Desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura reclaman medidas excepcionales para evitar la propagación del dengue y del coronavirus en contextos de encierros judiciales. Piden un esquema de excepción para descomprimir la sobrepoblación y hacinamiento de los detenidos y prever respuesta sanitaria, entre otros aspectos, ante el dengue o eventuales casos de coronavirus.

Jueves 26 de marzo de 2020. La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) remitió sendas notas a los tres poderes de Misiones, donde solicitan una serie de medidas excepcionales sobre las personas privadas de su libertad, con la intención de “prevenir y mitigar el impacto de la expansión del dengue, el coronavirus COVID-19”, como también bajar la probabilidad que surjan medidas de protestas de parte de estos, como sucedió en otros países.
Algunas de las medidas propuestas van desde libertades anticipadas, prisiones domiciliarias –entre otras- para atenuar el impacto del dengue y de eventuales casos de coronavirus ya que los detenidos “son parte del colectivo de alto riesgo y están vulnerables, por las condiciones de hacinamientos, sobrepoblación y deficiencias estructurales de algunas dependencias, a ser, posibles focos susceptibles de contagios y propagación” de las enfermedades mencionadas.
La nota, de igual contenido, fue remitida al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de Misiones, enmarcado en el Decreto -DNU260/2020- del presidente Alberto Fernández, en el cual establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población, y que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario; como así también lo establecido por el gobernador de Misiones, Oscar Alberto Herrera Ahuad en el Decreto Provincial 331/20 de Emergencia Sanitaria y Epidemiológica para combatir el dengue y el coronavirus.
La comisión de Prevención de la Tortura recuerda, en la nota, que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) estableció un Protocolo de actuación, Orden de Servicio 08/20 para casos sospechoso de Coronavirus promulgando la suspensión temporal de beneficios y derechos que afectan directamente a las personas privadas de libertad.
En ese contexto, desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) Ley VI-N°65, “considera que la situación de las personas privadas de libertad alojadas en Unidades Penitenciarias, Comisarías, Anexos, y otros centros de detención, son parte del colectivo de alto riesgo y están vulnerables, por las condiciones de hacinamientos, sobrepoblación y deficiencias estructurales de algunas dependencias, a ser, posibles focos susceptibles de contagios y propagación del Dengue y el Coronavirus COVID-19”.

Solicitudes

En virtud de las funciones y atribuciones de la ley IV-N°65, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura -en consonancia con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y la preocupación de distintos organismos de Derechos Humanos solicitó una serie de medidas “de manera excepcional para prevenir y mitigar el impacto de la expansión del dengue, el coronavirus COVID-19, y bajar la probabilidad de medidas de fuerzas por parte de los privados de libertad, como ha sucedido en otros países”, dicen.
El listado emitido reclama:
Que en la aplicación de las medidas excepcionales, prevalezca el eje de la cooperación, información y participación ciudadana, a través de los organismos reconocidos oficialmente, éstas medidas deben ser oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evidencias científicas (DNU.260/2020.artí19), para que no se focalice exclusivamente en la vigilancia, control, seguridad y limitación de libertades.
Que el Receso Extraordinario del Poder Judicial, acuerdo 2/2020, no afecte la disposición de medidas excepcionales que requiere la situación de emergencia sanitaria y epidemiológica, y el acceso a la justicia de los privados de libertad, por lo cual solicitamos se establezca un esquema de emergencia para evaluar las posibilidades de descomprimir la sobrepoblación y hacinamiento de algunos lugares de detención, favoreciendo el distanciamiento social como medida para mitigar el contagio del COVID-19.
Que la aplicación del Protocolo de actuación, Orden de Servicio 08/20, Regi.D.G.S.P.P. contemple los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Que todas las garantías constitucionales prevalezcan para prevenir posibles torturas, malos tratos inhumanos o degradantes a los privados de libertad.
Que se plasme una estrategia de abordaje de la situación de emergencia y se determine algún Organismo que centralice el control de la aplicación de todas las medidas de prevención y protección de las personas privadas de libertad.
Teniendo en cuenta que la clave es el distanciamiento social, a fin de evitar el conglomerado de personas para mitigar el impacto sanitario de la pandemia (DNU.260/2020.artí19), efectivizar medidas excepcionales en favor de las libertades para descongestionar los centros de detención y reducir el hacinamiento.
Medidas que fueron efectivas en Italia e Irán, llamadas “libertad anticipada”, beneficiando a reclusos faltando hasta dieciocho (18) meses para cumplir la totalidad de la condena.
Que se evalúe los casos de prisión preventiva de las personas que no cometieron delitos violentos, de los que ya cumplieron los dos (2) años en custodia, de los mayores de 70 años, de los inimputables, y se provea la libertad condicional, con las restricciones pertinentes si es el caso (Ley XIV – Nro. 13,artí.313 y 316.)
Otorgar la prisión domiciliaria a las mujeres que posean hijos, a las que están embarazadas y las que prueben la necesidad de estar a cargo de algún familiar anciano o discapacitado (Ley XIV – Nro.13.artí.313; ley 24.660, artí.32). Desde la perspectiva de género, las mujeres son las más damnificadas cuando pierden la libertad ambulatoria, y las primeras en renunciar derechos, como en la cárcel de Batán auto-limitando sus visitas, en beneficio del bien común, como es la salud pública.
A los que están en salidas transitorias permanezcan en sus casas con las restricciones pertinentes, hasta que se levante la cuarentena.
A los extranjeros que habrían solicitado ser repatriados, hacer los viables el pedido en articulación con sus respectivos consulados.
Conceder libertades asistidas y prisiones domiciliarias a aquellos que, conforme al tiempo transcurrido en prisión, tienen posibilidad de obtenerlos. El control de toda forma de prisión domiciliaria se facilitaría articulando con todos los efectivos policiales desplegados en los operativos de alto impacto, en el territorio misionero.
Que se garanticen el trato digno y la vigencia de derechos con respecto a la salud, la alimentación y el bienestar general de los privados de libertad como cualquier ciudadano común (DNU.260/2020.artí.21).
Poner en funcionamiento lo antes posible el Centro de Salud del Hospital Carrillo para personas en conflicto con la ley, con el fin de trasladar a todos los inimputables para prevenir y mitigar en dicha población, la expansión del Dengue y el Coronavirus COVID-19.
Que todas las medidas excepcionales de restricción de derechos y libertades no sean ad eternum sino más bien acotadas al tiempo que dure la emergencia sanitaria y epidemiológica y se declare el cese de la pandemia.
Adjuntamos a la presente, las Recomendaciones y Orientaciones para la aplicación de las Medidas con relación a Prevenir y Mitigar la propagación del Dengue y el COVID-19, elevadas al Servicio Penitenciario Provincial y a la Policía de la Provincia. Alentamos y apoyamos las medidas que generen impacto a favor de la dignidad y seguridad de todos los misioneros.
En consonancia con los principios de cooperación y articulación, buscando que la adopción de nuevas medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evidencia científica (DNU- 260/2020) sea la que prevalezca, quedamos a entera disposición para llevar adelante un trabajo estratégico y articulado, sostienen finalmente.

Ilustración: fotografía temática tomada de Internet.