Los diputados renovadores que son médicos expresaron anoche un contundente rechazo a la iniciativa de la alianza Cambiemos para eliminar la obligatoriedad de las vacunas. “Es una barrabasada” bramó Carlos Báez, en tanto Oscar Alarcón puso bajo sospecha la intención de ajustar gastos en el Estado y en las obras sociales. “Aunque Macri baje la agenda en Misiones seguiremos con las campañas de prevención”, se comprometió.

Posadas (viernes, 30 de junio) Un contundente rechazo a la iniciativa de derogar la obligatoriedad de las vacunas pusieron de manifiesto anoche diputados renovadores que son médicos de profesión. La iniciativa presentada por la alianza Cambiemos en el Congreso, más allá de las argumentaciones científicas, tiene fundamentos claramente sustentados en la ideología de la utopía liberal. El proyecto que lleva la firma de la diputada del PRO Paula Urroz con otros diez y siete diputados, exige que los adultos -con o sin menores a su cargo- serán libres para a la hora de cumplir o no con el Calendario Nacional de Vacunación. Por eso anoche, los renovadores Báez y Alarcón al rechazar la iniciativa, aunque abundaron en cuestiones científicas para refutarla, no eludieron posicionarse ideológicamente en un espacio bien diferenciado del neoliberalismo al subrayar la necesidad de la presencia del Estado en la prevención al obligar a los ciudadanos a vacunarse. Lejos de una concepción individualista o atomista del hombre y la sociedad reconocen su dimensión social.
Báez aseguro que el proyecto de ley que presentó el gobierno nacional en la Cámara de Diputados de la Nación no tiene ningún asidero científico y se manifestó en contra de dejar librado al criterio de los padres la vacunación de sus hijos. “Me parece que es una irresponsabilidad porque los padres no están preparados para decidir sobre la vacunación de sus hijos”, una tarea que le corresponde, a partir de su preparación, a los profesionales.
Para el Legislador, la idea de eliminar la obligatoriedad de las vacunas es “una barrabasada”.
Por su parte Alarcón, que también abundó en fundamentaciones científicas para rechazar la iniciativa no dudó en ponerla bajo sospecha. Apuntó a la práctica insensible del gobierno nacional que maneja los gastos del Estado desde una planilla y lejos de la realidad que vive cada familia. Observó asimismo, que al dejar de ser obligatoria la vacunación, las obras sociales dejarían de cubrirlas. “Sin dudas hay una cuestión de costos y ajustes detrás de la propuesta”, aseguró. También olfateó la existencia de “algún mandato o de alguna trama oculta detrás de esta prueba ya que es en Estados Unidos donde las vacunas no son obligatorias”.
Tanto Báez como Alarcón abundaron en datos estadísticos y en información en sintonía con las declaraciones públicas formuladas por la Sociedad Argentina de Pediatría.

Vacunarse es un derecho

Vale en este sentido repasar el comunicado de la Sociedad:
“Observa con preocupación que se hayan comenzado a alzar voces sin fundamento científico alguno, que se oponen a acciones – como la vacunación – por las que la medicina viene luchando desde hace mucho tiempo y cuyo efecto beneficioso para la población está demostrado.
La prevención es el acto de mayor impacto en la salud pública. Es también un postulado y un principio que marca el rumbo de la vida cotidiana del accionar médico. La vacunación es el mejor exponente de estos conceptos. La problemática de la vacunación se puede abordar desde varias ópticas:
Desde el punto de vista sanitario, no existen dudas que las vacunas han logrado resultados concretos en el control de las enfermedades infectocontagiosas.
Los programas de vacunación son de bajo costo en relación a los beneficios que logran y además:
son una herramienta de equidad, porque llegan a todos los niños de los diferentes estratos sociales.
son un elemento de solidaridad, porque cuando el individuo se vacuna, también reduce el riesgo para quienes interactúan con él, incluso no vacunados. La persona no vacunada constituye un riesgo para sí mismo y para quienes la rodean.
“Mantener la efectividad de las vacunas requiere una conducta de vacunación duradera y similar en distintos lugares geográficos, debido al aumento de las migraciones dentro del país o desde el exterior.
Desde el punto de vista científico, las vacunas son elementos biológicos que contienen uno o varios antígenos administrados para conseguir una reacción controlada. Los efectos colaterales son habitualmente menores y de menor riesgo que la infección natural. De esta manera se genera una respuesta inmune, que protege al individuo frente a nuevas exposiciones al mismo microorganismo. Para que sea adecuada y duradera pueden variar la cantidad de dosis necesarias.
El proceso de aprobación de una nueva vacuna sigue rigurosas normas científicas, que aseguran su eficacia y la seguridad para quienes la reciben.
Desde el punto de vista normativo, en nuestro país el Derecho a la Salud se encuentra protegido por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales a los que hemos suscripto (como la Convención de los derechos del Niño) y por disposiciones legales tanto de los ámbitos nacionales como provinciales.
“La ley 26061 en su artículo 14 hace referencia a que ”…los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a la atención integral de su salud…y acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz tratamiento oportuno, y recuperación de la salud”.
“Por otro lado, la Ley 22.909 / 1983 menciona en el art. 11: “las vacunaciones incluidas en el calendario nacional son obligatorias para todos los habitantes del país”. De esta manera implementa una política preventiva y establece un criterio obligatorio de protección.
Son los organismos del Estado quienes deben garantizar la posibilidad del cumplimiento efectivo, de estos derechos.
“Los padres, primeros cuidadores, deben velar por “el interés superior del niño” según declara la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 18. La ley 22909 va más allá, responsabilizando a quienes “… tienen a cargo niños para que cumplan con la obligatoriedad de la vacunación”. El derecho de los niños al “más alto nivel posible de salud” prevalece sobre otros intereses aun el de sus progenitores, lo que está avalado por fallo de la Corte Suprema de Justicia del 12 de Junio de 2012 (N.157.XLVI).
“También los efectores de salud (público o privado) y todo agente o funcionario público que “tuviere conocimiento de la vulneración de derechos del niño, niñas y adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia a la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión” según lo exige la ley nacional 26.601.
“Pese a las evidencias científicas y a las claras normativas vigentes en favor de la vacunación, el fácil acceso a información no calificada puede generar dudas concretas en nuestros pacientes. Es entonces cuando cobra especial importancia la relación de cada médico pediatra con el paciente y su familia para buscar en el diálogo explicitar los fundamentos de cada indicación y así lograr el acceso de los niños a la mejor atención en salud posible.

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