La reforma y la profesionalización es necesaria en las fuerzas federales y en las policías provinciales; y es imperioso que los gobiernos intervengan políticamente sobre los hechos de violencia policial con una mirada integral y no como hechos aislados. Los casos de los últimos tres meses lo demuestran.

Miércoles, 22 de julio 2020. Dónde está Facundo, el muchacho que está desaparecido en la provincia de Buenos Aires desde abril y con fuertes sospechas sobre la policía de esa provincia, que no es la única que tienen en su haber reciente desapariciones forzadas, abusos y casos de gatillo fácil.

La bonaerense se lleva el primer lugar en casos de violencia policial, con un 77% de los casos que ocurrieron este año en el país. Solo en junio, 18 personas fueron asesinadas por las fuerzas policiales de esa provincia. Al igual que en otras provincias, en la gran mayoría de los casos, la violencia que ejercen es “violencia represiva de clase”. Pero es también Tucumán; Córdoba; Santa Fe, Chaco, Neuquén; Río Negro; Salta. También en Misiones.

Las multiplicaciones de gatillo fácil y violencia policial se dan contra la juventud, pero también contra los trabajadores. Y en los barrios populares del país. En esos nichos –con pocas excepciones — las fuerzas policiales descargan su violencia.

¿Podemos hablar de una escalada represiva en el país? Si es así, es porque enfrente hay un Gobierno permisivo para estas situaciones. O es porque hay un Gobierno al que le quieren debilitar tirándoles muertos o propiciando demasiados hechos de violencia.

Durante los primeros 90 días de cuarentena forzada por la pandemia de coronavirus, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) de Argentina, reportó hace un mes casi 50 informes de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, a la que responsabilizan de asesinar una persona cada 19 horas, en los últimos cuatro años.

Esta sucesión de casos graves en pocos meses es un gran llamado de atención sobre la persistencia de altos niveles de violencia estatal, prácticas abusivas de larga data: hostigamiento, detenciones no registradas, procedimientos con personal de civil, allanamientos violentos e irregulares, libros de guardias fraguados, uso abusivo de la fuerza, ocultamiento de pruebas, por citar ejemplos. Son casos que suceden en un Estado donde el trabajo policial está degradado y el control político y judicial es bajo y deficiente.

La reforma y la profesionalización es necesaria en las fuerzas federales y en las policías provinciales; y es imperioso que los gobiernos intervengan políticamente sobre los hechos de violencia policial con una mirada integral y no como hechos aislados. Los casos de los últimos tres meses lo demuestran. Pero también es necesario un compromiso político del Gobierno nacional y de les gobernadores para impulsar reformas de fondo que transformen las prácticas de las policías de todo el país, sin dejar de lado su función pero revalorizando su profesionalización y el cuidado de los Derechos Humanos.

Sería necesario, quizás, diseñar organismos de control externos y con capacidad real de investigar la actividad policial; producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público, sobre el funcionamiento de las policías (lo que incluye pero excede a las estadísticas sobre delitos); desarrollar protocolos de actuación con criterios claros de intervención policial; revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento en base a los estándares internacionales.

Creemos que una policía profesionalizada no accionará contra la población, justamente porque sus cuadros están formados.

Mientras tanto, dos preguntas: ¿dónde está Facundo Castro? ¿Quién será la próxima víctima de las fuerzas del Estado?