La Cámara de Representantes repudió ayer con el voto de todos los bloques menos Cambiemos los recortes de las pensiones a discapacitados que afectó a más de mil misioneros. Volvió a registrarse un fuerte cruce entre los diputados como ya había sucedido la semana pasada. Se acusa a funcionarios de Macri de insensibles y se responde que el kirchnerismo otorgó pensiones irregularmente. Pero subyace en el debate el costo de los derechos y cómo obtiene recursos el Estado.

Posadas (viernes, 16 de junio) La Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, repudió anoche la suspensión de las pensiones por discapacidad dispuestas por el gobierno nacional y que afectó a más de mil misioneros y al mismo tiempo le pide informes no sólo por esos recortes sino también por los que desde hace más de un año vienen afectando a pensiones no contributivas.
La marcha atrás con la disposición anunciada a media tarde por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley no impidió que la decisión política que define los recortes de las pensiones haya estado en el centro del debate político en la sesión de anoche del Parlamento misionero. Aunque esta semana las suspensiones tuvieron una gran amplificación mediática por afectar a los sectores más vulnerables de la sociedad, aquí ya se venía discutiendo sobre recortes. Sin ir más lejos, la semana pasada ya se había registrado un fuerte cruce entre diputados por la baja de pensiones no contributivas.
En la sesión de ayer el debate fue disparado por varios proyectos de comunicación y repudio a la disposición y al procedimiento seguido por el recorte a los discapacitados, que fueron elaborados por representantes de bancadas que están en la vereda de enfrente del macrismo que y terminaron resumidos en uno solo. También se diferenció la Renovación con un pedido de informes presentado por Noelia Leyría y con la participación contundente de Oscar Alarcón en el debate al hablar desde su experiencia como médico pediatra y neonatólogo.

En misiones 71 mil pensiones

En el pedido de informes al gobierno nacional presentado por Leyría, se destaca que en “Misiones se estiman son 71.408 habitantes de un total de 1.101.593 lo que cobran beneficios contemplados para personas con discapacidades según lo estipulado por la Ley N° 13.478, sobre pensiones a la vejez y discapacidades. A partir del mes de junio, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, comandado por Carolina Stanley decidió reflotar el olvidado Decreto 432, que dictaminó Carlos Menem en 1997, donde se establecen más exigencias y condiciones que se deben reunir para acceder al cobro de las pensiones por discapacidades. Éstas fueron dadas de baja, dejando sin un ingreso mensual más que importante a muchas personas, alegando que existían casos de cobros inadecuados”.
Lejos de un denuncismo extremo “se entiende que existe la posibilidad de que la baja se aplique correctamente a individuos que no necesiten cobrarla, como por ejemplo: aquellas que no padezcan discapacidad en ningún sentido, pero estos casos son considerados muy aislados y en cantidades ínfimas”
Al mismo tiempo, para explicar las razones por las cuales existen muchos discapacitados en la provincia, se destaca que “está fuertemente afectada por la contaminación ambiental que producen los agrotóxicos, cuyas consecuencias ya fueron estudiadas y pueden verse en las malformaciones y discapacidades que afectan a casi un 15 por ciento de la población, según datos del censo de población del 2010. El otorgamiento de una pensión por invalidez constituye un derecho adquirido y su quita o restricción es un avasallamiento y conculca no solo al usufructo del mismo derecho, sino también del debido proceso, ya que así como su otorgamiento requirió que el titular cumplimente el procedimiento establecido, su suspensión o quita también debe permitir al titular ejercer su defensa a través de un proceso que debió ser previamente instaurado y notificado al que debía ser objeto de tal medida administrativa para permitirle ejercer en todas las instancias y jurisdicciones las defensas que considerara pertinente”.

De lo particular a lo general

Con la presencia en los palcos de parientes y organizaciones vinculadas con la asistencia a discapacitados, el debate anoche cobró una dramaticidad inocultable, pero, como señalamos, no es nuevo ni en el recinto ni en los pronunciamientos políticos desde que asumió Mauricio Macri. Como lo vienen exponiendo en el recinto desde el año pasado, Héctor Bárbaro y Martín Sereno, denuncian los recortes con casos concretos, con nombre y apellido, lo que aporta sensibilidad la discusión. Ayer, para defender las medidas de Stanley, desde la bancada de la UCR, Gustavo González, fundamentalmente, apelaron al mismo método y con nombres y apellidos hicieron referencia a pensiones otorgadas irregularmente.

no al ajuste
Desde lo particular así, la UCR y el PAYS, redujeron el debate a la necesidad de poner orden en el otorgamiento de las pensiones de un lado y del otro la falta de sensibilidad del gobierno nacional. Pero mientras que los ucerreístas buscaron como método limitar el tema a una cuestión administrativa (pensiones mal o bien otorgadas), los sociales del agro lo asociaron al contexto económico. Desde la estrechez de la legalidad o no de las pensiones, Germán Bordón cuestionó el abordaje del tema desde una mirada integral como pretendieron, Sereno, Hugo Escalada y Claudio Wipplinger. Y no es la primera vez que los diputados de la UCR quedan como más papistas que el Papa y con la fe de los conversos se mostraran dispuestos a defender de cualquier manera las decisiones del gobierno nacional, cuando desde el PRO, Alfredo Schiavoni, admitía que hubo errores sin dejar de cuestionar la herencia de la existencia del crecimiento exponencial del otorgamiento de pensiones durante los doce años del kirchnerismo. A su criterio, lejos de poner en evidencia la existencia de un Estado presente, la explosión de 70 mil a 1,7 millones de pensiones entre 2003 y 2015 constituyó una demostración palpable del crecimiento de la pobreza y el fracaso de la economía K.

Clarín se sumó a la denuncia

Es un dato que haya sido Clarín el que puso el tema en el centro de atención cuando el domingo dio la información, que deslizaba una denuncia como es habitual en las operaciones de prensa, de bajas de 70 mil pensiones en una semana. Dice hoy el diario del poder, en una operación que pretende condicionar la toma de decisiones, “que el gobierno dio marcha atrás, por las movilizaciones sociales, sumado al rechazo de la oposición (desde el kirchnerismo, el massismo y la izquierda), como del sindicalismo, de las asociaciones defensa de los derechos de personas con capacidades diferentes, de la Defensoría de Pueblo de Nación y hasta del Arzobispado de Buenos Aires, obligaron a la Casa Rosada a tomar cartas en el asunto y anunciar la marcha atrás del ajuste”.
Revela que “hubo una reunión que fue clave para la marcha atrás del Gobierno: fue la que mantuvo Stanley ayer con Pablo Molero, responsable de la Comisión de personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires. Molero le pidió a la Ministra la urgente revisión de la medida tomando los mismos argumento que exhibió la Defensoría del Pueblo de la Nación: no hubo aviso previo a los damnificados por la quita, lo que los dejaba en una situación de vulnerabilidad extrema porque no pudieron prever la merma en sus ingresos, como así tampoco hubo una evaluación socio ambiental de cada pensionado antes de la quita de la asistencia. Ese proceder incluso viola la ley de procedimiento administrativo”.
Clarín pega esta información a una columna de opinión por la presiona al gobierno nacional a llevar adelante pasadas las elecciones de octubre: recortes presupuestarios para bajar el déficit en 80.000 millones de pesos; medidas que exigen los líderes mundiales para invertir en la Argentina, como impopulares reformas laborales”. Denuncia que durante el gobierno de Cambiemos el déficit creció y sostiene que es consecuencia de la ausencia de un plan integral.

El costo de los derechos

Evidentemente, los cortes de las pensiones tienen un contexto económico y político. Es ideológico aunque Schiavoni anoche haya rechazado ese abordaje. Hay sectores que presionan a Macri, digamos desde la derecha para que se entienda aunque las categorías izquierda y derecha sean cuestionadas. Se dice que la sociedad argentina no está percibiendo que su sistema productivo es inviable y que no tiene capacidad competitiva por la existencia de “costos logísticos, tributarios y laborales”.
Por eso en el contexto entran también las movidas del Presidente al denunciar la industria del juicio con nombre y apellido y después lograr el respaldo de la Unión Industrial en su embestida anti-sindical.
Pero más allá de si uno acuerda o no con el rumbo elegido por el gobierno nacional, la forma en que se entienden los subsidios del Estado a la invalidez a la vejez, a los programas de salud y la educación, traducen posicionamientos ideológicos. Al hablarse de “costos” o hablarse de “derechos” es asumir una cosmovisión, concretamente una ideología. Resumiendo, otra vez desde categorías que son cuestionadas, hablar de costos es identificarse con el neoliberalismo, mientras que hablar de derechos es identificarse con los populismos.
Pero desde uno u otro abordaje, no se puede negar que los derechos tienen costos. La derecha siempre pone el acento en los costos de la seguridad social, sobre todo el FMI, en la gratuidad de la enseñanza y de las prestaciones de la salud. Pero nunca se acuerda de computar que la seguridad, la preservación de los derechos que nacen de la propiedad privada también tiene costos. Hasta ahora, no hay otra forma de organización social que pueda prescindir del Estado para garantizar esos servicios, que tienen costos.
Por eso fueron acertadas las intervenciones de Escalada y Wipplinger cuando introdujeron la cuestión de las definiciones de política económica en el debate por la baja de las pensiones.
Se trata del Estado, de los costos de los servicios y de cómo genera una sociedad sus recursos. Es un debate más amplio sin el cual discutir en forma particular la administración de los subsidios, a lo que pretendió reducir Bordón el debate, no puede encontrar una salida. Hay una realidad que viene implosionando los sistemas de seguridad social hasta en el mundo desarrollado, que es el crecimiento de la población asistida. En la Argentina uno de cada tres pesos del Presupuesto nacional se destina a la Seguridad Social. Ni los populismos ni los neoliberalismos podrán obviarlo. La respuesta es cómo financiarlo. ¿Puede prescindir un Estado de los impuestos?
En este cuadro, los dos diputados que ahora integran el interbloque de Avancemos advirtieron con razón cuando cuestionan el endeudamiento que ha iniciado el gobierno de Macri si al mismo tiempo no se crea empleo. Y es pertinente la observación que hace Sereno al destacar que se pretende reducir el déficit cortando pensiones cuando al mismo tiempo se deja de cobrar impuestos a las mineras y a los exportadores de soja.
Es así que tiene razón Schiavoni cuando señala que no se trata de sensibilidad ni de corazón de los funcionarios nacionales, se trata del rumbo económico – social como subrayaron Escalada y Wipplinger. Y el debate del 2015 sigue abierto

 

 

Fotos: Raúl Echagüe

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