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A través de un proyecto del Pays, la Legislatura misionera repudió la tragedia de Salto Encantado, donde perdieron la vida ocho tareferos. El diputado Sereno pidió más control y un fondo de reparación histórica para las víctimas de la explotación laboral en la yerba mate y pensiones vitalicias para familiares de estas víctimas. Lamentó que Ramón Puerta, “denunciado por explotación laboral, sea Embajador en España, nombrado por el Gobierno nacional”.

Posadas (Lunes 20 de junio). La Legislatura misionera aprobó sobre tablas el Proyecto de Declaración de los diputados del Partido Agrario y Social (Pays) que repudió el accidente conocido como tragedia de Salto Encantado donde ocho tareferos perdieron la vida en junio de 2013. Los trabajadores eran trasladados de manera irregular sobre un camión sin frenos, que finalmente se desbarrancó.
A tres años de esa tragedia, el diputado Martín Sereno dijo que en el recinto que ese accidente “mostró y sigue mostrando las condiciones precarias del trabajo de los tareferos, porque no fue la única masacre”.
Recordó que en 2013 “también murió un bebé atropellado por un camión de la cosecha yerbatera; en 2014 un camión chocó contra un poste de luz y electrocutó a un compañero; en 2008 falleció una mujer tarefera en similares condiciones. Hace tres semanas, cerca de la Gruta India, hubo otro choque y murieron cinco trabajadores. Todo esto demuestra que la industria yerbatera se enriquece a costa de no cumplir la Ley y ni el Estatuto del Peón Rural que en sus artículos establece condiciones dignas de traslado, de vivienda, de trabajo, de alimentación y de contrato”, enfatizó.
En ese sentido recordó diferentes artículos de la Ley 26727/11 que especifican “condiciones dignas que lamentablemente no se están cumpliendo. En Misiones hay cerca de 20 mil tareferos de los cuales sólo 10 mil están registrados. Pero no sólo el 50 por ciento de ese sector está en condiciones irregulares, sino que los registrados tampoco tienen las garantías de la ley, porque encontramos recibos de sueldo de 600 pesos mensuales. Y además, siguen viajando en camiones inseguros y acampando bajo lonas de plásticos. Mientras tanto la yerba, el tercer pilar económico de nuestra provincia, está generando muerte y hambre”, se quejó en la Legislatura.

“Tenemos la responsabilidad de denunciar”
El diputado Sereno expresó que la riqueza que produce la yerba queda en un puñado de empresas, en un complejo yerbatero “donde los dueños son explotadores como Ramón Puerta, conocido y denunciado por explotación laboral, y sin embargo hoy es Embajador en España, nombrado por el Gobierno nacional”, dijo.
Aseguró que son nueve empresas con sus principales marcas las que se están quedando con todas las riquezas: “Las Marías, Molinos Río de la Plata, Mate Larangeira Méndez, Hreñuk, Florencio Orquera, Martín y compañía y La Cachuera que, entre otras, concentran el 90 por ciento del mercado. Y de estas, las cinco más grandes acumulan más del 50 por ciento de las ventas. Tenemos la responsabilidad de denunciar estas faltas y a los responsables políticos de esta tragedia, de éstas muertes”, expresó antes de reclamar más inspectores para control.
“Es necesario replantear políticas como el cumplimiento pleno del Estatuto del Peón Rural y el Convenio de Corresponsabilidad Gremial que hasta ahora sólo es un negocio para la Uatre”, denunció.

Fondo de Reparación Histórica para víctimas de explotación laboral
Por otra parte, Sereno pidió la conformación de un Fondo de Reparación Histórica para las víctimas de la explotación laboral en la yerba mate, y pensiones vitalicias para los familiares de las víctimas de explotación.
“Por eso también vamos a ir a pedir en Buenos Aires que se debata la aprobación del Proyecto del Fondo Especial Yerbatero presentado por el Bloque de Diputados del Pays, y queremos más fiscalizaciones para lograr el blanqueo de los trabajadores tareferos, y derogar la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107 de Ley 26.727 por los que la Suprema Corte de Justicia restituyó el monopolio del poder a la Uatre, cuyo secretario general es socio del actual Gobierno nacional”, denunció.
Sereno recordó que al conmemorarse el tercer aniversario de esa masacre de Salto Encantado, “seguimos exigiendo Justicia y desde el bloque del PAyS exigimos el cumplimiento de las leyes para el campesinado, y los sectores que mantienen la productividad en nuestra provincia y se desempeñen en condiciones de trabajo dignas, que encuentren a un Estado presente regulando la relación entre las empresas y los productores”, remarcó.

Las víctimas de Salto Encantado
En la tragedia de Salto Encantado, en junio de 2013, perdieron la vida los trabajadores tareferos Miguel Ángel Miranda (de 55 años), José Francisco Piñeiro (de 42), Hugo Arturo Franco (de 33), Luis Alberto Godoy (de 31), Maximiliano Fabián Da Silva (de 26), Edgardo Ferreyra (de 17), Fernando Piñeiro (de 14) y Lucas Rodríguez Da Silva (de 14).

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