La crisis política en Paraguay se llevó puesto al canciller por firmar un acuerdo secreto por Itaipú. Fue rechazado por el Senado y calificado de “entreguista”. Los términos del acta firmada el 24 de mayo por Abdo Benítez y Jair Bolsonaro, cuando fueron conocidos actuaron como una mecha que encendió el espíritu nacionalista  que denuncia la subordinación de Asunción a Brasilia como actitud  que se remontan a la Guerra de la Triple Alianza y la destrucción del modelo industrial autónomo. Las batallas son las mismas que libran las provincias argentinas contra el centralismo porteño. Se puede decir que la rebelión por Itaipú tiene vasos comunicantes con lo que está en juego en las elecciones nacionales y pone en valor la boleta corta.

Martes, 30 de julio de 2019. La crisis política que se desató en Paraguay y que puso al presidente Abdo Benítez al borde del juicio político, tiene profunda raíces históricas y vasos comunicantes con el choque de modelos económicos y sociales que están en juego en las elecciones nacionales de la Argentina. No casualmente, intelectuales y políticos paraguayos se remonten a la masacre de la guerra de la Triple Alianza para encuadrar la crisis desatada en Itaipú. Guerra diseñada por Londres que estuvo detrás de las decisiones de Buenos Aires y Río de Janeiro. Es un dato central que tiene que ver hoy con la boleta corta ya que, si bien la guerra se le declaró a Paraguay, las provincias argentinas y sus caudillos no respaldaron los negocios de las elites porteñas y cariocas.
Acuerdo entreguista
Pero yendo por partes, el Senado de la República del Paraguay rechazó el acuerdo secreto firmado por el presidente Benítez y su par brasileño Jair Bolsonaro el pasado 24 de mayo que pretendía modificar el sistema de contratación de la potencia energética generada por Itaipú. Desde el poder político y en las calles las consignas contra el acta bilateral firmado por las cancillerías fueron calificadas de “entreguistas”.
Sucede que en ese acuerdo Paraguay renunciaba a los beneficios conseguidos en 2009 cuando el país era presidido por Fernando Lugo y Brasil por Lula de Silva.
Sucintamente: en 2009 Paraguay consiguió que Brasil reconozca a medias las asimetrías en la distribución de los recursos generados por la energía producida por la represa. Dos presidentes jugados a la integración de los pueblos empezaban a desandar las consecuencias de los oscuros negocios detrás del tratado de Itaipú, firmado en 1973 por la dictadura paraguaya del general Stroessner con Brasil, por entonces bajo la dictadura de Garrastazú Medici. Puesto que Brasil aportó la casi la totalidad de la financiación inicial necesaria para la construcción de la rerpesa, consideró que lo habilitaba a imponer a Paraguay un tratado hecho a medida para privilegiar sus propios intereses, ridiculizando al mismo tiempo el derecho a la autodeterminación y la soberanía de Paraguay sobre sus recursos naturales.
La deuda como mecanismo de enajenación
Pero el secreto de la enajenación de la soberanía paraguaya estaba en la deuda. Brasil se constituyó desde el comienzo como garante de los empréstitos contraídos para la construcción de la hidroeléctrica. Se trató de un movimiento estratégico, Brasil pudo desde el principio fijar las condiciones de los préstamos y de la utilización de los recursos obtenidos mediante esos préstamos en condiciones de abuso de derecho y de ilegitimidad totalmente manifiestos. La construcción de Itaipú, estimada en 2 mil millones de dólares en el estudio de factibilidad que precedió a la firma del tratado, finalmente costó 20 mil millones de dólares. Así, la deuda de Itaipú, que llegaba 17 mil millones de dólares cuando se había completado la construcción en 1991, lleva pagados 32 mil millones de dólares como servicio de la deuda y el acreedor es Eletrobras. Es decir Brasil. Pero las obligaciones se reparten en partes iguales entre los dos países, y hoy se estima que Paraguay debe 10 mil millones de dólares a Brasil.
Aunque el Tratado distribuye en partes iguales la producción de energía, se ven obligadas a vender los excedentes que no utilizan al precio del coste y no al pecio de mercado. Como Paraguay consume alrededor un 5% por su parte de la energía, se encuentra obligada a vender el excedente de alrededor de un 95% a Brasil al precio de coste.
Estas cláusulas de comercialización leoninas permiten a Brasil y a las empresas brasileñas de distribución de energía abastecerse a menor coste y de obtener enormes beneficios sobre el excedente de energía que entrega Paraguay.
Esta larga historia empezó a tener un giro cuando en 2009 los presidentes Fernando Lugo y Lula da Silva acordaron revisar el Tratado de las dictaduras. Lo más importante de ese acuerdo fue que, además de triplicar la compensación por la cesión de energía, se estableció que la empresa pública del Paraguay, la ANDE, podría exportar su energía excedente al mercado brasileño “a la brevedad posible”, a precio de mercado, e incluso exportar sus excedentes a terceros países (Argentina, Chile) desde el 2023. A precios de mercado, los beneficios paraguayos por la exportación de su energía podrían subir de 360 millones de dólares al año a 1.500 millones. Estos puntos son los avances que desconoció el acta del 24 de mayo que denunció el Senado.
El diputado del Parlasur, Ricardo Canese recuerda que en el 2023 vencen las condiciones económico – energéticas establecidas en el Tratado y deberán definir nuevas reglas después de 50 años.
En el qué hacer rescata las propuestas de los sectores más lúcidos de Paraguay de recuperar el manejo soberano del 100% de la energía y la potencia de Itaipú y también agrega la de Yacyretá “para incrementar el uso interno, a fin de generar más empleo de calidad, como para obtener una renta eléctrica lo más justa posible sobre el excedente exportable”.
Batallas por la soberanía hoy y hace 150 años
Mercedes Canese, Ingeniera Industrial, docente universitaria, Viceministra de Minas y Energía durante el gobierno de Lugo, asesora parlamentaria, y consultora en temas de energía e industria, vinculó las batallas por recuperar la soberanía energética con la Guerra de la Triple Alianza que se extendió desde 1865 a 1870.
Afirma que “con ella terminó un proyecto autónomo de desarrollo, la “primera revolución popular de América”, al decir del investigador norteamericano Richard Alan White. Muchas cosas terminan y empiezan con esa guerra. Termina el desarrollo sin deuda externa –único en América del Sur–; termina, debido al genocidio, el 90% de la población masculina adulta paraguaya; termina la fundición de hierro destruida por orden de las élites de Brasil y Argentina, financiados por Inglaterra; termina la tierra en manos de quién la trabaja; termina el telégrafo y termina el ferrocarril del Estado. La lista es larga.
“Empieza el endeudamiento con la bolsa de Londres que terminaría de pagarse recién en 1960; empieza la privatización de las tierras públicas; empieza el analfabetismo antes inexistente y empiezan –se fundan– los dos partidos tradicionales, que hasta establecieron el bipartidismo en Paraguay.
“Quizás para muchos habitantes de los países involucrados, esa guerra es un recuerdo vago de una clase de historia en la escuela. Para los paraguayos y paraguayas es una herida abierta, un tema de conversación cotidiano y un dolor profundo con diversas interpretaciones”.
Proyecto autónomo de desarrollo
Las reflexiones de la política e intelectual paraguaya apuntan bien a las elites de Buenos Aires y Río de Janeiro y a la estrategia del imperio de entonces para consolidar estructuras neocoloniales. Por eso, las provincias y caudillos federales se opusieron tenazmente a luchar contra los paraguayos a quienes consideraban hermanos. Al ordenar Urquiza la convocatoria a reclutamiento para la guerra del Paraguay, según Ramón Cárcamo, don Ricardo López Jordán le escribe una breve carta a Urquiza, en la que le dice:
“Usted nos llama para combatir al Paraguay. Nunca general, ese pueblo es nuestro amigo. Llámenos a pelear a porteños y brasileros. Estamos pronto. Esos son nuestros enemigos. Oímos todavía los cañones de Paysandú. Estoy seguro del verdadero sentimiento del pueblo entrerriano
Como sostiene Fermín Chávez, muchos se opusieron a esa guerra, entre otros el autor del Martin Fierro, José Hernández y Juan Bautista Alberdi, y los hombres del interior que eran reclutados a la fuerza se revelaban en Santiado, Entre Ríos, Corrientes, Catamarca, San Juan y casi todas las provincias del interior.
Para los misioneros, para el federalismo argentino esa guerra infame no es un vago recuerdo. Desde el interior de la Argentina es también una herida abierta y se siente como una derrota de los proyectos como el de Artigas y los Pueblos Libres.
La guerra fue un genocidio que espera todavía una reparación histórica, pero el objetivo central del imperio y sus satélites era la destrucción de la economía industrializada del Paraguay que demostraba hace un siglo y medio que se podía vivir con lo nuestro y proyectar un desarrollo autónomo.
Es la contradicción fundamental entre periferia y centro, entre las provincias y Buenos Aires que hoy siguen alterando las posibilidades de desarrollo de las provincias argentinas.
La crisis política desatada en Itaipú por las decisiones geopolíticas de subordinación de Asunción a Brasilia, más que una batalla por el precio del kilovatio abre una posibilidad de replantearse la matriz de desarrollo en Paraguay. Espeja en nuestro país, la histórica contradicción Nación – Provincia que, precisamente, está en la base de la decisión de la Renovación de concurrir a las elecciones presidenciales con candidatos al Congreso nacional sin depender de ningún partido que baje órdenes de Buenos Aires.