El categórico fracaso de la huelga docente, promovida para esta semana, fue la crónica de un final anunciado para las convocatorias realizadas por asociaciones que no tienen personería gremial pero ganan espacio público con respaldo de algunos medios y de las oposiciones políticas. No sólo el fallo de la Corte Suprema que encuadró el derecho de huelga sino el nuevo contexto político, con Macri y Massa exigiendo evaluaciones a docentes y los cambios de paradigma en la sociedad, son factores multicausales del aislamiento de los referentes.

Posadas (Jueves, 28 de julio). El fracaso de la huelga docente convocada para esta semana en la provincia es noticia. Por más propaganda que se haga desde algunos medios y el apoyo manifiesto de oposiciones políticas, el aislamiento social de los referentes huelguistas no se puede ocultar. Abre lugar al análisis para aproximación a entender los cambios que se registran en las relaciones de la sociedad y en el tablero de la política.

El derecho de huelga
Hay un cambio sustancial en el ejercicio del derecho de huelga en el país. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 7 de junio, dejó sentado una doctrina esencial para las relaciones laborales: el derecho de huelga posee una faceta individual, conectada a la voluntad de cada trabajador en participar de la medida, pero también implica un elemento colectivo fundamental, como es su convocatoria, que debe ser efectuada por un sindicato debidamente inscripto en el registro contemplado por la propia Constitución.
Es decir que no cualquier grupo de trabajadores vinculados entre sí por un reclamo de interés común, puede ejercer el derecho de huelga.
Desde otra perspectiva el fallo del Tribunal implica un retroceso según Hugo Yasky, Pablo Micheli y otros dirigentes que no están en la CGT. Entre las consecuencias posibles, -observa Yasky- en un conflicto en que una asamblea convoca una huelga, si no cuenta con el aval del sindicato puede ser considerada ilegal y dar lugar a un despido con causa. El fallo está desguarneciendo a los trabajadores en hipotéticas situaciones de conflicto, en que el sindicato no va en el mismo sentido que los trabajadores”. Pero al mismo tiempo entiende que es un fallo de época. Precisamente el pensamiento hegemónico impone hoy una interpretación restringida del artículo 14 bis, aunque es necesario señalar que abre el juego a gremios “por la simple inscripción en un registro especial”. Es decir que no necesariamente deben tener personería gremial.
La sentencia de la Corte interpreta el espíritu de las reformas de 1994 y asocia el ejercicio del derecho de huelga al ejercicio de la representación política que, debe realizarse a través de los partidos políticos “fundamentales para el sistema democrático”. Gremios y Partidos Políticos cobran en la Constitución una categoría central para el ejercicio de los derechos. Tienen la lógica del artículo 22 que define los alcances del sistema democrático en la Argentina desde 1853: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”
De una u otra manera, más allá de la regresividad de la sentencia, aquí en Posadas, varias profesoras de la Escuela Normal, en una de las asambleas dejaron planteados sus temores a no tener el paraguas del gremio como protección.

La huelga es a Macri
Además del factor del encuadre legal establecido por la Corte, la medida de fuerza fue convocada en un contexto político que ha cambiado sustancialmente desde la consagración de Mauricio Macri. Pareciera que los referentes huelguistas, que fueron candidatos de partidos que votaron por Cambiemos en la segunda vuelta, no toman en cuenta que el gobierno nacional es su gobierno. Los docentes no son tontos. Un breve repaso a las demandas de los huelguistas conduce forzosamente a la Casa Rosada. En las escuelas se sabe que las compensaciones salariales por el artículo 9, el incentivo y el aporte para llegar al mínimo inicial de 8.500 pesos se están cubriendo con fondos de la provincia ya que las políticas de ajustes de la Nación hacen de los atrasos un hábito. El legítimo reclamo del básico que, constituye una deuda histórica del Estado provincial, no es motivo central de las preocupaciones de los trabajadores de hoy que, ante un escenario inflacionario y de deterioro del poder adquisitivo del salario, privilegian el ingreso de bolsillo. Las demandas por el básico no son movilizadoras en tiempos de crisis y ajustes. Asimismo, ese día desde el gremio con personería que privilegia el diálogo en la lucha por los derechos de los docentes, anunciaba junto al ministro de Hacienda que al blanqueo de los salarios de los supervisores, se sumarán los niveles directivos. Esto desnuda la desconexión con el proceso de reconocimientos y logros que nutre el discurso opositor.
Tampoco son convincentes las convocatorias cuando extienden los reclamos al campo de la política como lo hicieron las cabezas de la frustrada huelga aquí en Posadas.

La evaluación docente
Cuestionar el proyecto de ley de Educación Digital presentado por el presidente del Parlamento, y a la vez pedir por la Ley de Educación General, que ellos mismo vienen boicoteando desde hace tres años, también ha agotado el poder de convocatoria. Más aún cuando el discurso exhibe ya una inocultable doble vara, para no decir hipocresía.
¿Qué dicen del desafortundo discurso de su Presidente el 9 de julio? Totalmente fuera del contexto del bicentenario, Macri dijo ese día: “… además hoy, con este día maravilloso, les quiero pedir otra cosa más que tiene que ver con que entendamos que un país es como una familia y lo que hace algún integrante de la familia siempre en algún lugar repercute sobre los demás. Ahí fue el mensaje de la empanada, que espero que hayan visto; hasta esa cosa tan pequeñita requiere el esfuerzo de muchos argentinos y que cada uno de nosotros dé lo mejor de sí. Y cuando digo lo mejor de sí, me refiero a que cada alumno se esfuerce por aprender, se esfuerce por superarse, que cada maestro ponga todo ese amor que pone en enseñarles pero también en exigirles y en evaluarlos para asegurarnos de que ellos tengan las herramientas para un mejor futuro. Y ellos también, los docentes, nuestros queridos docentes aceptar que tienen que evaluarse sistemáticamente para ver si están teniendo esas herramientas. Nuestros queridos trabajadores, la cultura del trabajo, del esfuerzo, ese esfuerzo que te lleva al camino de la dignidad, de la autoestima, de la felicidad. Pero tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien.
En febrero, en Mar del Plata, aprovechando la concentración de gente, Sergio Massa reiteraba su planteo de avanzar en una nueva ley de educación federal y leyes provinciales del área. Mantiene el fondo de incentivos pero no masivos como el que existe ahora, sino vinculado a la obligación de capacitarse y a evaluaciones en base a resultados. Explicaba que el pago basado en el rendimiento implica recompensar con algo distinto a las credenciales o a los años de experiencia, dos débiles indicadores de la eficacia docente. Sostiene la alternativa a Macri, que tuvo a las cabezas huelguistas en sus listas aquí, que el
salario basado en el rendimiento es más justo que pagar a todos por igual. También observó que este pago motiva a los profesores, y que el público respalda una conexión más clara entre el gasto en los centros y sus resultados.
Es lo que votaron. Por eso oponerse aquí a lo que proponen Macri y Massa, demonizando la ley de Educación Digital, como lo hicieron durante tres años con la Ley General de Educación, les afecta la credibilidad.

La sociedad no es la misma
Otra de las causas del aislamiento de los sindicalistas sin sindicatos, es ignorar los cambios en el comportamiento de los jóvenes que los docentes perciben en las aulas. Precisamente es lo que mueve el proyecto de Ley de Educación Digital que pretende adaptar el sistema educativo a los cambios de paradigmas de la sociedad del Siglo XXI. En una nota publicada el 3 de julio, bajo el título “Ley de Educación Digital pone foco en los cambios del paradigma socio-cultural” destacábamos que el proyecto no es autónomo de la ley General de Educación y que contrariamente a lo que denuncian acentúa la regulación del Estado y refuerza el rol de la Escuela y de los docentes.
Es así que la mirada de esta “vanguardia” se devela conservadora antes que progresista. Pero un conservadurismo de derechas porque no termina de reconocer los logros que la sociedad ha conseguido a lo largo de estos años, ni valoran lo bueno tiene el presente orden social. Su preocupación principal es conservar beneficios corporativos, su misión, ser parte activa en la creación de un clima de incertidumbres.

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