La donación de alimentos excedentes en supermercados y hoteles entre otras empresas enfrentó en Buenos Aires a las diputadas Carrió y Stolbizer. La chaqueña que defendió un proyecto que trasgrede normas constitucionales se sintió desenmascarada y le dijo “estúpida”. En Misiones, el renovador Alarcón tiene un proyecto que supera las tensiones de derechos. Propone la creación de un Banco de Alimentos bajo la tutela del Estado.

Posadas (Miércoles, 15 de noviembre) Se le cayó a Carrió la máscara “republicanista” que es una de las que se ha investido para posicionarse en la escena política. Fue Stolbizer, que disputa el mismo espacio que ella, la que le desnudó la cara. Por eso la representación del enojo que hizo cuando le dijo “estúpida” en pleno sesión de la Cámara de Diputados.
En la sesión especial del 8 de este mes, Elisa Carrió salió a respaldar un proyecto presentado por la diputada Patricia Giménez de Mendoza que pretende modificar la ley conocida como “del buen samaritano” que regula la donación de alimentos. El régimen especial para la donación fue establecido hace dieciséis años. Lo que se propuso ahora es eximir de responsabilidad a los donantes por eventuales ingestas de alimentos en mal estado. Después de un detallado informe de la diputada mendocina, Carrió abundó en los mismos argumentos referidos a la cantidad de alimento que se desperdicia y la gran contradicción argentina que produce para abastecer al mundo pero tiene población con hambre.
Carrió inició su exposición desde un abordaje realista para hacer apoyar desde una visión pragmática la donación. Dijo: “señor presidente: en primer lugar, debo señalar que se desperdician 16.000 millones de toneladas de alimentos. En segundo término, en la Argentina tenemos un problema de hambre que afecta aproximadamente a 3 millones de personas. Por lo tanto, con 5 millones de toneladas que se pudieran recuperar, obviamente antes del vencimiento, podríamos resolver al menos el problema básico del hambre en la Argentina… Lo cierto es que la perversión más grande de la Argentina es que produciendo la mayor cantidad de alimentos en proporción con el resto de los países del mundo, tengamos 3 millones de personas con hambre… la opción es donar o no donar… estoy por la exención impositiva para los que donen, porque a esta altura lo que me importa es que no haya hambre y que la sociedad civil se comprometa, porque ella también es corresponsable del hambre que hay en la Argentina”.
¿Pero qué pasa con la responsabilidad de los donantes ante el eventual consumo de alimentos en mal estado? Es la pregunta que se hizo la diputada Margarita Stolbizer que sorprendió a todos con su exposición.

Néstor el Republicano

“Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires”, habilitó así el micrófono el presidente Monzó.
Stolbizer: “Señor presidente: me tocó participar de este mismo debate en el año 2004, cuando voté negativamente casi en soledad, porque todos los bloques se habían unido para aprobar el proyecto. Días después el entonces presidente Kirchner, con un fundamento ajustado absolutamente a derecho, vetó el artículo 9°”.
¿Cómo Néstor vetó sujeto a derecho? El rostro de Carrió ya traducía su incomodidad. Era corrida por Stolbizer con su propio discurso fundamentalista en favor del funcionamiento de las instituciones de la República.
La ley que se aprobó en 2004, es la 25.989 que regula la donación de alimentos que las empresas o industrias tiran, pero que cumplen con las condiciones bromatológicas exigidas por el Código Alimentario Nacional, para que puedan ser donados a entidades que se encargan de su distribución en los sectores vulnerables, como por ejemplo comedores o Bancos de Alimentos.
Ese mismo año, el presidente Kirchner promulgó la ley con un veto parcial. Veamos lo que establece el decreto: “Visto el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 25.989, sancionado por el Honorable Congreso de la nación el 16 de diciembre de 2004, y Considerando que el mencionado Proyecto de Ley, crea el Régimen Especial para la Donación de Alimentos en Buen Estado.
“Que el artículo 9° del Proyecto de Ley dispone que una vez entregadas al donatario las cosas en las condiciones exigidas por el artículo 2°, el donante queda liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse con ellas o por el riesgo de las mismas, salvo que se tratare de hechos u omisiones que degeneraren en delitos de derecho criminal.
“Que si bien se comparte el propósito de la norma bajo análisis, que viabiliza el acceso a los alimentos por parte de los grupos poblacionales más vulnerables, resaltando el espíritu solidario de la comunidad, se propone el veto total del artículo mencionado precedentemente.
“Que lo expresado en el párrafo anterior encuentra fundamento en la protección de la salud pública, que como valor de carácter supremo exige su tutela y mantener la responsabilidad por los daños y perjuicios vinculados a la misma cuando ésta se vulnera…”
Por eso promulgó la ley pero vetando el artículo 9°.

Gravísimo e inconsitucional

Continuó Stolbizer: “El buen samaritano es el que entrega algo de lo que le duele desprenderse. El problema del hambre no se resuelve dando lo que sobra, mucho menos cuando hay riesgo. Esto es lo que hay que entender. Lo que se está por votar es gravísimo, porque la ley vigente es buena, ya que crea un banco de alimentos para ayudar al que no tiene. Esto está bien. Lo incorrecto es pretender que el que done alimentos no tenga ninguna responsabilidad si, por ejemplo, por un tema de fecha de vencimiento el producto termina matando a un chiquito.
En medio de esa discusión se cuelan dos cuestiones: la primera es ética, al pretender sacar un certificado de buen samaritano cuando se regala lo que sobra. El banco de alimentos permite que todos puedan donar alimentos sin tener esa pretensión sobre la exención de responsabilidad; esto es terriblemente antiético.
La segunda cuestión es de derecho. Este proyecto corre el riesgo de ser declarado inconstitucional porque en el derecho existen dos principios generales. El primero es que todas las personas tienen derecho a no ser dañadas. El segundo es que toda persona que sea dañada, siempre y en todos los casos, tiene derecho a ser indemnizada. Esta iniciativa dice que si una persona que donó un alimento produce un daño, aquel que entregó el alimento no será responsable. Violenta dos principios generales del derecho”.
Evidentemente Stolbizer se apropió del fundamentalismo republicano de Carrió y la dejó off-side. Es el contexto por el cual la chaqueña que es diputada por los porteños hizo escándalo. Acusó de estúpida a Stolbizer y de estúpidos a los progresistas que quedan enredados en las formas. Un prócer del respeto a la Constitución no se bancó que le digan que hasta Néstor Kirchner, peronista si los hubo, está más apegado a derecho que vos.

La fórmula de Alarcón

Más allá de este efecto político que mancha la trayectoria de Carrió, que hoy como oficialista aparece dando barquinazos entre el pragmatismo peronista y el apego a los límites que establece un estado de derecho, es cierto que la donación de alimentos se encuentra encorsetada por las disposiciones legales que rigen y que a la vez son ineludibles para resguardar la salud de la población.
La Provincia no es ajena a este debate. La Cámara de Representantes tiene en tratamiento un proyecto del diputado Oscar Alarcón que propone la creación de un “Banco de Alimentos”. La iniciativa del diputado que sigue ejerciendo la medicina en la zona norte y palpa todos los días las necesidades de los más humildes, parece haber encontrado el agujero del mate (VER NOTA). Asumiendo que el tema es muy controvertido pero tratando de encontrar una solución el diputado Alarcón parte de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la alimentación de las personas. Encuentra un camino intermedio al subrayar que la responsabilidad del Estado en el orden social es indelegable y en tal sentido propone que debe ser la autoridad de aplicación de la ley y del funcionamiento del Banco a crearse. Es el Banco el que deberá recibir las donaciones y distribuirlas, como asimismo manejar un registro de donantes. No delega la función en las organizaciones de la sociedad civil. Una ONG no puede asumir la responsabilidad civil o penal del donante.
Se aleja así de la desregulación que proponía Carrió pensando en las empresas y sus amigos de las ONGs más que en la gente, pero coincide con el objetivo de facilitar las donaciones de grandes hoteles y supermercados que hoy se inhiben porque quedan sujetos a la responsabilidad penal por eventuales efectos sobre la salud de la comida donada, como por ejemplo intoxicaciones. Aquí, por ejemplo en Posadas, California donaba sus excedentes al centro de recría El Puma, mientras gerentes del ex Sheraton de Iguazú sinceraban que “no saben qué hacer con los excedentes”.
Y a la vez, la propuesta de Alarcón no se queda atrapada en la letra fría de la ley, muralla con la que choca Stolbizer.
Lo que deja en claro Alarcón es el rol del Estado que debe controlar adecuadamente la donación de alimentos, a través de todos sus organismos descentralizados. Cuando las empresas donan alimentos, estos deben ser controlados por el Estado para garantizar que no se entregan alimentos vencidos o en mal estado.

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