El Estado misionero aborda desde distintos sectores la lucha por la igualdad de las mujeres y batalla contra la violencia que ejerce el sistema patriarcal contra estas y sus hijes. Los jóvenes están más reacios a vivir con violencia y denuncian más las situaciones. Pero en zonas rurales todavía hay casos que permanecen ocultas, por décadas, por cuestiones culturales y de aislamiento. “Las Casas Refugio tienen mucha demanda”, sostiene la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Myriam Duarte.

 

Domingo 13 de octubre de 2019. La Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad es el organismo que en Misiones presta resguardo a mujeres víctimas de violencia doméstica y a niñes que padecen ese flagelo dentro de sus hogares. La Casa Refugio de Posadas –y la otra de Eldorado- comenzaron a funcionar el año pasado y la demanda fue inmediata: ahí albergan y protegen con alojamiento, comida, atención médica y escolar, además de asesoramientos legales, a todes quienes deben recurrir a esa asistencia de parte del Estado.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), unas 137 mujeres mueren por día en situaciones de violencia por su condición de mujer: el 80 por ciento de ellas son asesinadas por sus parejas, ex parejas o familiares y esos causantes son los responsables de la primera causa de femicidios en el mundo..
Misiones, aunque sin estadísticas, también registra casos de manera permanente y no se aleja de lo que sucede en la región ni en el resto del planeta.
El acoso, la discriminación y la desigualdad de género son –siguen siendo- muy marcadas. Los derechos de las mujeres son precarios en el mundo, pese a los esfuerzos realizados en campañas y otras medidas que buscan mitigar el problema. La ONU también advirtió que llegó el momento “de reconocer que los homicidios relacionados con el género, la violencia doméstica, los asesinatos por honor o los asesinatos de personas gay, lesbianas o transgénero, también pueden equivaler a ejecuciones arbitrarias”. La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y los asesinatos producidos en el ámbito doméstico son una forma de ejecución arbitraria, según sostienen desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los Estados admiten, también, que la violencia doméstica es un problema que tiene que ver con la salud, con la ley, con la economía, con el desarrollo y, sobre todo, con los derechos humanos.

Desnaturalizar la violencia

La subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Myriam Duarte, entiende que hay una suerte de visibilización de una serie de problemáticas sociales que por años tuvieron el mote de “cuestiones culturales”, con las que disiente (pero asegura que serían modificables incluso si fueran culturales) y las califica como naturalización de la violencia: “se está visibilizando una problemática arraigada y escondida por generaciones en las familias; está empezando a emerger y genera mucha resistencia en grupos de más edad que vienen más adaptados a aceptar un nivel mayor de violencia en sus vidas, justificándola y muchas veces responsabilizando también a las víctimas”.
Para Duarte, la mayor preocupación es trabajar esos nexos familiares y conocer cómo se establecen y desarrollan en el tiempo esos nexos familiares, saber sobre qué bases están constituidos esos lazos. En ese sentido tienen propuestas de trabajo con acciones que desarrolla el Estado: “abordamos una cuestión casi experimental que tiene que ver con el trabajo con los agresores, para desnaturalizar en ellos las conductas aprendidas -que se pueden desaprender- y la cuestión reflexiva”.
Ejemplificó con una experiencia piloto que levan adelante en el penal de Eldorado con agresores que se sumaron de manera voluntaria a este trabajo “y que por primera vez pudieron poner en palabras el por qué y cómo lo vivieron. Pudimos entender que la mayoría no entiende por qué están detenidos ya que toda su vida vieron y vivieron ese nivel de violencia y lo tienen naturalizado”.
“Una pena privativa de libertar donde no se comprende qué ocasiona esa situación, no tiene ningún sentido. Para nosotros fue determinante el femicidio del año pasado de Aristóbulo del Valle, donde el agresor estuvo detenido, pasó por todas las instancias del Estado (denuncia, investigación, detención en un penal) y el día que salió, mató a la mujer. Por eso las medidas represivas o restrictivas no son suficientes. Hay muchas otras y afortunadamente hay experiencias en ese sentido en el mundo. Proponemos para dentro del sistema penitenciario, una política penitenciaria en ese sentido que venimos trabajando con la directora general del Servicio Penitenciario (Nilda Estela Correa) para abocarnos específicamente”, explicó Myriam Duarte.
La violencia contra la mujer es transversal a todas las edades, las condiciones sociales y las regiones: en un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria en 39 países de cinco regiones, el 82 por ciento de las parlamentarias encuestadas declaró haber experimentado alguna forma de violencia psicológica (comentarios, gestos e imágenes de carácter sexista o de naturaleza sexual degradante usados contra ellas, amenazas o acoso laboral) durante su mandato.
Casi la mitad de las encuestadas (el 44 por ciento) afirmó haber recibido amenazas de muerte, violación, agresión o secuestro contra ellas o sus familias. El 65 por ciento fue objeto de comentarios sexistas, procedentes principalmente de colegas masculinos en el parlamento, tanto de los partidos de la oposición como de los suyos propios, según indican estudios avalados por la ONU.

-¿Qué servicios presta la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad?
-Esta subsecretaría fue creada como una instancia de participación del ciudadano para acercarse a una instancia administrativa frente a algunas problemáticas que surgían. Primero fue el Centro de Participación Comunitaria, donde se realizan denuncias administrativas hacia funcionarios, organismos públicos y empresas de servicios públicos que no cumplen su función adecuadamente. Es una instancia administrativa que busca mediar ante esa situación. Después, el Centro de Mediación Comunitaria que lo estamos reformulando con la Asociación Misionera de Mediación para trabajar en las herramientas de mediación comunitaria dentro de los foros de seguridad, organizaciones barriales y municipios, que alcanza a la resolución alternativa de conflictos que no implique la instancia de ingreso al sistema judicial, que por su complejidad no siempre resuelve problemas, sobre todo aquellos casos que no ameritan la intervención judicial y que podrían tener una resolución alternativa, como trabajar los conflictos entre vecinos en una instancia administrativa. Tenemos el Registro Provincial de ONGs, creado por ley, que mantiene el vínculo entre el Estado y las organizaciones sociales en cuanto a capacitaciones u obtención de recursos. Si bien la ley no establece obligatoriedad, el Registro es necesario para todo tipo de apoyo económico que requieran del Estado provincial. También desarrollamos la pensión graciable para víctimas menores de edad de delitos contra la integridad sexual: es una ley de Misiones que da apoyo económico (el 70 por ciento de un salario mínimo vital y móvil) para familias afectadas por situaciones de este tipo, con la idea de no restringir o limitar la denuncia si el agresor es el sostén del hogar, por un lado, y para garantizar que ese menor y esa familia tengan la contención psicológica para sortear estas situaciones traumáticas. En los últimos años se incorporó la Línea 137 (programa creado en Buenos Aires con vigencia en cuatro distritos del país, uno es Misiones). En nuestro es el único con políticas provinciales de acompañamiento y no está centralizado en la capital. Es un servicio de asistencia y contención telefónica y ante una situación crítica, tiene una brigada de intervención que actúa ante la emergencia, en Posadas, Oberá y Eldorado, pero recibimos llamadas de toda la provincia donde se articula con las comisarías de las zonas. Y hace dos o tres años tenemos la ley de Casas Refugio para Víctimas de Violencia que empezó a funcionar este año con una fuerte y permanente demanda y con un excelente funcionamiento.

-¿Cómo cuantificamos la violencia en la sociedad? ¿Por casos, por porcentajes?
-Lo que vamos haciendo es una suerte de tipología de los casos que recibimos y eso nos da una forma de trabajo que consensuamos con el Poder Judicial y con Familia y Género de la Policía de Misiones, y establecemos una suerte de protocolo de trabajo por tipología. En el caso de la Línea 137 no elaboramos estadísticas. Ahora, por el observatorio de violencias –una iniciativa extraordinaria y necesaria- donde los Estados estamos obligados a tener estadísticas con respecto a violencia (que no hay iniciativas que provengan del Estado en Latinoamérica). En la mayoría de los casos las estadísticas provienen de las organizaciones sociales que trabajan estas temáticas. De hecho, en Argentina se empezó a abordar a partir de los datos de la ONG Casa del Encuentro que trabaja en función de los casos mediatizados (muchos casos no están mediatizados). Ahora el Observatorio recopilará de manera sistemática, de manera mensual, toda la info que ingresa por distintas vías. La Línea 137 no implica denuncia y muchas veces implica consultas sin denuncias. Pero entran denuncias por la policía, los juzgados de paz, de instrucción. Muchas fuentes. Las llamadas a las 137 no son representativas de ese universo, y por eso será tan importante lo que pueda aportar el Observatorio, que nos permitirá tener un mapa más claro de la situación en la que estamos.

-Aunque no hay estadísticas, con importantes, muchos, los casos de violencia en Misiones?
-Los índices de violencia de Misiones siguen siendo muy altos. Los que venimos trabajando estos temas hace mucho sabemos que hasta hace poco, muchos casos con carátula de accidentes domésticos o suicidios en realidad eran situaciones de altísima violencia que resultaron en femicidios que no quedaron registrados. Teniendo en cuenta la multiplicidad de políticas públicas que se lleva adelante desde el Estado misionero, creemos que habría que trabajar sobre esto otros conceptos en otras provincias: descreo de esos datos porque ninguna provincia lleva estadísticas y muchos casos quedan desdibujados frente a estas carátulas. Misiones desarrolló muchas herramientas que permiten visibilizar situaciones que existían desde hace mucho y que blanquean casos: lo que pareció un suicidio de una mujer, supimos a los pocos días que era víctima de femicidio. Sigue pasando en país y en América Latina. Avanzamos pero falta mucho. Trabajamos con interacción con salud, para determinar las lesiones para no quedarnos en el “me caí”. Y con herramientas del Poder Judicial: muchos juzgados están sobrecargados de trabajo y si nos manejamos solo por número de expedientes no sabemos cuál requiere un tratamiento más urgente. Tenemos en Posadas un Juzgado de Violencia que no hay en otros puntos de Misiones: recibe la denuncia y hace la derivación en los casos que corresponda a denuncias penales o casos de familia. Muchas veces las victimas deben esperar mucho tiempo para que resuelvan sus casos.

-Sin estigmatizar, ¿Podemos hablar de zonas más violentas?
-Por densidad, la capital y el gran Posadas es la que más casos registra, pero tiene que ver con la cantidad de población. Pero a nosotros también nos preocupa la zona de gran dispersión rural como San Vicente, san Pedro, Pozo Azul, Comandante Andresito o San Antonio, donde la dispersión rural es enorme y los municipios son muy grandes y en muchos casos es imposible llegar a la situación de denuncias. Muchas de esas mujeres pasan a veces hasta 50 años para poder contar lo que vivieron, cuando pueden salir de esos lugares. Además, hablar de un lugar más violento sí sería estigmatizar. Teniendo en cuenta que el daño que producen las drogas por ejemplo, también está presente en toda la provincia e incluso en las chacras. No me parece correcto hablar de zonas, pero donde hay más población hay más denuncias. Puede haber muchos casos que no nos llegan.

-¿Qué fue lo que más le llamó la atención respecto a estos temas?
-Apenas entré a la Legislatura –Duarte fue diputada provincial- lo primero que vi cuando comencé a reunirme con funcionarios era la gran dispersión de organismos en distintas áreas y con poca o nula comunicación entre ellas. Propuse entonces el armado del Foro de Políticas Públicas para que se reunieran a trabajar juntas todas estas áreas del Estado que hacían su mejor esfuerzo, pero de manera inconexa. Cuando tuve esta oportunidad de estar en este lugar, que es clave para trabajar la emergencia en violencia, tuve la oportunidad también de conocer y trabajar de manera directa con otras áreas: desconocía la existencia del Gabinete Psicopedagógico disciplinario del Consejo de Educación, con el que desde el primer momento trabajamos intensamente, llevamos adelante nuevos protocolos para elevar denuncias y proteger a los docentes en lugares donde están trabajando y el nivel de articulación que pudimos tener con la Policía, el área de acceso a la Justicia del Poder judicial, nos permitió dinamizar mucho. Se trata de una mirada sistémica: ver el problema con todas las áreas que deberían intervenir. Pudimos trabajar. Me sorprendió gratamente que encuentro en esos organismos a personas con mucho compromiso y dedicación, y con perfil muy bajo. Nos podemos colaborar mutuamente y mejorar los niveles de rendimientos.

-¿Qué papel juega la mujer dentro del hogar, en estas situaciones de violencia?
-Básicamente el papel que le fue asignado por el patriarcado. El concepto patriarcal habla de una línea patriarcal, signada por el varón donde el varón es el que conduce, el que decide, y esto implica que la mujer permanezca en la vida privada y el varón sea el proveedor y por lo tanto, el que tiene que salir y hacer la vida pública, social y económica. A medida que esto ocurre, la mujer replica esa organización social dentro de su hogar, con sus hijos y sus hijas. Es parte de los estudios internacionales que con el avance de la tecnología y la simplificación del trabajo hogareño fue cambiando, porque parecía que las mujeres debíamos ser más felices con un lavarropas automático o un horno eléctrico. Los niveles de depresión eran cada vez mayores. Los seres humanos somos seres humanos en igualdad de condiciones; nacemos iguales en igualdad de derechos y en muchos casos no se cumplen porque en las familias, las mujeres están asignadas a los roles de cuidado y de crianza. La crianza no es compartida todavía y eso es uno de los déficit que tenemos. Debe ser compartida. El mismo nivel de la crianza y la formación física e intelectual es responsabilidad de ambos. Parece que la crianza es responsabilidad de las mujeres y la sanción es de los hombres. Y eso replica exactamente lo que es el sistema patriarcal que ocurre todos los días: es una de las cosas más urgentes a desnaturalizar. Las mujeres podemos hacer todos los roles que hacen los hombres y los hombres no pueden hacer algunos roles que hacemos las mujeres, como procrear y amamantar. Pero tiene que haber acuerdos internos en la crianza porque después pasa que la responsable es la madre y si, porque el padre no estuvo. O no sume el rol de cuidado, y esto hay que desnaturalizar. Sobre todo desnaturalizar eso de que si un varón cambia los pañales o le da la mamadera, está ayudando: no ayuda sino está criando su hijo, cumpliendo su papel. Pero esto hay que trabajarlo desde temprana edad, incluso con el sistema educativo. Dimos un taller donde trabajamos los juegos y juguetes para niños y para niñas y nos encontramos con que hay juguetes de cocineras o de coquetas para ellas y juguetes de constructores para ellos. Las herramientas de trabajo para el varón y la casa y la belleza, para la niña. Este tipo de cosas hace mucho daño en la crianza, porque naturalizan roles que no son naturales y ellas crecen asumiendo un rol que después las expone a situaciones de violencia.

-¿Cómo inciden las situaciones de violencia según la edad?
-La violencia está instalada desde la adolescencia, con la particularidad que también piden ayuda mucho más temprano. Hablan, escuchan, discuten y están más permeables a pedir ayuda. Las chicas jóvenes piden ayuda y eso ayuda a intervenir antes que haya situaciones de mucha violencia. Es mucho más difícil trabajarlo en edades más avanzadas porque está más naturalizado el machismo y el sistema patriarcal. Veo la inseguridad del varón ante el cambio de rol de la mujer cuando ella cambia su manera de pensar y de manejarse en el mundo, su manera de vestir o empieza a tomar decisiones sobre su vida, a tener amigas, a salir. Ahí el varón de más edad siente desestabilizado su mundo y siente que pierde el control sobre el mundo que siempre manejó y esto hace que la violencia aumente. Es más difícil trabajar con varones más grandes que con los jóvenes. Y ellos, los más jóvenes, piden ayuda cuando sufren situaciones ellos mismos o ven situaciones de violencia dentro de sus casas, lo que evidencia que los jóvenes están concientizados y decididos a no vivir en un mundo violento.

-¿Cómo trabajan con las víctimas en las Casas Refugio?
-Con respeto y cuidado de las víctimas. Hay muchas cosas que hacemos y que no se pueden mostrar; me parece importante que en una etapa delimitaciones y carencias, tuvimos total apoyo para avanzar en la mejoría de las políticas que implementamos. Como el apoyo de tener un lugar agradable acá mismo, en las oficinas (calle Ayacucho 1670 de Posadas). De acá no sale nadie sin una respuesta. A nadie se le responde “acá no es”. Salen con respuestas y articulación con el organismo que corresponda. Al ingresar tuvimos la necesidad de contar con equipos específicos para un uso intensivo. Recibimos el aporte para comprar esos equipos. Pusimos en marcha las Casas Refugios –dos en Misiones- que trabajan en forma impecable y lo quiero destacar porque hablamos de la priorización del destino de los fondos públicos que, puedo decirlo, recibo respuestas y eso marca una línea de trabajo del Estado que hay que reconocer. No podemos mostrar cómo se trabaja en la Casa Refugio porque protegemos a las víctimas, pero la verdad es que tenemos una institución de primera categoría, con todos los servicios cubiertos como ordena la ley, con tratamiento psicológico, médico, educativo, con alimentación y vestimenta y todo lo que corresponda para niños alojados ahí. En primer lugar es importante la respuesta porque era una problemática al tope de la agenda del movimiento de mujeres, que reclamaban los refugios y en este momento damos respuestas en el día a las mujeres que están en esa situación. Esto no sería posible, insisto, sin el aporte y la decisión política de priorizar estos servicios.