La UCR se propone como alternativa frente a lo que denomina “populismo agotado” y el “conservadurismo inviable”. En un documento de 55 mil caracteres, la presidenta de la Convención Nacional, Lilia Puig de Stubrin, desarrolla “lineamientos” para un programa de gobierno con el propósito de encuadrar el debate el sábado 14 en Gualeguaychú para que no se limite a las presiones para conformar alianzas. El espíritu de los Lineamientos adelanta en ese sentido una resistencia doctrinaria al pacto con Macri. La centralidad que le da a la educación pública es contundente y sirve como ejemplo. Documento completo:
UNIÓN CIVICA RADICAL
LINEAMIENTOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2015 – 2019
DEL CRECIMIENTO ILUSORIO AL DESARROLLO PARA TODOS
En el último cuarto de siglo, y con muy pocos momentos de excepción, la Argentina ha padecido un acentuado deterioro de la unidad social. La acción gubernamental ha debilitado los vínculos sociales básicos que forman la trama de nuestra identidad y convivencia, y los particulares han procurado adaptarse y defenderse, reforzando así esa tendencia.
Valores esenciales como la igualdad de oportunidades, la solidaridad, el enaltecimiento del mérito, la confianza en la palabra dada, el reconocimiento de las jerarquías construidas por la honradez, el conocimiento, la idoneidad y la generosidad, han sido menguados, dejando aparecer soluciones individualistas extremas, búsquedas del éxito personal a cualquier precio e incluso la defensa de
la vida, la libertad y la propiedad mediante soluciones privadas.
Con semejante inversión de valores, la sociedad argentina ha perdido el rumbo y ya manifiesta de manera inquietante el padecimiento de la intolerancia, las formas violentas de palabra y de hecho y un apocamiento de las energías colectivas, resultado natural de un estado de “sálvese quien pueda”.
En el terreno de las políticas concretas, se ha desequilibrado la primacía de la seguridad pública por la privada, el transporte público colectivo por el individual, la salud y la escuela pública por las privadas y se han pospuesto insensiblemente las inversiones indispensables en servicios urbanos de agua y cloacas, saneamiento de ríos, protección del medio ambiente, provisión de energía a valores equitativos para los distintos grupos sociales y regiones del país, y ejecución de una política de viviendas acorde con los cambios territoriales y el avance demográfico.
Con todas esas acciones y omisiones, la convivencia social argentina, que fue la fuente de nuestro progreso y del continuo crecimiento de nuestra clase media, está hoy gravemente deteriorada. Y nos cuesta pensarnos a todos, juntos, construyendo un país mejor y un futuro a nuestra medida. El futuro de una sociedad unida es mucho más grande que la suma de los futuros individuales, y esta diferencia nos interpela cuando nos resulta difícil pensar en un porvenir mejor.
La Argentina desunida y debilitada está sacrificando en ese mismo proceso los valores de la democracia y de la república y perdiendo el papel de sociedad de vanguardia en la construcción de una ciudadanía latinoamericana de alta calidad.
Los tiempos mundiales nos abren un nuevo espacio para nuestra región, pero es la Argentina la que debe hacer honor a su historia marchando adelante para esa 1construcción. La sociedad argentina socialmente desunida y hasta quebrada, no puede encarnar ese hermoso sueño colectivo.
Ha llegado el tiempo de volver a juntarnos para aplicarnos con tesón, inteligencia y coraje a reconstruir nuestra unidad social por todos los medios, en el tiempo que sea menester, para reencontrar la armonía interna y sacar a la luz todo el potencial de nuestro pueblo.
Construir un país entero. Esta es, en síntesis, la propuesta fundamental del programa de gobierno que la Unión Cívica Radical, en el marco de la convergencia política que se desea lograr, pondrá a consideración de la ciudadanía para las elecciones presidenciales del 2015.
Queremos un país sin millones de argentinos que no tienen techo, ni educación, ni salud, ni seguridad, ni futuro, pero también un país en el que nadie se considere por encima de los demás, beneficiándose de la impunidad.
El crecimiento derivado de la gran demanda mundial de alimentos, impulsada por China e India, no ha llegado con sus beneficios a todos los argentinos por igual. Pese a lo que sostiene y propagandiza el Gobierno Nacional, la distribución del ingreso es hoy igual a la del mejor momento del peronismo de Menem. Nada ha cambiado en desigualdad, a pesar de que la Argentina tuvo más de una década de fuerte crecimiento.
La experiencia populista se ha agotado. Lo demuestran las dificultades crecientes para gestionar el Estado, la seguridad, el bienestar de la ciudadanía, y el conflicto social. Frente a esto, las posturas conservadoras no son viables porque solo imaginan más pérdida de cohesión social y más represión. Aún cuando no vayan necesariamente juntas.
Frente al populismo agotado y el conservadorismo inviable la UCR propone un modelo de desarrollo social, humano, cultural, político, económico integrador y sustentable. Porque creemos que sin desarrollo el crecimiento siempre será efímero y quedará desperdiciado, abriendo la puerta para una nueva frustración.
Está a la vista que el desarrollo no se produce espontáneamente. Desarrollo es privilegiar, potenciar y calificar a nuestra gente, cambiar la estructura productiva, modernizarla, hacerla más inclusiva y lograr de ese modo que el crecimiento perdure y la sociedad adquiera mayor cohesión.
Vemos que el desarrollo no se genera solo por repartir ayudas de supervivencia entre los que han quedado a la intemperie, mientras el crecimiento temporario es disfrutado solo por los ocupantes del poder y sus amigos y se desvía hacia la corrupción y los negociados improductivos.
Advertimos que el desarrollo no se alcanza mediante un gasto estatal desenfrenado sin ocuparse de los cambios estructurales; que aumentar el intervencionismo estatal y la presión fiscal no significa que esto redunde a favor de los que menos tienen; que utilizar una fraseología progresista no implica implementar políticas de progreso.
Resulta evidente que el enfrentamiento del Gobierno con algunos sectores sociales claves de la economía no ha redundado en la mejora de quienes supuestamente serían sus beneficiarios. Para el oficialismo la economía es un juego de suma cero: si alguien gana, otro pierde, es la pura puja distributiva, el puro conflicto, la pura fractura.
Para nosotros, el desarrollo sustentable es un juego de suma positiva. Todos los argentinos podemos ganar con él. El desarrollo sustentable, nacional a la vez que humano, es la apuesta de la Nación entera, la apuesta que nos devuelve la esperanza de fraternidad. Es futuro y progreso para la enorme legión que no tiene un trabajo de calidad ni tiene siquiera un pequeño patrimonio, para nuestros profesionales, para nuestros empresarios, para nuestros estudiantes, para nuestros trabajadores, pero sobre todo para el conjunto de la sociedad.
Lo mismo sucede a nivel internacional: el Gobierno ha llevado su concepción del conflicto al plano de las relaciones con los demás países, dividiendo el mundo en bandos, como si todavía siguiera existiendo la Guerra Fría. Llegando en los últimos tiempos a buscar como aliados privilegiados a estados reconocidos por la violación de los derechos humanos. El resultado ha sido una profunda
desconfianza internacional, que se ha traducido en una muy baja inversión económica, y en una marginación del país en las decisiones internacionales importantes.
En ese marco el recurso al endeudamiento con China y sus inversiones es el complemento del aislamiento. Una dependencia unilateral con cualquier potencia emergente es solo una táctica oportunista que busca inyectar anabólicos consumistas para disimular el laberinto estructural de nuestro sistema productivo.
Para la UCR, la Argentina aislada o sometida no tiene futuro, y debe conjugar sus decisiones soberanas con una integración estratégica e inteligente al mundo, que potencie y multiplique su inserción en el comercio internacional y que vuelva a ser respetada en su liderazgo en materia de derechos humanos, pluralismo e interculturalidad y en su influencia positiva en la región.
En el plano regional, hay que avanzar mucho más en la consolidación de la UNASUR y en la institucionalización del MERCOSUR -especialmente en la participación más equitativa en la toma de decisiones por parte de Uruguay y Paraguay- a la par de rescatar y afianzar la relación especial que tenemos con Brasil. También, la Argentina debe orientarse hacia el Pacífico, donde una integración estratégica con Chile y Perú nos darían conexión más directa con el lejano oriente, nuevo tractor de la economía mundial.
Construir una sociedad entera significa, entre otras cosas, el pasar de la «cantidad» a la «calidad». Pasar de los grandes números al funcionamiento eficaz. Cuando nos referimos a la calidad, nos referimos a reorientar y optimizar la gestión de las políticas públicas dándoles un sentido ciudadano y emancipatorio.
En un gobierno que ha malversado las estadísticas públicas y atropellado de mil maneras la realidad, los “grandes números”, sobre todo los del crecimiento del PBI, y la distribución de planes sociales-, invariablemente engañan, encandilan y ocultan la verdad. Necesitamos vincular la política a la calidad de vida y tener respuestas elaboradas, inteligentes y eficientes para una agenda social y ciudadana más compleja y diversa.
La UCR propone un decisivo cambio de enfoque: un Estado que respete, proteja y promueva la población y el territorio. Las ciudades son hoy, en el mundo, protagonistas centrales de la vida pública; es en ellas donde se expresan las tensiones, donde florece la creatividad y su dinámica, son las que garantizan o no la mayoría de los derechos ciudadanos: seguridad, vivienda, educación, salud, transporte, comunicación, esparcimiento y reconocimiento social.
Es entonces desde las ciudades, grandes, medianas y pequeñas, que tachonan nuestro vasto territorio, desde donde se da respuesta pública a las necesidades, demandas y aspiraciones de la ciudadanía, incluso los pobladores rurales. El 93 % de nuestra población vive en ciudades de más de 2000 habitantes; y la ciudad por su rol de articuladora territorial afecta, en todas las provincias argentinas, a la producción y la organización social. Es desde allí, a partir de las ciudades de todas las provincias, donde se le contesta a las oportunidades y desafíos que plantea la globalización.
Nuestra propuesta considera a las Provincias y sus ciudades como las grandes protagonistas de un plan de impulso y consolidación del progreso argentino. Su base será un verdadero entramado de ciudades a través de todas las provincias: una red densa y participativa que ocupe el territorio entero en términos de infraestructura de comunicaciones, de energía, de caminos, de ferrocarriles. Pero también de infraestructura productiva, comercial, de inversiones y negocios. Y de articulaciones para las ciencias, las artes y la innovación.
Deben conformar una red dinámica en la que los diferentes niveles institucionales tanto el Estado nacional, los estados provinciales y los municipios desarrollen sus actividades dentro de las competencias que les brinda la Constitución Nacional, mancomunados en un modelo de desarrollo integral dirigido a erradicar las desigualdades sociales y territoriales, y en relación constante con
la ciudadanía y sus expresiones organizadas.
LOS TRES PILARES DEL DESARROLLO: igualdad y libertad, modernización productiva y calidad de vida urbana y rural.
Como lo demuestra la experiencia en muchos países comparables, el desarrollo sustentable que nos permitirá ser nuevamente una nación dotada de una dinámica social democratizadora descansa en tres grandes pilares, cuya consolidación hace a su mutuo reforzamiento.
IGUALDAD Y LIBERTAD
El primero de esos pilares fundamentales para el desarrollo es la combinación entre IGUALDAD y LIBERTAD.
Consideramos que la sociedad argentina debe proponerse de nuevo la meta colectiva de la igualdad. La desigualdad corroe la paz interior y el bienestar general; cercena las oportunidades vitales de los de «abajo» a la vez que confiere un sentido de superioridad e impunidad a los de «arriba»; genera intolerancia, prejuicio, desunión, desconfianza social, además de todas las patologías asociadas a la miseria y la desigualdad.
Creemos en la combinación inteligente de la igualdad y la libertad. La igualdad no solo provee las oportunidades, sino que protege de la exclusión. La libertad permite el despliegue de la autonomía personal y social y también legitima al mérito y la solidaridad como determinantes del progreso personal y colectivo.
De este modo, para la UCR el gasto público debe convertirse en inversión social que genere las condiciones necesarias para que cada una de las personas, familias y comunidades puedan desempeñarse con autonomía, con libertad, y contribuyan a la productividad y al desarrollo. Hay que ayudar a que todos puedan renovarse y avanzar, continua y autónomamente.
Las políticas de la UCR para una sociedad más igualitaria, más equitativa y más justa apuntan a tres aspectos fundamentales de la igualdad: la igualdad de derechos y responsabilidades, la igualdad de oportunidades y la igualdad en la posesión de un piso de capacidades de autorrealización.
La primera de las desigualdades que se debe combatir y desterrar es la extendida impunidad de la que gozan algunos poderosos, que abusan de su posición de privilegio ya sea económica, política o social. Todos debemos ser iguales ante la ley, debemos tener los mismos derechos y las mismas
obligaciones, en un país con demasiados amigos del poder que saben que incumplir las disposiciones legales no les traerá ninguna consecuencia.
Ser iguales ante la ley significa tener tolerancia cero a la corrupción presente y futura, pero también pasada. No pueden quedar impunes los actos de corrupción de todos estos años. Deben ser investigados y castigados sus responsables. Si no garantizamos esta primera igualdad, la igualdad ante la ley, todas las demás igualdades serán aún más difíciles de lograr.
Igualdad ante la ley que significa un proceso constante de adecuación de los marcos jurídicos a la evolución social, pero significa también que quien cometa delitos no disfrute de la impunidad. Frente al flagelo de la inseguridad, queremos ser particularmente claros: vamos a luchar vigorosamente contra las causas sociales e institucionales que fomentan el delito y el crimen pero también vamos a luchar enérgicamente contra quienes cometen delitos y crímenes, poniendo especial énfasis en el delito complejo y el crimen organizado.
Debemos definir, consolidar y garantizar el orden público de la democracia. Esto implica no solo una inteligente y completa política de seguridad pública imbuida de valores democráticos, sino también nuevas garantías sobre el funcionamiento y la continuidad de los servicios públicos. La prestación de los servicios públicos en todos los campos no puede ser moneda de cambio para dirimir conflictos económicos, gremiales o políticos.
Construir una sociedad integrada es volver a ser la tierra de oportunidades que la Argentina alguna vez fue. Necesitamos avanzar hacia la igualdad de manera que las oportunidades vitales no estén disponibles solo para un pequeño círculo social, lo que reproduce las segregaciones territoriales. La política pública social, educativa, de salud, de vivienda, no debe ser el premio consuelo de los que no pueden pagarse una educación privada, los que no tienen una prepaga, los que no pueden acceder al crédito. Necesitamos una política pública integral e integrada de mejoramiento de las instituciones públicas, para que dejen de gestar “ghettos” para pobres o para ricos que reproducen la pobreza y la marginación y pasen a ser verdaderas fábricas de integración social y personal.
Hoy estamos en condiciones de desterrar la marginación y la pobreza en la Argentina. Tenemos los recursos económicos indispensables para abordar la tarea, también tenemos recursos humanos para hacerlo, pero se necesita una acción pública sistemática e inteligente que despliegue un esfuerzo nacional que debe combinar políticas educativas, sociales, habitacionales, de infraestructura urbana, de producción. Hoy podemos construir una sociedad conformada por una ciudadanía cohesionada.
Nuestro propósito es pasar de un estilo de intervención estatal paternalista que llega tarde, mal y arbitrariamente ante los problemas sociales, cuando estos ya se han dado, por uno de políticas de bienestar positivo, que brinden universalmente capacidades personales para prevenir los problemas antes de que ocurran, y para que sean los mismos sujetos con sus parejas y familias, las que autónomamente pueda construir sus rutas de ascenso y bienestar social.
Las políticas de bienestar positivo están destinadas a revertir décadas de carencias sociales que perpetúan la pobreza y la marginación, pero también tienen como objetivo generar las aptitudes y competencias personales y comunitarias para el desarrollo sustentable general. Prioridad, dentro de estas políticas, es el ampliar, fijar en la ley y perfeccionar la por años demandada Asignación Universal por Hijo.
En especial debe mejorarse y ampliarse el sistema de condicionalidades y monitoreo, para que todos los beneficiarios cumplan con los requisitos estipulados: vacunación, controles médicos, asistencia escolar primaria y secundaria. Esto vale especialmente para los casos de los niños más chicos en donde carencias nutricionales, sociales y afectivas tienen un impacto negativo muy importante sobre las capacidades futuras de su desempeño. No es admisible una manipulación política de estos instrumentos ya que profundiza las desigualdades y somete a tutela la libertad y los derechos de las poblaciones comprendidas.
MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA
El segundo pilar fundamental del desarrollo que nos va a posibilitar construir una sociedad integrada consiste en la constante MODERNIZACION PRODUCTIVA de la Argentina. Porque desarrollo es cambiar la estructura productiva, modernizarla, hacerla más inclusiva y lograr de ese modo que el crecimiento perdure.
El crecimiento económico no implica necesariamente el desarrollo de potenciales productivos y de la calidad social. Así también, tendemos a confundir un fenómeno de recuperación cíclica con un proceso de crecimiento sostenido.
Valga el ejemplo de estos últimos doce años cuando ha quedado claro que la ausencia de una visión común sobre el país y su economía y la consecuente falta de previsión son resultantes del accionar gubernamental que, influido por el cortoplacismo, impidió al país aprovechar las oportunidades que la economía mundial le presentó en la primera década del Siglo XXI.
Sólo comparable a su análoga del Siglo XX, las condiciones externas surgidas a partir de 2003 fueron excepcionales. El doble superávit de divisas y fiscal con que la Argentina contó en los años siguientes, sumados al impulso de salida de la crisis, crearon la expectativa razonable de que los círculos viciosos de estrangulamiento del gasto público y el comercio internacional habían sido superados.
Pero, el punto de inflexión fue 2007 y la intervención del INDEC, como señal de que el camino de la verdad, el conocimiento y la conciencia nacional sobre limitaciones y posibilidades había sido rehusado. A partir de allí los déficits resurgieron, como clara manifestación de que el gobierno peronista había aprovechado la coyuntura de la demanda internacional extraordinaria de materias primas, como un recurso rentístico para reproducir y aumentar su hegemonía política.
El final de 2013 con la devaluación y todo el transcurso de 2014 con la recesión e inflación, exhibieron con intensidad que el fatídico ciclo de activación y ajuste, aún estirado y disimulado, seguía vigente y espera todavía que una estrategia nacional inteligente lo afronte, dando respuestas estructurales que lo corrijan hacia el futuro.
Sostenemos que la Argentina experimentó una espectacular recuperación económica, después de la dramática crisis de comienzos de los 2000. Las “tasas chinas” de esos años reflejaron una sustancial capacidad de restablecimiento en la economía, desde un punto de partida con amplios márgenes de recursos productivos subutilizados, y en un contexto externo muy favorable, que facilitó combinar un fuerte repunte de la demanda interna y saldos del comercio exterior ampliamente positivos.
Surgía ahí el desafío de configurar una trayectoria perdurable de crecimiento que no dependiera de esas circunstancias particulares, y de un modo que permitiera atender las demandas distributivas que seguían presentes. Era cuestión de impulsar la acumulación de capital, que venía rezagándose respecto del incremento del gasto, y reforzar las corrientes de generación de divisas sobre la base de mayores volúmenes de producción de bienes exportables o sustitutos de importables más que de la incierta suerte de los precios internacionales.
No fue lo que ocurrió. La economía entró y continúa, en una etapa de altibajos y bajo dinamismo, donde se interrumpió la creación de empleo privado, el volumen de exportaciones se encuentra estancado por ya varios años y, no obstante, la dependencia del nivel de actividad respecto de las importaciones se ha acentuado. Sin una perspectiva de futuro, la economía argentina ha vivido al compás de las noticias cotidianas sobre el precio de la soja, el clima y el calendario de las cosechas, y los dimes y diretes con los acreedores buitres, mientras que la política económica se concentraba en maniobras para frenar las presiones en el mercado de divisas y sostener lo que queda de las reservas internacionales.
Mirando hacia adelante, reiteramos, es necesario tratar las perturbadoras inconsistencias macroeconómicas que resultan evidentes: una economía difícilmente pueda funcionar adecuadamente en medio de la inestabilidad de precios, con un sector público ampliamente deficitario, y sin crédito, que depende de la emisión para financiarse, y un esquema cambiario hecho de parches y remiendos. Pero resulta especialmente importante atender esas cuestiones con una mirada puesta en el desemboque de los cortos plazos hacia la definición de una pauta de crecimiento económico y desarrollo social.
Esa tarea colectiva demanda potenciar y construir capacidades propias en un entorno mundial que, ni hace falta decirlo, está en acelerada evolución. Durante la década pasada, la economía internacional estuvo marcada por fenómenos históricos como la emergencia de la potencia china y los grandes cambios tecnológicos, y también por las oscilaciones vinculadas con el armado y la ruptura de una gran burbuja macroeconómica, estallada en 2008-2009, cuyo procesamiento no ha concluido todavía.
Lo que viene es naturalmente incierto, pero seguramente estaremos en interacción con una variedad de actores internacionales relevantes, cada uno de los cuales irá presentando rasgos complementarios y otros competitivos con nuestra economía, y generará oportunidades y restricciones. En un tal campo de fuerzas sin un centro tradicional, pero con múltiples y posiblemente cambiantes factores de influencia, el pilotaje de la economía argentina demandará construir un sentido de equilibrio y de dirección que hoy está ausente.
Un desarrollo económico integrador y sostenible tiene requisitos de distinta naturaleza. El país debe ser capaz de financiar sus gastos, sin despreciar el uso de crédito externo en condiciones aceptables y para usos productivos, pero dejando de lado al endeudamiento como recurso sistemático. En última instancia, esto implica cubrir la restricción externa en base a una expansión de la capacidad de producir competitivamente bienes vinculados al comercio exterior.
A su vez, hace falta insistir en que la generación y aprovechamiento de mejoras tecnológicas es un elemento clave para incrementar la productividad de la economía. Y también hace falta que a lo largo del proceso de crecimiento se reduzcan las desigualdades de ingreso y la polarización social, utilizando políticas de transferencia, en todo lo necesario, pero sobre todo haciendo eje en la
ampliación de las oportunidades laborales para la población con menores recursos de partida.
La economía argentina es compleja. Contamos con un sector agropecuario pampeano que no sólo se apoya en una dotación natural sino que ha manifestado una destacada disposición a crecer mediante innovaciones técnicas y de gestión, pese a los frenos de política que se le atravesaron. Por su lado, cuando tuvieron un marco general proclive a su operación, las economías regionales también mostraron dinamismo. La producción de servicios sofisticados con potencial de salida al exterior ha reflejado la presencia de apreciables reservorios de creatividad e iniciativa.
En la industria manufacturera, ampliamente heterogénea, hay áreas de alta productividad, incluyendo PYMES. Sin embargo, quien más quien menos, estos sectores han enfrentado dificultades. Hacia adelante, el diseño de instituciones y políticas económicas debe facilitar que se potencien esas promesas, y otras que vayan surgiendo. Pero no basta con eso, especialmente en lo que hace a la generación de empleo productivo para la integración social, un aspecto que no puede dejarse de lado, inclusive en función de la sostenibilidad del crecimiento. El crecimiento tendrá seguramente actividades líderes y otras menos dinámicas, pero debe ser de amplio espectro, en la industria manufacturera, especialmente.
No hay otra forma de combinar crecimiento sostenido, equilibrio externo y una evolución favorable de los niveles de vida del conjunto de la sociedad que hacer del aumento sostenido de la productividad sistémica la clave de la competitividad de la economía. Una economía que no invierte, no ahorra y no exporta, tampoco crece. Se requieren inversiones que promuevan la sustentabilidad externa, y la difusión del cambio tecnológico, que contemplen la ubicación en la región y el mundo de su vasto territorio y que eviten cuellos de botella en infraestructura.
Le corresponde a las políticas macroeconómicas servir como instrumentos para alargar el horizonte de miradas y decisiones. Hoy la inflación es un factor de perturbación que inhibe el ahorro en moneda nacional y distrae la atención en las decisiones de inversión. La inflación, como problema macroeconómico no permite la indiferencia y exige eludir el simplismo.
Los requerimientos de inversión para el crecimiento apuntan a ser considerables en el futuro, en particular por la capitalización necesaria en infraestructura energética y de transporte. Esto subraya la importancia de generar y captar el ahorro y de contar con instrumentos de financiamiento para los cuales interesa especialmente la previsibilidad del entorno económico y en especial la perspectiva de una inflación moderada y sin sobresaltos.
La presión tributaria ha aumentado lo suficiente como para hacer viable una discusión acerca de la necesidad de un nuevo “pacto fiscal”, que incluya una perspectiva desde las políticas públicas (educación, salud, asistencia social, etc.).
Los cambios también deberían abarcar el régimen fiscal federal. Nuestro país no puede seguir postergando la resolución de la cuestión federal. Esta resolución deberá abarcar todas las dimensiones del problema, incluidas ciertamente las profundas asimetrías regionales que se vienen manifestando desde nuestros orígenes y que se agravaron durante el actual ciclo peronista. Esta versión kirchnerista, fiel a una concepción vertical del poder político, gestiona unitariamente el país.
El mantenimiento de esos equilibrios en una economía en transformación y sin esperar el arrastre de precios internacionales en alza requerirá visión y habilidad en la elaboración y la gestión de políticas, en las áreas específicamente económicas, pero no sólo en ellas. Se requiere de un nuevo Estado y de una movilización social colectiva.
Se necesita un Estado con capacidades complejas, profesionalismo suficiente y vínculos mutuamente enriquecedores con los diferentes actores económicos. La experiencia internacional demuestra que los procesos de desarrollo virtuosos cuentan con un Estado autónomo, con competencias para orientar el desarrollo endógeno y colaborar con los actores económicos a enfrentar los desafíos que imponen las nuevas formas globales de producción y financiamiento. La captura del Estado por grupos políticos, económicos y/o sociales atenta absolutamente contra toda intención de desarrollo endógeno favoreciendo la corrupción y sus derivados: la desigualdad social y territorial.
La movilización social colectiva involucra particularmente a la formación de las personas a través de la educación. La educación tiene por cierto funciones que exceden con mucho a la preparación para el trabajo: se trata de sembrar capacidades para el desarrollo personal y la participación plena y activa en la sociedad. Sin embargo, ese desarrollo y esa participación difícilmente se manifiesten en quienes se encuentren, y esperan seguir encontrándose, en situación de inferioridad laboral y económica.
Para que el esfuerzo educativo fructifique resulta crucial la motivación de los estudiantes, uno de cuyos elementos centrales sería la percepción de posibilidades de avance económico y social a través del empleo.
El sistema educativo no opera como un instrumento de inserción productiva e igualación de oportunidades; más bien, tiende a perpetuar la segmentación social.
Un fuerte desafío para los próximos años es hacer que la educación sea vista, y de hecho funcione, como un vehículo para el progreso de las generaciones que hoy son jóvenes.
CALIDAD DE VIDA URBANA Y RURAL
El tercer pilar del desarrollo consiste en la generación de políticas destinadas a la inclusión territorial y al mejoramiento del bienestar ciudadano.
Los habitantes de una determinada zona del país, urbana o rural, saben de la importancia que tiene la ciudad cabecera en donde realizan sus trámites públicos y privados y en donde reciben atención primera sus demandas de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad.
La ciudad es la marca geográfica que organiza el territorio; en función de ella se estructura un entorno al que condiciona y del que depende. De una buena o una mala organización urbana dependen el tiempo disponible de las personas, o la dotación de lugares de ocio y encuentro, la necesidad de energía e incluso la tramitación del conflicto social.
Las ciudades difunden en su entorno la calidad educativa, la calidad sanitaria, la calidad de la seguridad, la calidad del esparcimiento, la calidad medioambiental, y la calidad política. Entrar a los problemas de la sociedad desde una perspectiva propiamente urbana es el acceso moderno a los problemas del conjunto.
El mejoramiento de la infraestructura urbana impacta decisivamente en la esperanza de vida, incluyendo la reducción de la mortalidad infantil, y hace fundamentalmente a una estructura de oportunidades vitales. Hoy los argentinos sufrimos la paradoja de pagar impuestos, como nunca en la historia, y no ser estos retribuidos con bienes públicos de calidad. Por el contrario, los que pueden, compensan esas deficiencias duplicando sus gastos: enviando a sus hijos a escuelas privadas, contratando seguridad privada, hasta viviendo en barrios privados, una verdadera anomalía urbana. El resto de la población, debe resignarse simplemente a padecer estos problemas: un medio ambiente contaminado, sin agua potable ni cloacas, bajo el miedo de la inseguridad endémica, incrementada por la presencia del crimen internacional organizado, sin una red de transporte público eficiente e integrada, sin energía accesible y sustentable.
Por supuesto, coexisten en la Argentina una variedad de ciudades, con diferencias muy marcadas tanto en su tamaño como en el contexto geográfico y demográfico en el que se localizan, y en su identidad cultural.
Una preocupación fundamental para el próximo Gobierno de la UCR es tanto el de integrar y vertebrar el territorio nacional con políticas inclusivas como el de atender a las demandas y complejidades particulares de cada una de las ciudades y sus realidades provinciales. Pero, las ciudades tal y como existen no son sólo un punto de llegada de las políticas sino también un punto de partida y transmisión.
La distribución, densidad, educación, ocupación y productividad de la población de nuestro vasto territorio es por muchas razones insatisfactoria.
Muchas veces por defecto, a veces por exceso la población y el territorio están desencontrados desde el Siglo XIX. Las grandes concentraciones con baja productividad y los dilatados baldíos siguen reclamando en el Siglo XXI una acción vigorosa del Estado y la sociedad para articular mejor el país, pensándolo como un protagonista aventajado y ambicioso de las corrientes regionales y mundiales de intercambio.
En el 2015 un nuevo gobierno electo recibirá una Argentina desigual económica, política, social y territorialmente. Sus ciudadanos tendrán oportunidades desiguales según su lugar de nacimiento. Nos interesa destacar algunos problemas específicos que deberían integrar la agenda nacional y que hoy son relegados a los gobiernos provinciales o municipales para ser atendidos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo Nacional.
El subdesarrollo del Norte Grande Argentino es una problemática de larga data, que no ha hecho más que agravarse en las últimas décadas. Es un extenso territorio de 10 provincias, con el 30.43% del territorio continental argentino, con casi 10 millones de habitantes. Pese a su importancia estratégica y posibilidades de desarrollo tiene indicadores de desarrollo humano claramente por debajo de la media nacional. Algunas de sus ciudades encabezan los indicadores negativos de desarrollo humano. Esta asimetría centro-periferia, centros urbanos desarrollados-Norte Grande, lejos de ir disminuyendo con la consolidación de la democracia y la “década ganada”, ha ido profundizándose en el tiempo. Mientras se invierte en modernizar los trenes del conurbano, las vías en el norte se están perdiendo entre la maleza, mientras se discute cuánto y a quién se le subvenciona el gas en la Ciudad de Buenos aires, todo el nordeste tiene pendiente la construcción de un gasoducto que pueda hacer competitiva su industria y mejore la calidad de vida de nuestras comunidades, mientras se mejoran puertos en la Provincia de Buenos Aires, en el norte existe escaso desarrollo del trasporte fluvial, mientras la inseguridad arrecia en todos lados se trasladan gendarmes de sus fronteras lindantes con 5 países y se los destina al conurbano.
Todo lo que se retrocedió durante la dictadura y la gestión peronista de signo menemista se ha consolidado y profundizado a partir de políticas centralizadas dirigidas a consolidar los beneficios para el electorado de la facción gubernamental situado en el centro del país.
Los intereses de las grandes empresas transnacionales que se dedican a la explotación hidrocarburíferas y minera no deben ser los que dicten la política productiva y condicionen la calidad de vida y el ambiente de los compatriotas que viven en esos suelos. Las provincias patagónicas y cordilleranas constituyen territorios cuyos problemas son de todos los argentinos y deben integrarse al plan de desarrollo nacional. Durante estos últimos años hemos asistido a distintos procesos de entrega de los recursos naturales argentinos que deben ser revertidos. Paralelamente, se han desoído los mandatos constitucionales respecto de los pueblos originarios.
Una fuente mayor de problemas lo constituye el de las áreas metropolitanas, con el caso paradigmático de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, pero también existe una tendencia a la conurbanización en el resto de las ciudades 12grandes, especialmente las capitales de provincias.
Para la UCR la complejidad de las áreas metropolitanas demanda la constitución de una autoridad propia responsable, el Consejo Metropolitano, y la integración de un fondo específico de reconfiguración del Área Metropolitana orientado a seis problemáticas básicas: seguridad; disminución, recolección y tratamiento de residuos; movilidad y transporte; agua y cloacas; calidad del espacio público y equiparación de servicios esenciales.
Las actividades económicas, aún las más virtuales y tecnológicas involucran personas viviendo y trabajando en un territorio determinado. De allí que la estrategia de desarrollo de la UCR haga foco en las ciudades de todas las provincias por igual, como nodos de inversiones, negocios, infraestructura, capacitación y bienestar de una gran red nacional en conexión virtuosa con la red global y en la cual el estado nacional debe jugar un papel con programas dirigidos a subsanar las desigualdades y los desequilibrios territoriales y a fortalecer la participación nacional en el mundo global.
LOS INSTRUMENTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO EN DEMOCRACIA: Estado, institucionalidad política, educación y el mérito y la solidaridad
UN ESTADO INTELIGENTE COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA UNA BUENA SOCIEDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.
Una herramienta clave para el progreso es un Estado que contribuya a generar los recursos humanos, sociales e institucionales necesarios para el desarrollo, imprimiendo al país la orientación estratégica básica, sumada a una interacción virtuosa con un mercado dinámico, pero regulado para preservar su estabilidad y brindar apoyo a los actores económicos nacionales para enfrentar con éxito los desafíos de la competencia global que involucra a nuestro propio territorio.
Para esto, en primer lugar, se debe terminar con la improvisación, el aislamiento, la desconfianza, el centralismo, la ignorancia y la arbitrariedad que abundan hoy dentro del Estado, siendo el caso emblema de esta destrucción lo que ha sucedido en el INDEC. Y es imperativo limpiar y salvaguardar al Estado de las interferencias de los intereses corporativos y de la colonización sectaria del peronismo kirchnerista, que afecta de manera alarmante al Poder Judicial pero también extiende sus tentáculos por las más diversas ramas estatales..
Se necesita de una dirección profesional de los Ministerios, y de una reconstrucción de la línea jerárquica de la administración pública. Los buenos funcionarios de carrera deben ocupar el lugar que merecen y simultáneamente se deben modernizar y fortalecer las estructuras del Estado a nivel nacional, provincial y local, rediseñando sus respectivas esferas de competencia, tal como están previstas en la Constitución, y utilizando las nuevas tecnologías para situarlas más cerca de los problemas de los ciudadanos y de su control y participación. Además, es necesario reformular la división funcional clásica de los ministerios. Nuevos problemas requieren de una organización adecuada a la solución de los mismos. La complejidad de los problemas derivados del postfordismo, de la globalización financiera, de las fluctuantes regionalizaciones internacionales, del reconocimiento a la diversidad social y el desarrollo del crimen complejo nacional e internacional, no pueden atenderse con una organización que responde a cánones anteriores a los grandes cambios mundiales y societales que sobrevinieron desde la década del 70 del siglo pasado.
El desarrollo demanda organizar un sistema de gobernabilidad democrática que se despliegue a través de modernos mecanismos de planificación estratégica y participativa. Necesitamos salir de la centralilzación arbitraria e ineficiente y potenciar las energías locales y generar sinergias provinciales y regionales que redunden en beneficios a toda la nación. Se requiere una descentralización que implique la asignación de recursos derivados de una recta y justa aplicación del régimen de coparticipación federal de impuestos, pero también de responsabilidades; que implique un esquema de metas claras y realistas, con un sistema de incentivos para las jurisdicciones que en el marco de su autonomía se comprometan y alcancen los objetivos.
Propiciamos una descentralización administrativa acorde con lo que ordena nuestra Constitución, respetuosa de las competencias de cada uno de los niveles, pero sometida al control institucional y ciudadano.
La propuesta de la UCR es que simultáneamente se opere:
* una modernización del Estado en todos sus niveles incorporando los elementos tecnológicos que garanticen un monitoreo constante de parte de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad sobre los objetivos de toda la administración pública, el origen de los ingresos públicos y el destino del gasto estatal, y el cumplimiento de esos objetivos.
* una reorganización del Estado a fin de atender con la competencia adecuada a la complejidad de los problemas de la época. La desigualdad individual y social, y el delito complejo son ejemplos de las cuestiones que enfrentamos y que requieren que el estado gane en estatalidad a partir de la superación de la gestión fragmentada de las cuestiones complejas para poder ser un actor significativo en la elaboración de las soluciones de las que deben participar los damnificados.
* una reforma administrativa, que contemple tanto la “devolución” de competencias y responsabilidades perdidas por los niveles provinciales y municipales como la creación de nuevas instancias de gestión administrativa territorial: regiones interprovinciales, regiones intraprovinciales (que pueden ser diferentes siguiendo criterios funcionales – productivos, demográficos, sociales, etc., – en vez de solo político-territoriales).
LA INSTITUCIONALDAD POLÍTICA DEMOCRÁTICA COMO CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO
El retroceso en el cumplimiento de la Constitución Nacional reformada en 1994 y, más aún, la reversión del sentido con que fuera realizada la misma a partir de la gestión peronista de versión kirchnerista inaugurada en 2003, se han transformado en obstáculos insalvables para el desarrollo del país y su inserción internacional adecuada.
La concentración del poder que se fue gestando al extender las leyes de emergencia que han brindado a la Presidencia la capacidad de utilizar el presupuesto sin control parlamentario, la violación del principio de la no delegación legislativa en el Poder ejecutivo a partir de la sanción de una legislación que hace de los decretos de necesidad y urgencia la norma superior y el abuso de las mayorías parlamentarias, han hecho de la arbitrariedad el modo de gobernar. Con ella no sólo se ha instalado la corrupción como instrumento de la política nacional sino la ilegalidad. Las intervenciones de la justicia declarando inconstitucionales a un elevado número de leyes en los últimos años y el intento del gobierno de reformar la justicia para poder persistir en su modo autoritario de gobernar son claros indicadores de la intención gubernamental de alejarse de la Constitución Nacional.
La restauración de la división de poderes, la rejerarquización de la Constitución Nacional, el fortalecimiento del control institucional y ciudadano sobre la Presidencia y el Jefe de Gabinete, el reequilibrio del Consejo de la Magistratura, el retorno a la responsabilidad personal de los funcionarios públicos que delinquen en el ejercicio de sus funciones, el mejoramiento en el funcionamiento de la justicia y el fortalecimiento del Congreso Nacional como ámbito de decisión política plural y democrática, y de control del Poder Ejecutivo son nuestro compromiso renovado en esta nueva instancia electoral.
Sin legalidad constitucional no hay libertades, derechos, ni garantías para la vida y el desempeño personal y social. El desarrollo requiere de la previsibilidad que el decisionismo niega.
La democracia necesita para su fortalecimiento de una mayor participación ciudadana. Esta no debe limitarse a las elecciones periódicas ni al control a través de la información. Se requiere un mayor reconocimiento de los ciudadanos en la gestión de las cuestiones públicas. Para brindar igualdad de oportunidades a mujeres y hombres se impone avanzar en la igualdad de género y las políticas de cuidado.
LA EDUCACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA DECISIVA PARA EL DESARROLLO.
Dentro del repertorio de políticas públicas que es responsabilidad ineludible del Estado, la gran apuesta de la UCR sigue siendo la herramienta de promoción social y de progreso que en la Argentina ha sido la educación.
Sin embargo, en la última década la educación argentina ha sufrido un importantísimo deterioro, que se evidencia en el retroceso que nuestro país ha registrado en las evaluaciones comparadas con países vecinos y el insatisfactorio rendimiento de nuestras universidades, carentes de una política pública innovadora, que potencie sus autonomías y las sitúe como palancas decisivas en
la movilidad social ascendente y, en articulación con el sistema científicotecnológico, en la distribución equitativa del conocimiento disponible.
Hoy la escuela ya no es la institución fuertemente igualadora que fue en el pasado, habiéndose convertido antes en un confirmador y replicador de la situación social de quien asiste a ella. Tampoco se caracteriza por lograr altos estándares educativos, lo que nos coloca ante un doble problema a resolver urgentemente. Asimismo, es descomunal la tasa de deserción en la secundaria, y por lo tanto, son cada vez más los jóvenes que ni estudian ni trabajan.
Buena parte de este cuadro desolador se explica por el deterioro en la calidad real y percibida de las escuelas públicas en muchas áreas del país. El fenómeno conocido como la fuga de la escuela pública debe ser urgentemente revertido.
Primero, porque un porcentaje mayoritario de la población de edad sigue dependiendo de este tramo esencial de nuestro sistema educacional; segundo, porque las familias y niños que asisten a las escuelas públicas son los que más necesitan igualar sus oportunidades de realización personal en el futuro próximo; y tercero, pero no menos importante, porque en la historia argentina la educación pública y su calidad fueron el pilar de la construcción de una conciencia social y nacional de convivencia, no discriminación, civismo y laicismo que fuera motivo para nuestro orgullo nacional durante todo el siglo XX y que debe seguir siéndolo.
Esto no se debe a que escaseen recursos económicos destinados a la educación: ellos han aumentado en todas las jurisdicciones provinciales y, a pesar del leve retroceso de los últimos años, aún hoy gastamos por alumno más que México, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, obteniendo peores resultados.
Más bien, resulta evidente la crisis de un modelo educativo y la necesidad de modernizarlo en sintonía con las experiencias exitosas, argentinas e internacionales y especialmente las regionales, en todos sus niveles, pero es esencial que el esfuerzo esté orientado hacia el cumplimiento efectivo de los objetivos curriculares obligatorios en la educación primaria y secundaria.
El Plan de Desarrollo Educativo de la UCR para 2015-19 coloca a la evolución y al progreso de los alumnos en el centro del sistema: es decisivo el liderazgo del gobierno nacional para que, en coordinación con las provincias, se alcance el monitoreo continuo de los progresos y de los problemas con los que se encuentran los alumnos, y la provisión de recursos y de capacitación especializada a las escuelas y docentes que confrontan más dificultades. Simultáneamente, se desarrollará un sistema de reconocimientos profesionales e institucionales para los docentes, directivos y establecimientos que exhiban logros en proporción con los desafíos asumidos: especialmente, mejorar la calidad en la enseñanza y aumentar el nivel de retención de alumnos.
Otro componente clave del plan de desarrollo educativo es la participación de todos los sectores sociales en pos del objetivo de mejorar día a día nuestra educación. La idea central es trasladar recursos pero también responsabilidades y rendición de cuentas tanto a los alumnos como a los docentes y autoridades de las escuelas. En ese sentido, la política social debe estar íntimamente coordinada con la política educativa y debe estar planteada como respuestas a las necesidades concretas y específicas de cada caso, y no desde una idea general bajada desde arriba.
Las universidades y más en general la educación superior nos son ajenas a la crisis de eficiencia y calidad de nuestro sistema educativo. Ellas deben llevar adelante sus propias reformas, en el marco de una política pública respetuosa de las autonomías, a la vez que necesitan una reflexión inteligente y sincera para fortalecer la investigación, ofrecer a los estudiantes una orientación de sus estudios y de su vida profesional acorde con las necesidades y proyecciones de la sociedad y mejorar sustancialmente la relación entre ingresantes y egresados.
MÉRITO Y SOLIDARIDAD
Mérito y solidaridad son dos valores a recuperar como razón del progreso personal y colectivo. Tanto el emprendimiento como el trabajo en equipo son rasgos de las actuales formas de producir. La desigualdad existente en nuestra sociedad exige articular ambos valores. El emprendedurismo, destacado en la sociedad del conocimiento, debe ser impulsado al mismo tiempo que las formas sociales de producción relacionadas a la economía social.
La valorización del mérito y de la solidaridad son incompatibles con la corrupción. La corrupción es el instrumento para destruir la calificación por el mérito, en todos los niveles y en todas las actividades, ya se trate de la promoción en una carrera o del éxito en una licitación. La corrupción destruye la solidaridad que es reemplazada por el amiguismo.
El mérito deben ser revalorizado en la sociedad, combatiendo también el exitismo exhibicionista que desestimula el esfuerzo y fomenta la desconfianza social.
En la construcción de las categorías de la sociedad no tenemos premios ni institutos que valoricen la invención, la originalidad y el esfuerzo. Todo se reduce a ganar más dinero o tener más apariciones en los medios. En estas condiciones el clima recoleto que caracteriza los trabajos profundos y de largo aliento en la educación, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología, en la construcción social y en la formación política, se vive más como una carga negativa que como el clima necesario y deseable para esas labores.
Deberemos construir instituciones para sostener la idea de premios, especialmente para los jóvenes, asegurando la calidad y la transparencia de los escalones que deben transponer en todos los niveles educativos, en la formación deportiva y artística y en la participación comunitaria. Exámenes de idoneidad, premios a la excelencia individual y colectiva y estímulos morales para pasar a mayores esfuerzos deben volver a ser el paquete de instrumentos normal y colectivamente aceptados por toda la sociedad.
En el campo económico, el emprendimiento y el mérito son valores insustituibles. El empresario de cualquier tamaño, que tiene la habilidad de reunir factores productivos de la sociedad de modo que, combinados por él, den un fruto más valioso que la suma de valores de los componentes, es un creador de riqueza indispensable para el progreso. En las sociedades modernas el empresario es un actor independiente de la propiedad del capital, de la tecnología o de los recursos naturales. Debemos reconocer a ese agente del cambio, interpretarlo, apoyarlo, estimularlo y representarlo.
Esa nueva riqueza así creada, debe tener institutos específicos para su protección y su orientación hacia nuevos emprendimientos, sin perjuicio de su necesaria contribución, por vía impositiva, al financiamiento del conjunto de las necesidades de la sociedad. En este sentido, en la Argentina debemos encarar una reforma impositiva que inicie el camino de este nuevo enfoque que complementa a los preexistentes.
UNA CONVOCATORIA A LA DIRIGENCIA NACIONAL
La apasionante y enorme tarea del progreso demanda que la dirigencia perciba y comprenda las oportunidades y amenazas que se plantean a la Argentina y haga un esfuerzo proactivo y responsable para gestar una estrategia global del país entero para reafirmarse y salir bien plantados en esos escenarios cambiantes y complejos.
Sin dudas, la dirigencia política tiene que dar el ejemplo y la Unión Cívica Radical se compromete tanto a ser responsable ante la ciudadanía por sus políticas y su gestión pública, como a responder a las demandas con eficacia de gestión y efectividad gubernativa.
Asumir la misión de dirigir significa orientar las energías sociales a la participación institucionalizada y cívica. Pasar de las cúpulas enquistadas en las corporaciones a una democratización de ellas. Reconocer y habilitar a aquellos que han sido elegidos en comicios transparentes y participativos
También es clave la participación y el compromiso de la juventud, quien ha sido siempre la columna vertebral de la UCR. El país necesita que nuestros jóvenes participen activamente en la política, que canalicen sus demandas y proyectos en una organización que les ofrece mucho más que una simple posibilidad de expresarse por aclamación. Es por ello que los jóvenes están especialmente convocados a participar activamente del proyecto de la UCR para el desarrollo sustentable, nacional y humano.
A lo largo de toda su historia la UCR ha bregado por consolidar la igualdad de derechos de las mujeres, no solo como un imperativo moral, sino porque ellas representan la mitad de toda la potencia de la sociedad argentina y son protagonistas en la formación de las generaciones futuras. La marcha hacia la igualdad de género en términos de derechos y de gravitación real, debe ser tan
eficaz como para que el tema se estabilice como un asunto crítico durante un período prolongado en la agenda pública. Son demasiados los incumplimientos internacionales que el país tiene respecto de las políticas de género y la falta de políticas para atender cuestiones tan graves como la de la muerte materna.
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA COLECTIVA
Para finalizar, la conciencia acumulada por la sociedad argentina en las últimas décadas en que reconquistamos la democracia, sumada a la interpretación amplia de las vidas y las luchas de nuestros antepasados: sus grandes realizaciones y sus frecuentes errores o frustraciones, es el capital de experiencias más importante del cual hoy disponemos los argentinos.
Sabemos que la democracia, las libertades públicas y los derechos humanos son imprescindibles. Pero también que deben asentarse en el respeto total a la Constitución Nacional y al orden jurídico allí establecido, a la soberanía nacional y el respeto hacia todos los pueblos del mundo, a la división de poderes, al federalismo y a las garantías y derechos sociales allí consagrados. El gobierno debe surgir de un sistema político pluralista y competitivo, organizado en partidos políticos. Su labor tiene que potenciar a la sociedad de manera que crezca, se desarrolle y progrese. Se necesita de voluntad de poder y de una amplia coalición económica y social para llevar adelante las reformas necesarias. Ese arco de ciudadanos asociados debe comprender no sólo el área metropolitana sino también todas las regiones, no sólo las clases empinadas sino abarcar también a los estratos medios, pero además y con más razón a los sectores postergados y al injustificable espacio de los compatriotas sumergidos, en particular a los jóvenes y a los niños.
Sabemos que gobernar es por sobre todas las cosas el arte de construir acuerdos a partir del disenso político, no desconocer los conflictos pero afrontarlos con sentido de superación, elaborar las políticas y llegar a ágiles decisiones con determinación pero con consulta y amplia escucha de todos los interesados.
Sabemos que para gobernar hay que disponer de buenos argumentos y persuadir con ellos a los ciudadanos, pero también que para gobernar con éxito se requiere la decisión firme de generar recursos y capacidades públicos que respalden la eficacia del Estado y utilizar todo ese poder legítimo para realizar el programa que el pueblo legitima con su voto.
