El diputado Bárbaro pidió informes sobre la caída de unos 50 mil beneficios del Progresar, en Misiones. Desde el Pays acusaron al Gobierno de Cambiemos de provocar dolores de cabeza y desorganizar todos los días la vida de los argentinos: “apuntan a sacarle derechos a la gente que más lo necesita para darle a los que más tienen que son parte del poder concentrado”. Expresaron. Bordón defendió al Gobierno nacional .

 

Posadas (viernes 23 de junio). “Otra vez estamos discutiendo de economía”, disparó el diputado Martín Sereno para reclamar sobre la suspensión del beneficio del Progresar que afectó a unos 50 mil estudiantes de Misiones. Y aseguró, en esa intervención, que el Gobierno de Cambiemos apunta a sacarle derechos a la gente que más lo necesita para darle a los que más tienen que son parte del poder concentrado.
El diputado Héctor Bárbaro introdujo el tema en la Legislatura misionera, este jueves, para denunciar la situación y asegurar que todos los días el Gobierno de Cambiemos va desorganizando el país y perjudicando la vida de los argentinos. Y aseguró, en ese sentido, que el corte del beneficio que alcanza a estudiantes entre los 18 y los 24 años de edad, no es un error sino parte de un programa sistemático de beneficiar a los que más tienen en detrimento de los que más necesitan.
En su intervención, Bárbaro ironizó sobre la actitud del Gobierno nacional –y sus socios misioneros, como la unión Cívica Radical y el PRO– al interpretar que los dolores de cabeza permanente que producen las medidas que lleva adelante el Gobierno Nacional, en su gran mayoría contra sectores vulnerables, seguramente son parte de un esquema de negocios donde algún funcionario del Gobierno es dueño de la droguería que produce los medicamentos para mitigar esas jaquecas. “Porque este Gobierno de empresarios trabaja así”, dijo, para enumerar los recortes de los beneficios a jubilados, pensionados y ahora, a los estudiantes amparados en el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) y que se habrían cortado porque el Ministerio de Educación de la Nación demoró la entrega de las certificaciones de estudios a la Anses, responsable de los pagos.
El Progresar es una acción conjunta entre distintos organismos del Estado: el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior y Transporte y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Según reza en la propia página web del Progresar (progresar.anses.gob.ar), este beneficio “es un nuevo derecho que tienen los jóvenes entre los 18 y 24 años que no trabajan, trabajan informalmente o tienen un salario menor al mínimo”, que para el diputado Germán Bordón (del radicalismo misionero, integrante de la alianza Cambiemos), según su intervención, son jóvenes conocidos como “ni ni; que ni trabajan ni estudian”.

El proyecto que disparó el debate

El diputado Bárbaro presentó el proyecto de Comunicación donde solicita que el Gobierno de Misiones solicite al Poder Ejecutivo Nacional “información concreta respecto de la caída masiva –en Misiones- de beneficiarios del Programa Progresar”, con la intención de conocer “si se registraron bajas de beneficiarios desde 2015 a la fecha en Misiones, y en su caso, la cantidad de bajas registradas y motivos por los cuales se produjeron las mismas, caso por caso y si previo a la baja por incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el programa, se notifica al estudiante beneficiario y se le abre una instancia administrativa para subsanar o aclarar la situación planteada”.
Además, el pedido pretende conocer “si se registraron en los últimos meses, bajas de beneficiarios originadas en problemas ajenos a los mismos; en particular si hubo fallas en el cruzamiento de datos entre el Ministerio de Educación de la Nación y Anses para la certificación de materias aprobadas y si el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación de la Nación, tiene intenciones de dar de baja completamente el programa Progresar”.
Bárbaro fundamentó su pedido sobre informaciones periodísticas que dan cuenta de estas suspensiones, admitidas incluso por la coordinadora provincial del Progresar, Emilia Lunge, que en declaraciones a LT 17 Radio Provincia de Misiones, dijo que en las últimas semanas fueron suspendidos unos 15.400 beneficios por “errores en el cruzamiento de datos entre el Ministerio de Educación de la Nación y la Anses”. Según la funcionaria nacional, el Ministerio de Educación no envió a la Anses las certificaciones sobre materias aprobadas de cada beneficiario, pese a que los informes previos solicitados a cada establecimiento educativo efectivamente se realizaron en tiempo y forma.
Frente a ese panorama, el diputado recordó que los estudiantes están organizados en torno a esos 900 pesos que reciben mensualmente, con lo que pagan el alquiler o los destinan a la alimentación y que el corte intempestivo, sin previo aviso, desorganiza sobre todo sus magras economías, con un fuerte impacto en sus vidas de estudiantes.

“Hablamos de personas, no de cifras”

“Cuando hablamos de caída de beneficios sociales y números tan impactantes como 40 mil, 50 mil beneficiarios menos, estamos hablando de personas, no de cifras ni de casilleros en una planilla excel. Este es un cambio de paradigma necesario que no le gusta al oficialismo gobernante a nivel nacional. No les gusta que hablemos de personas. Porque si se tiene en cuenta a las personas y a sus historias, habrá que hacerse cargo de que seguramente hay hijos de colonos, de trabajadores empobrecidos, de desocupados, de trabajadores de la economía social, que con el Progresar pudieron hacer realidad su sueño de estudiar una carrera, y que han decidido dejar atrás esa posibilidad porque el Estado Nacional los borró de un listado. Lo peor de todo es que esa decisión de acotar el goce de los derechos adquiridos, en este caso el derecho de los estudiantes que cumplen los requisitos para ser beneficiarios del Progresar, se volvió a dar con una metodología inconstitucional, que no contempla el derecho de defensa que debe garantizarle el Estado a cada ciudadano afectado por un procedimiento administrativo”.
En ese sentido, agregó que “las consecuencias de estas políticas de achique de beneficios, de vaciamiento de programas de asistencia social y de no reconocimiento de los derechos adquiridos, por ahora se sienten en el abandono de los estudios, pero seguramente se verán con crudeza con el paso de los años cuando más y más ciudadanos queden por debajo de la línea de pobreza porque les negamos la posibilidad de formarse para competir y estar a la altura de las demandas del mundo del trabajo”.

Nota: La fotografía temática que ilustra esta nota fue tomada de Internet.

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