional, agregado de valor, mercados de carbono e infraestructura logística. La segunda jornada, prevista para el sábado 22, trasladará la discusión al territorio con visitas técnicas a establecimientos forestales e industriales de Virasoro, Corrientes.
En ese contexto, la participación de Kloster permitirá poner sobre la mesa la experiencia de Misiones desde una perspectiva que combina política ambiental, gestión pública y financiamiento climático. La provincia ya atravesó la etapa inicial de diseñar el programa y someterlo a estándares internacionales. Ahora enfrenta la parte más compleja: demostrar que la conservación puede generar un flujo económico consistente, que ese flujo puede distribuirse con reglas claras y que el carbono puede convertirse en una herramienta para sostener el bosque sin reducir la discusión ambiental a una transacción financiera.
El desafío global que plantea el título del seminario de AFoA tiene, en Misiones, una traducción concreta. La provincia posee un activo ambiental que el mundo demanda cada vez con mayor intensidad: bosques capaces de almacenar carbono, conservar biodiversidad, proteger agua y sostener servicios ecosistémicos. La discusión que llegará este viernes al Centro del Conocimiento gira alrededor de una pregunta decisiva: cómo transformar ese valor ambiental en desarrollo económico sin consumir el capital natural que le da origen.
La respuesta determinará buena parte del futuro de los mercados de carbono en Misiones y también la capacidad de la forestoindustria regional para insertarse en una economía mundial que incorpora, cada vez con mayor fuerza, el costo ambiental de producir.