El Congreso nacional tiene en debate tres proyectos de ley para regular la exhibición de los productos en las góndolas de los hipermercados. Las iniciativas de la CC, el FPV y el massismo terminan culpabilizando al comercio por la suba de precios. Nada que ver con la ley de Góndolas sancionada en 2016 en Misiones pensada más en abrir canales de ventas para los productos de las chacras misioneras.

Jueves, 25 de abril de 2019. Se debate en el Congreso nacional una “Ley de Góndola” pensada para los consumidores porteños y que culpabiliza a los hiper y supermercados de los incrementos que se registran en los precios. En Comisión se habilitó el tratamiento de tres proyectos, presentados por la CC, el massismo y la CTEP con patrocinio del FPV. De acuerdo con nuestras fuentes, coinciden en abordar al final de la cadena toda la trama de complejidad que determinan los precios en una economía. Se pretende así, diríamos ingenuamente, regular la exhibición de los productos. Por ejemplo reglamentar que un producto no pueda copar más del 20% del espacio disponible en una góndola y ubicar a los de menor precio una altura equidistante entre el primer y último estante y en un lugar que se puedan ver. “Necesitamos libertad de competencia en las góndolas” sostiene el proyecto de la CETP, como si la toma de la Bastilla pasara por las estanterías de Carrefour o aquí de California.
Aunque los proyectos avanzan también en determinar los plazos en la cadena de pagos y en beneficios para las pymes, desnuda una visión a contramano de la política neoliberal y de desregulación vigente, pero también una visión limitada a la puja distributiva como factor nodal de la inflación.
Mientras el gobierno nacional insiste en combatir la inflación con políticas monetaristas que no cierran ni teóricamente ni en los ensayos históricos, las reacciones que se registran en estos tres proyectos caen también en viejas recetas que nunca dieron resultados.
Inflación
Es cierto, como piensan los ortodoxos que la cantidad de moneda necesaria en una economía tiene que estar relacionada con la masa de bienes y servicios producidos. Si se emite más de lo que corresponde los precios suben, pero si se emite menos, se obstruye el comercio y la producción por el fenómeno de la iliquidez.
Hoy, más allá de las expectativas electorales, en la Argentina la inflación coexiste con la iliquidez, con la insuficiencia de moneda. Entonces, el problema es la insuficiencia de la producción y de la oferta y evidentemente la inflación no se origina en los déficits presupuestarios, aunque los déficits después la propagan.
Los proyectos que se debaten ahora en el Congreso no toman en cuenta que la inflación no es causa, sino que es efecto de la insuficiencia de la estructura productiva para generar los bienes y servicios requeridos por la comunidad. Obligar a los hipermercados a colocar las latas de tomate en un determinado lugar es un esfuerzo neutro ante la ineslasticidad de la oferta que es la que determina la tendencia alcista de los precios.
Si las propuestas monetaristas de Cambiemos son contraindicadas porque ignoran el problema de producción y parten del supuesto de que los precios suben por la emisión sin respaldo o por los aumentos de salarios, es cierto también que los controles, sin cambios en la base productiva, terminan deprimiendo los precios que más temprano que tarde deben ser sincerados, como el Rodrigazo o los tarifazos.
Esto no quiere decir que el Estado no deba utilizar mecanismos de política económica (impuesto, el crédito, los aranceles, etcétera) para orientar el proceso de cambio estructural. Pero los monopolios no se controlan desde la arquitectura de una góndola.
De la naturaleza a su mesa
Vale en este contexto rescatar el espíritu de la Ley de Góndolas sancionada en Misiones en 2016, con el objetivo manifiesto de promocionar y lograr que los productos de origen locales se vendan obligatoriamente en los locales de los hipermercados. Es decir que no aparece un Estado aniquilando la actividad privada y la inversión, como ocurre con el populismo estatista, y como ocurre cuando se deja todo liberado a la espontaneidad del mercado.
Esa ley, que todavía no se aplica, determina que “las Cadenas Comerciales y o Hipermercados tienen la obligación de exhibir bajo pena económicas y de clausura, hasta un 20 % de su espacio de venta a productos de origen local sean o no comestibles, llevando adelante promociones de los mismos”.
El mentor de la ley, el alfonsinista Hugo Escalada, cuando la defendió en el recinto aclaró que “lo que se trata es primero de acercar la producción misionera y cuando hablo de producción misionera no hablo solamente de productos de la tierra, hablo de todo tipo de productos que se elaboran en nuestra provincia, acercarlos a los grandes puestos de ventas… Así que esto, primero, acerca al productor primario al consumidor final, con lo cual va rompiendo con la cadera de intermediarios, que es lo que distorsiona los precios en nuestro país y es lo que lleva a que el productor cada vez cobre menos y finalmente el intermediario y el que comercializa se queden con casi toda la renta diferencial; ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es que los consumidores tengan productos frescos. Cuando los productos tienen que recorrer menor cantidad de kilómetros son mucho mejores para el público en general, esto es indudable. El tercer objetivo, que no es menor y que el país debiera empezar a interiorizarse en un proyecto como éste, es empezar a controlar la inflación”.
El plan alivio
El debate por la ley de góndolas que habilitó la Casa Rosada en el Congreso está asociado a las fragilidades del plan “alivio” que se reduce a congelar en acuerdos voluntarios precios de 64 productos que son caracterizados como esenciales para sostener sin aumentos la canasta básica de alimentos.
Como se ha dicho ya largamente, se trata de medidas muy parciales, sobre todo porque se aplican sobre una situación que ya es muy delicada. No existió, por ejemplo, la idea de retrotraer ningún precio o tarifa, o de garantizar el pleno abastecimiento de los productos seleccionados. Tampoco se registra la voluntad de extender el alcance de las medidas a las provincias y no quedarse con los comercios seleccionados en AMBA.
Se destacó ya también que el anuncio previo de este pseudo congelamiento fue aprovechado por las marcas que ingresaron en el acuerdo de caballeros a remarcar los precios antes de ingresar al plan.
Sin embargo, en Posadas observamos la fragilidad del plan por el absurdo. En la lista de los 64 productos, publicados ya en este sitio, aparece el yogurt descremado marca Ilolay a 63 pesos. Pues, una semana después de la difusión de la lista, en Multiexpress, el mismo producto se vendía a 46 pesos y ayer en California a 53 pesos. Realmente no se entiende.

LACTEOS MULTIEXPRESS